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    La Policía uruguaya sobre nuevo código penal: "se rompió todo"

    © AFP 2019 / Mario Goldman
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    Rafael Rey
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    MONTEVIDEO (Sputnik) — El Código del Proceso Penal (CPP) que está vigente en Uruguay desde el 1 de noviembre de 2017 trastocó la estrategia de la policía y fue un incentivo para el aumento del delito, dijo a Sputnik el director de la Policía Nacional, Mario Layera.

    "Con esto del código se rompió todo", dijo el comisario general, quien añadió que "la conducta que adoptaron los criminales a partir del CPP" quebró la planificación de la Policía para el combate al delito.

    Esta nueva actitud de quienes cometen delitos explica el récord histórico de homicidios y rapiñas en Uruguay, agregó Layera.

    Datos oficiales del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior indican que en 2018 se cometieron en Uruguay 414 homicidios, lo que supone un aumento de 45,8% respecto de 2017.

    Las denuncias de rapiñas, en tanto, fueron 29.904 en todo el país durante 2018, un incremento de 53,8% respecto al año anterior.

    "¿Entonces quiere decir que la aplicación del nuevo CPP es la culpable de que aumenten los delitos? No. La culpabilidad siempre la va a tener el que comete la conducta. Lo que yo tengo que interpretar es por qué se comete [el delito], por qué se reitera la conducta, por qué crece, qué es lo que piensa el individuo que está haciendo eso. Y es porque reaccionó a un estímulo", explicó Layera.

    La aprobación del CPP "evidentemente fue un estímulo" para que personas que nunca habían delinquido lo hicieran por primera vez, o para que personas con antecedentes volvieran a delinquir, amparadas en algunos aspectos de la normativa, en especial la sustitución o la reducción de la pena.

    "Dentro de lo que es la disuasión del delito, la administración de justicia juega un papel importante. Si sé que cometo un delito, pero la pena a mí no me afecta, lo cometo. Si cometo un delito y sé que voy 30 años a la cárcel, capaz que no. O por lo menos lo pienso. También si pienso que para probar este delito se exige esto, esto y esto, y entonces va a ser muy difícil que lo prueben, lo hago", dijo el comisario.

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    Layera afirmó que entre 2015 y 2017 las denuncias por rapiñas mostraban una tendencia descendente, pero que a partir del 1 de noviembre de 2017 estas se incrementaron considerablemente.

    Las cifras del Observatorio muestran que en los 12 meses previos a la entrada en vigencia del CPP se denunciaron en promedio, mensualmente, 1.266 rapiñas.

    En el año siguiente a la implementación del nuevo código, el promedio mensual de denuncias de rapiñas fue de 1.887, un incremento de 49%.

    "Encontramos dos factores que se alteraron: por un lado, el escenario se alteró con una nueva administración de justicia, un nuevo procedimiento penal; el otro cambio es la conducta criminal. La Policía no cambió, las víctimas no cambiaron", aseguró.

    Layera apuntó que "no es que sea tan difícil de entender esa situación. Ahora, si vamos al estudio profundo de todos los indicadores, yo no le puedo decir: "la culpa es del nuevo CPP", [aunque] muchos lo quieren hacer aparecer como eso", agregó.

    El comisario reconoció que la Policía preveía un incremento del delito una vez entrara en vigencia el nuevo código, pero no esperaba un aumento tan importante.

    Dijo además que "hay que ser reales y justos" y que "quizás" si lo hubieran previsto podrían haber advertido a las autoridades.

    "Pero no íbamos a tener ningún elemento material para decirlo. ¿Cómo le digo a una autoridad: "no aprueben esta ley"?", cuestionó.

    Ajustes de cuentas

    El director de la Policía Nacional explicó, por otra parte, las diferencias entre las cifras del Observatorio y las policiales respecto de los homicidios por "ajustes de cuenta".

    Según el Observatorio, 47% de los homicidios fueron atribuibles a "conflictos entre grupos criminales", mientras que Layera sostiene que esa proporción llega a 60% del total de asesinatos.

    "El que informa las cifras oficiales es el Observatorio, que tiene en su metodología, indicadores objetivos y materiales para clasificar los delitos. Nosotros vamos más allá, principalmente en los homicidios. Vamos a hablar con los oficiales de caso, con los investigadores. Y no siempre existen los indicadores que el Observatorio pide para clasificar, no se tiene demasiada información material. Pero desde el punto de vista policial se formula una hipótesis de cada homicidio, por menos información que haya", explicó.

    Según el jerarca, del 15% de homicidios que el Observatorio cataloga como "sin determinar", 13% corresponden a ajustes de cuentas, desde la óptica policial.

    "Para nosotros es 60% por esos elementos. No podemos discutir eso académicamente. Hay mucha más información. Hay homicidios donde hay testigos protegidos y nosotros no podemos decirle al Observatorio: "en este homicidio hay un testigo que está diciendo esto". Son detalles que no se pueden discutir desde el punto de vista estadístico", explicó.

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    No obstante, Layera aseguró que "las cifras del Observatorio son las que representan a Uruguay".

    Un informe del Observatorio Justicia y Legislación de la Facultad de Derecho de Uruguay sobre el funcionamiento del CPP sostiene que casi tres de cada cuatro defensores entrevistados discrepan de la afirmación de que con la nueva normativa se esté dejando en libertad a personas que deberían recibir prisión preventiva.

    La tasa de homicidios de Uruguay fue en 2018 de 11,8 cada 100.000 habitantes.

    Datos del Monitor de Homicidios del instituto Igarapé de Brasil muestran que Argentina tiene una tasa de seis homicidios cada 100.000 habitantes (datos de 2016); Chile de 3,5 homicidios cada 100.000 habitantes (2017) y Perú de 7,8 homicidios cada 100.000 habitantes.

    Brasil, uno de los países más violentos de América del Sur, tiene una tasa de 30,8 homicidios cada 100.000 habitantes, según cifras de 2017 del Foro Brasileño de Seguridad Pública.

    El promedio de América del Sur es de 14,5 homicidios cada 100.000 habitantes.

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