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    QUITO (Sputnik) — El expresidente Rafael Correa desestimó las acusaciones en su contra presentadas por la Contraloría del Estado y también por el partido de oposición Unidad Popular, que señalan al exmandatario por irregularidades en la contratación de deuda y en la negociación de contratos petroleros con empresas chinas durante su mandato.

    "Pueden pedir medidas cautelares, que los marcianos vengan (…) que igual no tiene ninguna trascendencia", declaró el exjefe de Estado en una rueda de prensa al referirse a la petición que hizo UP para que la fiscalía impida su salida del país y lo obligue a dar su versión sobre la negociación con Petrochina.

    Según los denunciantes, en los contratos que firmó Ecuador con la empresa asiática durante la administración de Correa existió un perjuicio para el Estado por al menos 2.000 millones de dólares debido a la intermediación petrolera.

    Durante la denuncia, el director nacional de UP, Geovanny Atarihuana, indicó que solicitaron al fiscal que "realice un acto urgente para que el expresidente sea convocado a declarar por las denuncias petroleras".

    Para Correa eso solo demuestra "la decadencia en la que ha caído el país", pues la oposición solo intenta "crear escándalos" cuando habla de una aparente "corrupción", añadió.

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    Sobre la notificación de Contraloría para que el exmandatario aclare la pertinencia de un decreto ejecutivo con el que cambió la forma de calcular la deuda pública y con ello reducir el porcentaje de endeudamiento con relación al Producto Interno Bruto (PIB), Correa insistió en que lo que se busca es "hacer el show de que hay sobreendeudamiento" y que por ello "están cuestionado un decreto presidencial".

    En mañana del 8 de enero, el contralor del Estado, Pablo Celi, conformó una veeduría ciudadana que analizará bajo qué condiciones se produjo el endeudamiento público del país durante el Gobierno de Correa, que hasta el momento asciende oficialmente a 32.517 millones de dólares.

    En la administración del exjefe de Estado, al modificar la metodología de cálculo, se excluyó de la deuda los deberes del Gobierno con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el endeudamiento interno en certificados de tesorería, lo que redujo en 11 puntos porcentuales el ratio de la relación deuda/PIB.

    Hasta noviembre de 2017, la deuda consolidada ascendía a 32,2 por ciento del PIB, mientras que la agregada —que incluía todos los compromisos del país- llegó a 46,2 por ciento, una cifra que superaría el límite legal de 40 por ciento establecido en la Constitución.

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    Etiquetas:
    deuda pública, Rafael Correa, Ecuador
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