"De Luca recurre la pena impuesta a Milagro Sala", informaron a Sputnik fuentes judiciales.
El fallo de la sala IV de la Cámara de Casación resulta contrario "a los derechos y garantías constitucionales de las partes", observó el fiscal general en su dictamen.
"La lectura (de la resolución) deja un sabor amargo a los operadores judiciales y a la sociedad toda porque no puede extraerse otra conclusión del hecho de que no se atendieron los planteos y argumentos de las partes en esta etapa de casación", afirmó De Luca.
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A impresión del fiscal, la sentencia de Casación pareciera "como si ya estuviera escrita y basada en ideas preconcebidas que conducían a un único destino fatal que me veo en la obligación de señalar".
En su duro dictamen, De Luca sostuvo que el fallo "implicó la violación del principio acusatorio y de la garantía de imparcialidad", puesto que "los magistrados de Casación se arrogaron en varias ocasiones el rol de acusadores, en franca violación a la doctrina de la Corte Suprema".
En concreto, esto se dio "cuando revocó la prescripción de las amenazas simples, e imputó por el tipo penal agravado (amenazas coactivas) sin acusación válida y ordenó el reenvío al tribunal de origen para que dictase un nuevo pronunciamiento".
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En su interpretación de los hechos, el fiscal general consideró que Casación le achacó una mayor responsabilidad a Sala por ser "cabeza de movimientos sociales", y por eso ratificó la condena de tres años de prisión en suspenso que en febrero estableció un tribunal jujeño contra Sala.
Si Casación acepta el recurso presentado por De Luca, deberá pronunciarse la Corte Suprema.
Reclamo internacional
Sala, representante ante el Parlamento del Mercado Común del Sur (Mercosur), no pudo asumir su escaño por estar detenida desde el 16 de enero de 2016 acusada del desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales, entre otros delitos.
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó el 16 de junio a la dirigente.
Organizaciones sociales de Argentina esperan que el organismo se pronuncie sobre el caso de la dirigente en ocasión de las audiencias públicas que se celebran esta semana en Lima, Perú.
