La misiva expresa una "profunda preocupación por las iniciativas que se han presentado en días recientes correspondientes a la Ley General de Víctimas, mismas que plantean una inminente regresión del desarrollo normativo del Estado".
La crítica más directa apunta a la facultad otorgada por la ley al Estado para "prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos".
Por lo tanto objetan que "la discrecionalidad, improvisación, burocratización de los procedimientos, entre otras limitaciones estructurales e institucionales, se generaron a partir del nombramiento de una comisión ejecutiva de atención a víctimas y la emisión del reglamento, cuestión que no cumplió con los principios garantistas establecidos en la Ley General de Víctimas".
Esto ha impedido que la misma funcione como un verdadero instrumento que garantice, promueva, proteja y respete los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos a la verdad, justicia y reparación integral.
Los organismos no gubernamentales señalan al mandatario que la propaganda oficial se despliega en un "clima de desinformación en el que, de manera infundada y desde el desconocimiento de las normas aplicables, se ha afirmado que los derechos de las víctimas del delito se contraponen a los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos".
Esta narrativa no sólo polariza a la opinión pública y a la ciudadanía en general que padece la violencia e inseguridad, sino que fomenta la comisión de abusos como la tortura o las violaciones a las garantías judiciales, generando nuevas víctimas al mismo tiempo que socavan el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas de delito.
Por lo tanto expresaron su "rotundo rechazo ante cualquier iniciativa de reforma o abrogación de la ley general de víctimas".
