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    BUENOS AIRES (Sputnik) — La Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires señaló que la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) debe ser investigada en la causa por lavado de dinero, anunciaron a Sputnik Nóvosti fuentes judiciales.

    La Cámara sospecha un "acuerdo de voluntades", entre Báez, su grupo económico y la familia Kirchner, indicaron las fuentes.

    El tribunal de segunda instancia ratificó la necesidad de dirigir la pesquisa hacia el núcleo del contenido de las denuncias, en lo que se ha definido como "la ruta del dinero K", en alusión a la familia de la exmandataria.

    "Es con ese norte que debe completarse la instrucción, sin dejar de lado todos aquellos aspectos de los hechos de la causa que se vinculan con el enorme patrimonio que se ha descubierto en cabeza del grupo —reflejado en cuentas bancarias, empresas, propiedades, vehículos y muchos otros bienes— y que se sigue develando", señala la resolución de la Cámara.

    Dueño de la empresa Austral Construcciones, Báez fue el principal adjudicatario de obras públicas en la provincia argentina de Santa Cruz (sur) durante los Gobiernos de los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007), oriundo y exgobernador de esa jurisdicción, y Cristina Fernández (2007-2015).

    Detenido desde hace tres meses, Báez fue procesado el pasado 19 de abril junto a su hijo Martín por el supuesto lavado de unos 5,1 millones de dólares a través de la financiera SGI, conocida como La Rosadita, a finales del año 2012.

    A principios de junio volvió a ser procesado por intentar reingresar al país casi 33 millones de dólares a través de la compra de bonos en Suiza entre finales de 2012 y abril de este año. Ese dinero fue depositado en una cuenta de Austral Construciones, y procedía de la empresa suiza Helvetic Services Group, que compró la financiera SGI.

    Lázaro Báez, en la mira

    En el mismo fallo, la Cámara Criminal confirmó el procesamiento de Báez y de su hijo Martín, por el reingreso al país de 32,8 millones dólares a través de la venta de bonos de la deuda pública.

    El tribunal también confirmó el procesamiento de su exabogado, Jorge Chueco, del presidente de la empresa Austral Construcciones, Julio Mendoza, y del apoderado de esa compañía, Claudio Bustos.

    La Cámara Federal confirmó además la prisión preventiva para Lázaro Báez y su exabogado, y los montos por los que fueron procesados.

    Entre tanto, el juez federal Sebastián Casanello ordenó realizar este jueves 15 allanamientos en todo el país e impuso el secreto de sumario en la investigación por lavado de dinero en la que está detenido el empresario.

    Dueño de la empresa Austral Construcciones, Báez fue el principal adjudicatario de obras públicas en la provincia argentina de Santa Cruz (sur) durante los Gobiernos de los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007), oriundo y exgobernador de esa jurisdicción, y Cristina Fernández (2007-2015).

    El tribunal ya había confirmado el 30 de junio el procesamiento de Báez en otra causa por el supuesto lavado de unos 5,1 millones de dólares a través de la financiera SGI, conocida como La Rosadita, a finales del año 2012.

    Báez volvió a ser procesado a principios de ese mes por intentar reingresar al país 32,8 millones de dólares a través de la compra de bonos en Suiza entre finales de 2012 y abril de este año.

    Ese dinero, según da por cierto la Cámara, fue depositado en una cuenta bancaria de Austral Construcciones, y procedía de la empresa suiza Helvetic Services Group, que compró la financiera SGI.

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    Cristina Fernández de Kirchner, Argentina
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