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CIDH de OEA concluye que existe una "grave crisis de DDHH" en México

© REUTERS / Ginnette RiquelmeLos padres de los estudiantes desaparecidos durante las protestas
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo principal y autónomo de la Organización de Estado Americanos (OEA), difundió este miércoles un extenso informe especial en el cual concluye que en México existe una "grave crisis" de Derechos Humanos.

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El informe analiza "la grave crisis de derechos humanos que atraviesa México, con particular énfasis en desapariciones y desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad".

La CIDH ha publicado que conoce "información alarmante que indica que el 98 por ciento de los delitos en México no llegan a tener una sentencia condenatoria".

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El organismo comienza por reconocer avances significativos en materia constitucional, legislativa e institucional en los últimos años, "así como la adopción de importantes políticas públicas en México, elaboradas en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos".

Sin embargo, a renglón seguido, el organismo consultivo del principal organismo continental –que esgrime "el mandato que surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos"-, señala al gobierno de Enrique Peña que "la respuesta estatal sigue siendo insuficiente para enfrentar esta grave crisis de violencia e impunidad" en la nación latinoamericana.

La violencia se da en gran parte del país, pero afecta de manera diferenciada a ciertas zonas, indica el extenso documento de 242 páginas.

En ese punto, concluye que "la violencia está estrechamente relacionada con la presencia de fuerzas militares en las áreas del país de mayor presencia de crimen organizado, narcotráfico y conflictividad".

Los 26.798 desaparecidos

El severo informe "Situación de derechos humanos en México", emitido desde la sede de la CIDH en Washington, se basa en la observación realizada durante la visita in loco del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, otras visitas de la CIDH y sus relatorías especiales.

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la CIDH pudo "constatar que la desaparición de personas en grandes extensiones del territorio mexicano ha alcanzado niveles críticos".

Las personas "no localizadas" en México, al 30 de septiembre de 2015, son 26.798, dice el organismo citando el nuevo Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Una comparación con cifras de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) que en agosto de 2014, contabilizó 22.322 personas "no localizadas", arroja un incremento de 4.476 nuevos casos de desaparecidos en un año y un mes.

Las cifras oficiales proporcionadas junto con la información entregada a la CIDH "evidencian que las desapariciones son generalizadas en México".

Más aún, el informe considera "especialmente grave la información amplia y consistente recibida por la CIDH sobre la existencia de una práctica de desapariciones forzadas".

La figura de "desaparición forzada", ha sido recién incorporada al derecho mexicano —que antes utilizaba la categoría común de secuestro-, y se refiere a casos de desaparecidos "a manos de agentes del Estado o con la participación, aquiescencia, o tolerancia de las mismas" y es un delito de lesa humanidad que nunca prescribe.

La CIDH se dirige de nuevo al Estado mexicano para señalar que "la respuesta estatal a esta situación presenta graves deficiencias".

"La gente tiene miedo de denunciar por las represalias a las que son sometidas las personas que buscan a sus seres queridos", lamenta el Presidente de la CIDH, James Cavallaro, designado Relator para México del organismo internacional.

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"La madre de un desaparecido nos relató que ha recibido amenazas de que le cortarían la lengua y que encontraría en la puerta de su casa los cuerpos de sus otros tres hijos si insistía en la búsqueda", menciona como ejemplo de la extendida tragedia humana.

Carvallo se dirige a los gobernantes mexicanos para advertir que "la espiral de violencia e impunidad trae consigo graves consecuencias para el Estado de Derecho en el país".

El máximo responsable concluyó que "el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y la realidad que experimenta la mayor parte de sus habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva".

También analiza "la situación de asesinatos, violencia y amenazas contra periodistas, que ha hecho que México sea considerado como "uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo", puntualiza.

El organismo integrado por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA y no representan sus países, enfatiza que en el monitoreo cumple con su mandato a través audiencias, procesamiento de medidas cautelares, peticiones y casos concretos.

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