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    Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los DDHH

    Bachelet enviará a Chile misión para examinar denuncias de violaciones de DDHH en protestas

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    América Latina
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    Violentas protestas se apoderan de Chile (185)
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    SANTIAGO (Sputnik) — La alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, confirmó que enviará una misión a Chile para investigar las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos que se habría cometido en las protestas masivas en ese país en los últimos días.

    "Tras monitorear la crisis desde el comienzo, he decidido enviar una misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Chile, parlamentarios y el Gobierno han expresado su interés en recibir una misión de las Naciones Unidas", informó Bachelet a través de su cuenta de Twitter.

    El anuncio de Bachelet fue hecho luego de que el canciller chileno, Teodoro Rivera, realizara una conferencia de prensa informando que el presidente Sebastián Piñera se comunicó con la oficina de la alta comisionada para "invitarla a que traiga a Chile personas que puedan constatar en terreno las labores que se realizan para el resguardo de los derechos fundamentales".

    "Es importante que las personas tengan acceso a todo lo necesario, plena transparencia, porque eso hace bien a la democracia y a los derechos fundamentales", dijo Rivera.

    Además, anunció que la invitación también se extenderá a José Luis Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.

    Son 30 años

    Las movilizaciones comenzaron el 14 de este mes en Chile debido a un alza de 30 pesos (menos de un dólar) en el precio del pasaje del Metro de Santiago, donde cientos de estudiantes y trabajadores saltaban por encima de los torniquetes de pago del tren subterráneo en las llamadas "evasiones masivas".

    El 19 de este mes, el presidente Sebastián Piñera cedió y anunció que el pasaje no subiría de precio, pero con su anuncio las protestas no amainaron y, al contrario, tomaron un cariz mucho más intenso, que incluyó incendios y destrucción de varias estaciones del Metro, y decenas de manifestaciones en diversos lugares del Chile con marchas y "cacerolazos" (salir a la calle en masa a golpear una cacerola).

    Ese fin de semana surgió la consigna "no son 30 pesos, son 30 años", evidenciando que la gente se estaba manifestando ya no por el pasaje del Metro, sino por temas más de fondo, por injusticias que se arrastran hace 30 años desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y que, según muchos chilenos, se han ido profundizando también en democracia.

    ​A pesar de que lo novedoso de estas movilizaciones es que no tienen un listado taxativo de exigencias, ni dirigentes ni organizaciones que la lideren, en la calle se pueden escuchar algunas de las principales demandas de la ciudadanía.

    Piden el fin al sistema de pensiones de vejez, administrado por empresas privadas llamadas AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), la rebaja de la jornada laboral que actualmente es de las más largas de la región, que se elimine el sistema de financiamiento bancario de las universidades, que deja a los estudiantes endeudados por décadas,  protestan contra el alto precio de los medicamentos, entre otras.

    La primera respuesta del presidente Piñera ante las manifestaciones que se extendían fue decretar tres medidas represivas: la Ley de Seguridad del Estado, para acelerar los juicios contra los manifestantes, el Estado de Emergencia en casi todas las urbes importantes del país y toques de queda para impedir que la gente salga de sus hogares, medidas que aún no han sido levantadas.

    ​El Estado de Emergencia es la medida que faculta al Gobierno a desplegar al Ejército y a las Fuerzas Armadas en las calles, cuya presencia ha generado rechazo y una serie de denuncias por violaciones a los derechos humanos.

    El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile ha recibido una serie de denuncias sobre torturas, abusos de poder, golpes, y detenciones de parte de las Fuerzas Armadas en contra de civiles.

    Además reveló una denuncia de la existencia de un posible centro de torturas clandestino en la estación subterránea de Metro Baquedano en el centro de la capital, cuyos antecedentes ya fueron entregados a la Fiscalía para su investigación.

    En total han fallecido 18 personas en el contexto de las protestas, según cifras del Gobierno, cinco de ellas provocadas por efectivos de las Fuerzas Armadas.

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