"La ONU insta al Estado colombiano a reforzar las medidas de prevención, protección e investigación para garantizar el derecho a la vida y la integridad de las y los colombianos en todos los rincones del país", señaló el organismo en un comunicado.
Según el organismo, "los habitantes de las regiones más afectadas por el conflicto armado son quienes están vulnerables a las múltiples violaciones a sus derechos colectivos e individuales", principalmente en los departamentos de Antioquia (noroeste), Arauca, Norte de Santander (nordeste), Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Nariño (suroeste) y Córdoba (norte).
El asesinato más reciente de una líder social se produjo el pasado martes en la noche contra Ana María Cortés, en el municipio de Cáceres (Antioquia), quien se había desempeñado como como coordinadora de la campaña a la Presidencia del ahora excandidato de izquierda Gustavo Petro.
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Con la muerte de Cortés asciende a 29 el número de líderes sociales asesinados en Antioquia tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la ahora desmovilizada guerrilla de las FARC, en noviembre de 2016.
Según un informe presentado el pasado mayo por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), durante 2017 un total de 138 líderes sociales colombianos fueron asesinados, lo que significó un incremento de 20 por ciento con respecto a 2016, cuando se registraron 115 víctimas.
