"Traslado a Milagro al inmueble, convertido en cárcel del Carmen", anunció en las redes sociales su abogada, Elizabeth Alcorta.
Traslado a Milagro al inmueble, convertido en cárcel del Carmen. Gendarmería hace la custodia de modo ilegal. Más irregularidades.
— Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) 31 de agosto de 2017
La defensora de la líder de la organización barrial Tupac Amaru señaló que Gendarmería, dependiente del Ministerio de Seguridad "hace la custodia de modo ilegal".
"Más irregularidades", denunció Alcorta en su cuenta de Twitter.
La dirigente social ya se encuentra en la casa de La Ciénaga, a 30 kilómetros de San Salvador de Jujuy, la capital provincial.
La vivienda en la que la activista cumplirá el arresto domiciliario tuvo que ser refaccionada contra reloj por la Túpac Amaru, que realizó una campaña de recaudación de fondos a fin de habilitar el inmueble, el cual había sido saqueado.
La justicia jujeña cumplió así con la disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que instruyó al Estado argentino a que efectivice las medidas cautelares a favor de Milagro Sala ordenadas en su resolución del pasado 28 de julio.
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El juzgado de Control en lo Penal número 3 de la provincia concedió la prisión domiciliaria a la dirigente social el 16 de agosto, aunque tres organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, denunciaron al Gobierno la semana pasada por no cumplir a tiempo con las directrices de la CIDH, que vencían el 11 de ese mes.
Operativo de seguridad
Sala será custodiada con una tobillera electrónica.
La Gendarmería vigilará el cumplimiento de la prisión domiciliaria, mientras que la policía jujeña controlará los alrededores de la vivienda.
La activista pidió ser trasladada a su vivienda particular en el centro de San Salvador, pero la justicia consideró que en aquel lugar no podrían implementarse todas las medidas de seguridad necesarias.
Milagro Sala acumula ocho causas penales en su contra.
En una de ellas, fue acusada de sustraer 29 millones de pesos (unos 1,9 millones de dólares) que estaban destinados a construir viviendas sociales.
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En diciembre de 2015, la dirigente fue elegida como legisladora del Parlamento del Mercado Común del Sur (Mercosur), pero no pudo asumir su escaño por estar recluida.
