"Pregunta la Jurisdicción Especial para la Paz [JEP, tribunal de paz] qué hemos hecho por la reincorporación política, económica y social de los guerrilleros y por la implementación en general de los Acuerdos de La Habana; nuestra respuesta es todo, todo lo que ha estado al alcance de nuestras manos", indica la misiva firmada, entre otros, por el exjefe negociador de paz de FARC Iván Márquez.
"Podemos asegurar que desde la firma misma del Acuerdo (…) hemos exigido día y noche sin cesar el cumplimiento de lo pactado de buena fe y sellado con la entrega de las armas rebeldes a la Primera Misión de Naciones Unidas", señala el comunicado.
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Los firmantes de la carta, entre quienes también se encuentra Henry Castellano, 'Romaña', también mencionaron que durante el proceso de negociación de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) presentaron alternativas para la recuperación de territorios en los que se realizan trabajos de minería ilegal y otras de generación de energía.
"Todo indica que los engorrosos trámites legales y burocráticos y el desgano del Estado dejaron pasar esta oportunidad de oro para el desarrollo de esa obligación", se lee en la misiva.
De otra parte, los firmantes consideran que el fiscal General de Colombia, Néstor Martínez, "ha actuado de muy mala fe contra la paz de Colombia", ya que, a su juicio, "se le ocurrió" con el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) realizar un "montaje" contra el líder de FARC Jesús Santrich para vincularlo con narcotráfico.
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Santrich, uno de los negociadores del acuerdo de paz, fue detenido el 9 de abril de este año en Bogotá por agentes de la Fiscalía de Colombia en cumplimiento de una orden de captura internacional con fines de extradición, a solicitud del Departamento de Justicia de EEUU.
"Ojalá Dios lo perdone [al fiscal Martínez] por sabotear la paz y por esa maldad dañina que destila su alma", dice la carta.
Por último, los firmantes convocaron al Gobierno para que cumpla con los compromisos pactados y establezca una línea de acción para que sea la JEP la que llame a los poderes del Estado para que rindan cuentas respecto de la implementación de los acuerdos.