"Entiendo que el juicio político que debe hacerse en la Cámara de Diputados debe preceder al análisis jurídico por parte del Tribunal Supremo Federal", argumentó al expresar su voto el magistrado Edson Fachin, encargado de las investigaciones de la Operación Lava Jato en esta instancia judicial.
La Constitución brasileña establece que la Cámara de Diputados delibere primero sobre si concede autorización al Supremo para que analice la denuncia, y en caso de que esto ocurriera, Temer sería apartado temporalmente de su cargo durante seis meses, mientras es investigado y se celebra el juicio.
La principal divergencia entre los magistrados para autorizar o no la denuncia era la validez de las pruebas, puesto que buena parte de las pruebas que sirvieron para que la Procuraduría General de la República denunciara a Temer y a otros miembros de su partido están siendo cuestionadas.
Los delatores del grupo cárnico JBS que desvelaron buena parte de los detalles que posibilitaron presentar la denuncia contra el presidente pactaron un acuerdo de delación premiada con la Justicia (beneficios penales a cambio de información), pero según recientes informaciones hubo irregularidades.
Se estima que no habrían entregado toda la información de que disponían y que un miembro de la Fiscalía presuntamente les ayudó a buscar un acuerdo ventajoso para ellos y que además inculpara al presidente.
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En su momento el exfiscal general Rodrigo Janot aseguró que aunque se invalidara el acuerdo de delación premiada (lo que acabó sucediendo y provocó que Joesley y Wesley Batista acabaran en la cárcel) las pruebas derivadas de él seguirían siendo válidas.
Esta es la segunda que pesa contra el presidente Temer, que ya había sido denunciado por un delito de corrupción pasiva por presuntamente recibir sobornos del grupo JBS, pero la Cámara de Diputados decidió archivar la denuncia el pasado mes de agosto.
