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    Rafael Correa, expresidente de Ecuador

    Abogado de expresidente ecuatoriano Correa denuncia implantación de pruebas

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    MONTEVIDEO (Sputnik) — El caso por sobornos contra el expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) y otros exfuncionarios está lleno de nulidades porque se implantaron pruebas falsas, dijo a Sputnik el abogado defensor Fausto Jarrín.

    "En esta causa se han creado pruebas que no existen; la exasesora de la Presidencia durante el Gobierno de Correa, Pamela Martínez, para poder acogerse a la cooperación eficaz, incorporó en el proceso un cuaderno de su puño y letra que tiene muchísimas contradicciones y que la propia Fiscalía utilizó sin examinar con detenimiento", dijo a Jarrín, quien es abogado de Correa.

    El viernes 18 se instaló por segundo día consecutivo la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Sobornos 2012-2016, en el que se investigan presuntos aportes irregulares a las campañas electorales de Alianza País, partido al que pertenecía Correa.

    En agosto Martínez dijo, durante una audiencia, que recibió y entregó dinero en efectivo de parte de empresas que aportaron recursos para Alianza País; también sostuvo que Correa tenía conocimiento de esta situación, informó el diario El Universo.

    En mayo de 2019, la policía encontró un cuaderno de Martínez durante un allanamiento a su casa que, según las autoridades, podría demostrar una supuesta trama de corrupción ocurrida durante el Gobierno anterior.

    Jarrín dijo que el cuaderno escrito por Martínez está redactado en tiempo presente y que presenta algunas contradicciones.

    "La Fiscalía encarceló e inició un procesamiento penal; sin embargo, hace un mes Martínez reconoció que el cuaderno fue escrito hacia finales del 2018, por lo que la posibilidad de que exista un fraude procesal es una opción latente y bastante real dentro de este proceso", agregó.

    Las anotaciones de ese cuaderno en tiempo presente se refieren a hechos ocurridos entre 2012-2016; sin embargo, en agosto Martínez reconoció que lo escribió en 2018 en un "impulso inevitable", según Jarrín.

    Es "difícil" creer que alguien pueda recordar las cifras exactas de algo que pasó hace dos años, objetó el abogado.

    "La primera libreta la escribió mientras iba en un avión de Quito a Guayaquil, mientras que otra parte fue escrita en el departamento que tenía en la capital. Comenzó a redactar la información que se acordaba. Señaló que escondió una libreta detrás de la chimenea del departamento en Quito, debido a que no tenía caja fuerte", reportó el diario El Universo.

    Jarrín dijo que va a presentar una denuncia por fraude procesal contra Martínez por haber facilitado elementos que fueron "obtenidos de forma fraudulenta".

    "No te podría decir hasta dónde ha penetrado en los estamentos del Estado esta intencionalidad de crear pruebas fraudulentas porque me arriesgo a adelantar un criterio que no lo conozco", agregó.

    Competencia del juez

    Correa y los otros exfuncionarios acusados presentaron una demanda de recusación que pone en entredicho la competencia del juez a cargo del caso y pide que otro magistrado asuma el proceso.

    Jarrín afirmó que el pedido de otro juez está suspendido por orden directa de la Gestión Procesal del Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo de la función judicial.

    "Estamos reclamando que la recusación no fue tramitada como corresponde; se supone que en Ecuador uno presenta una demanda y se le indica inmediatamente al ciudadano quién será el juez que se encargue, por tanto ha sido un proceso absolutamente irregular", agregó.

    Consideró que el Consejo de la Judicatura está "manipulando" las circunstancias y está evitando una suspensión temporal de la jueza a cargo del caso.

    "Incluso la jueza reconoció tener conocimiento de las demandas pero aun así decidió continuar con una audiencia que podría verse viciada de nulidades", dijo el abogado.

    En su opinión, "la audiencia se ha realizado dentro de un esquema de monólogo, este proceso está plagado de nulidades y esperamos realmente que la jueza dé garantías penales y actúe en base a la ley, declarando la nulidad de este proceso porque atenta contra normas de la propia Constitución".

    Una nulidad "abrumadora" es que este proceso penal nace con la publicación de una noticia que luego es denunciada por un policía, según Jarrín.

    La legislación ecuatoriana establece con "claridad" que es el Consejo Nacional Electoral el que en caso de considerar necesario, tiene que solicitar el inicio de un proceso, explicó Jarrín.

    "Ninguna de esas características se han cumplido; la Fiscalía ha actuado directamente sin ninguna orden del Consejo Nacional Electoral y por lo tanto, al no haber respetado la normativa, todo lo demás debió haber sido declarado nulo y la jueza jamás debió permitir que este proceso avance", agregó.

    Además, el Código Orgánico del Proceso establece que ninguna instrucción fiscal penal puede durar más de 120 días, cuando los acusados están enfrentado un juicio que ya lleva 144 días, sostuvo Jarrín.

    "Hay una generación permanente de un estado de indefensión no solamente contra mi defendido, Rafael Correa, sino que prácticamente contra 23 de los 26 procesados de esta causa", expresó.

    Correa tiene varios procesos judiciales pendientes en su país, incluida una acusación de ordenar el secuestro de un opositor en la capital colombiana, que ameritó un pedido de prisión preventiva.

    El expresidente ha negado reiteradamente esas acusaciones y ha considerado que son parte de una persecución política en su contra para eliminarlo del mapa electoral.

    En agosto, Correa dijo a Sputnik desde Bélgica que los juicios que enfrenta en su país son para evitar que participe en las elecciones de 2021 en las que piensa presentarse como candidato a vicepresidente o a asambleísta.

    Etiquetas:
    justicia, Ecuador, Rafael Correa
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