"No estamos tratando de un litigio entre vecinos, de una acción por el atraso en el pago del alquiler; aquí estamos tratando de los fundamentos de la propia República y del régimen democrático", dijo el magistrado relator del caso, Herman Benjamin, para argumentar la necesidad de programar sesiones extra.
El cronograma se mantendrá así a no ser que uno de los siete jueces del TSE pida más adelante aplazar el caso para tener más tiempo para hacer sus evaluaciones; en ese caso, el juicio se retomaría en el segundo semestre del año.
La sesión del 7 de junio, finalizada alrededor de las 13:00 hora local (16:00 GMT), estuvo marcada por las discusiones sobre si se deben incluir o no en el proceso las declaraciones de los exdirectivos de Odebrecht.
Los abogados de ambos sostienen que estas declaraciones deben excluirse del proceso porque son posteriores a la acción que presentó el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) contra la candidatura Rousseff-Temer en diciembre de 2014.
Los magistrados del TSE no se ponen de acuerdo y aplazaron la decisión de si incluyen o no los testimonios de Odebrecht en el proceso.
El relator del caso, Herman Benjamin, es favorable porque dice que la Justicia no puede ser ciega y porque es "pública y notoria" la relación fraudulenta entre Odebrecht y Petrobras, que sí aparecía citada en la acción que presentó el PSDB.
Las divergencias entre ambos jueces marcaron la sesión del 7 de junio, ya que en un momento Mendes llegó a espetarle a Benjamin que está "brillando en la televisión de todo Brasil", a lo que éste le interrumpió diciendo que como juez prefiere el anonimato y que sólo cumple con su trabajo.
Temer y Rousseff están siendo juzgados por presunto "abuso de poder político y económico" en la campaña electoral de 2014, por supuestamente haberla financiado en parte con dinero procedente de la trama corrupta de Petrobras.
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Si son condenados, Rousseff no podrá presentarse para ocupar cargos públicos en los próximos ocho años y Temer será apartado de la presidencia.
En ese supuesto, el Congreso Nacional tendría que elegir a un sustituto a través de una elección indirecta.
