El máximo tribunal "admitió a trámite los recursos de reclamación" presentados, por separado, por la Consejería Jurídica de la presidencia y por senadores, contra la suspensión de la recién aprobada ley de salarios austeros, que prohíbe a todo funcionario público ganar más que el presidente, quien a la vez recortó 40% su sueldo a unos 5.000 dólares.
La Cámara de Senadores carece de facultades para exigir al máximo tribunal que acelere el análisis de las querellas, sin embargo, la Suprema Corte planteó que "si alguno de los ministros considera necesario sesionar de forma extraordinaria", durante el periodo de receso de fin de año que comenzará el 15 de diciembre, presente una solicitud antes de esa fecha.
La controversia entre poderes ocurre en medio de reclamos de cientos de jueces y magistrados que realizaron una inédita protesta en las sedes del poder judicial en todo el país contra el discurso del nuevo mandatario, quien denuncia para promover su política de austeridad los sueldos de hasta unos 30.000 dólares de los magistrados.
Radio: México: trabajadores piden aumento salarial
Los jueces desmintieron el lunes 10 esos montos y denunciaron que López Obrador "señala que vivimos del abuso del erario, señalando cantidades excesivas que ponen en riesgo la seguridad de los jueces y de sus familias".
La suspensión de la ley no impide a los legisladores subir o bajar los sueldos en el presupuesto federal 2019, pero les prohíbe utilizar los criterios de la ley impulsada por el mandatario y por la bancada de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda).
Los jueces presentaron por su parte decenas de demandas judiciales en las que denuncian que las autoridades del nuevo Gobierno "esconden su verdadera intención: debilitar el sistema de pesos y contrapesos de nuestra democracia" y vulnerar así el Estado de derecho.
La presidencia respondió presentando la mencionada demanda judicial, que fue recibida este 13 de diciembre por la Corte Suprema, en la que argumenta que un artículo de la Constitución mexicana "expresamente indica que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no da lugar a la suspensión de la norma cuestionada".
En respuesta a ese señalamiento esgrime que esa interpretación "desatiende los requisitos procedimentales expresos que establece la propia Ley", que fue votada por los congresistas del oficialismo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, estatal) también promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema en contra de la misma ley de salarios.
