"No hay ningún argumento jurídico que nos pueda hacer pensar que van a condenar a Imelda, su acción penalmente no es reprochable, podríamos llamarle falta de acción", dijo Baulenas, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que integra su equipo jurídico.
El comienzo del juicio de Cortez Palacios, inicialmente previsto para el 12 de noviembre, fue pospuesto para el 17 de diciembre.
"Lamentablemente, los precedentes de este tipo de caso no han sido muy positivos, pero jurídicamente es una aberración", añadió el abogado.
"Si escondió el embarazo es porque estaba siendo amenazada por su padrastro [actualmente preso por violarla], y en su familia nadie la ayudaba", observó.
El abogado comentó que "desde un punto de vista jurídico el aplazamiento del juicio no tiene ninguna repercusión inmediata, no vincula que el caso sea más o menos fuerte, es un tema puramente formal; como no compareció la fiscal el juicio se tuvo que reprogramar, no tiene ningún perjuicio en cuanto al fondo de la pretensión", dijo Baulenas.
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Sin embargo, el aplazamiento implica que Imelda deba permanecer un mes más en prisión "esperando que se resuelva su situación jurídica por una estrategia aparentemente dilatoria de la fiscalía", señaló el integrante del equipo legal.
Cortez Palacios soportó las violaciones sexuales de su padrastro desde los 12 años, y a los 18 años quedó embarazada y parió a una bebé en una letrina de su casa.
"Este caso, junto a otros que rondan los 25, se difunde como uno que tiene que ver con el aborto, cuando Imelda lo que tuvo fue un parto extrahospitalario; su embarazo estaba a término y casi llegaba a las 38 semanas", explicó días atrás a esta agencia la subdirectora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Marcela Martino, que acompaña el proceso.
La joven se encuentra desde abril de 2017 en prisión preventiva en el Centro Penal de San Miguel, sin que se hubiera considerado su condición de víctima ni su presunción de inocencia, tras haber estado un mes internada luego de parir.
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Según Baulenas, la prisión preventiva es un problema generalizado en El Salvador, dado que si bien debería ser una medida excepcional es utilizada como regla general.
La ley salvadoreña establece que a aquellas personas acusadas de homicidio agravado, incluso en grado de tentativa, no se les puede dar otra medida cautelar que no sea la detención provisional, así que podría parecer que los jueces "lo que están haciendo es aplicar la ley", explicó el abogado.
El abogado criticó asimismo que la fiscalía investigue este caso y el de las reiteradas violaciones del contra Cortez Palacios como procesos "separados, autónomos; y por tanto de una forma irracional y con poca lógica jurídica se mantiene la detención".
"Lamentablemente, muchas veces las decisiones que se toman no son jurídicas, sino que son decisiones ideológicas, religiosas, y por lo tanto hacemos juicios de valor cuando lo único que tendríamos que hacer son juicios jurídicos", criticó Baulenas.
El abogado señaló asimismo que a menudo en los procesos judiciales se percibe que hay "imputados de clase A y de clase B; y si encima eres pobre y clase B y además si se está siendo acusado por un delito reprochable, la ley se aplica con toda su dureza", dijo.
Con todo, la defensa de la joven se muestra optimista alegando que jurídicamente el caso es sólido.
Se espera que los jueces lo resuelvan desde un punto de vista técnico-jurídico,
De tal forma la fiscalía no conseguiría "desvirtuar la presunción de inocencia e Imelda va a salir absuelta", indicó Baulenas.
El Salvador es uno de los cinco países del mundo en los que rige una prohibición absoluta del aborto junto a República Dominicana, Nicaragua, Malta y el Vaticano.
