"Imelda tiene 20 años, tenía 19 cuando fue detenida, desde los 12 años fue violada por su padrastro de forma reiterada, y cuando tenía 18, producto de esas violaciones, quedó embarazada", detalló Marcela Martino, subdirectora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que acompaña el proceso.
"Este caso, junto a otros que rondan los 25, se difunde como uno que tiene que ver con el aborto, cuando Imelda lo que tuvo fue un parto extrahospitalario, su embarazo estaba a término y casi llegaba a las 38 semanas", explicó Martino.
Alejandra Romero, una de las abogadas defensoras de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, explicó a Sputnik que Cortez Palacios fue detenida por un supuesto aborto, pero cuando la fiscalía presentó el requerimiento, cambió la tipificación y pasó a homicidio especialmente agravado en grado de tentativa.
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El 17 de abril de 2017, Cortez Palacios fue a la letrina, sintió terribles dolores y notó que expulsaba algo, gritó llamando a su madre y perdió el conocimiento en medio de una abundante hemorragia.
Fue trasladada al hospital "en una condición de salud muy grave, situación de la que los vecinos fueron testigos, y estuvo internada un mes", relató Martino.
"Ya en la clínica, cuando es entrevistada por una médica, dice que piensa que la bebé puede haber caído en la letrina y que puede haber oído llantos; varios agentes van y botan una pared de la letrina y sacan a la niña", quien se encontraba en buen estado, agregó.
En abril del año pasado, y tras el mes de internación en el hospital, el Ministerio Público la encerró en el Centro Penal de San Miguel.
La joven vivía en la pobreza en una zona rural de El Salvador, Jiquilisco (suroeste), cursaba noveno grado y había empezado el bachillerato a distancia.
Padece una leve discapacidad cognitiva, según un peritaje psicológico varias veces pospuesto, explicó Romero, y llevaba seis años como víctima de violencia sexual sistemática, con un embarazo producto de ese abuso.
Luego de su detención, la justicia permitió que su bebé viviera 11 meses bajo el mismo techo que su padrastro hasta que le dictó a este prisión preventiva por un cargo de violación de menor o incapaz, agravada y continuada.
El 12 de noviembre comenzará el juicio en el que Cortez Palacios arriesga una pena máxima de 20 años de prisión.
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El año pasado se registraron 1.844 casos de niñas y adolescentes violentadas sexualmente, es decir cinco por día, según datos del Instituto de Medicina Legal citados por el medio local Diario Libre.
Además, el Ministerio de Salud reportó en 2017 un promedio de 55 embarazos diarios en adolescentes de 10 a 19 años, que resultaron en 22.241 partos.
Cortez Palacios nunca recibió apoyo psicológico, lo cual es ilegal, y se encuentra en prisión preventiva sin que la justicia considerara su condición de víctima.
Su padrastro, de 70 años, está recluido en la misma prisión y enfrenta un juicio paralelo por la violación, tras comprobarse con prueba de ADN su paternidad de la recién nacida.
Naturalización del abuso sexual
En la última audiencia previa al juicio, la procuradora general que representaba a la bebé "dijo que la violación no tenía nada que ver en el caso de Imelda, entonces teníamos una procuraduría que venía a naturalizar la violencia sexual", criticó Romero.
Martino asegura que tampoco se tomaron en cuenta otras circunstancias atenuantes, como su leve discapacidad, el temor a su agresor, o las propias convicciones de la joven que es católica.
Las abogadas de la Agrupación Ciudadana lograron incorporar como prueba documental la copia certificada del expediente del proceso contra el violador en el que Cortez Palacios tiene calidad de víctima.
La prisión preventiva dictada por el juez "fue carente de motivación y contraria a la presunción de inocencia y a múltiples estándares internacionales", criticó el CEJIL.
Las pruebas de la Fiscalía no demuestran que la joven haya actuado contra su hija, lo que se le recrimina es que no la haya auxiliado, "pero no podía hacerlo porque se estaba desangrando, llegó al hospital grave", dijo su abogada.
Relatos de madres criminales
Una de las irregularidades que el CEJIL reprocha a la Fiscalía es que nunca informó a la madre de Imelda Cortez Palacios que tenía derecho a no declarar contra su hija antes de interrogarla y de haber colocado su testimonio como el de una denunciante.
"Toda la construcción de este relato desde el Ministerio Público tiene una clara intención de criminalizar una emergencia obstétrica", señaló Martino.
En El Salvador, el abordaje público ante las mujeres que tienen emergencias obstétricas o partos fuera del hospital se hace desde una concepción de supuestos abortos, según Martino.
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La experta consideró llamativo "el ahínco" con el que el Ministerio Público persigue estos casos, en oposición a su desidia, por ejemplo, para perseguir las violaciones.
"La criminalización absoluta del aborto ha generado una visión de madres homicidas, una construcción social muy compleja donde la vida y la salud de las mujeres parece no ser del más mínimo interés del Estado", criticó.
Romero aseguró que la defensa va a juicio con ánimo muy positivo.
"Creemos que en la audiencia de vista pública, al poder desacreditar la prueba de la Fiscalía, el juez tiene que absolver a Imelda", sostuvo.
Para la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto es muy preocupante la situación de las otras 25 mujeres, condenadas "a través de prejuicios".
