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Empresario argentino afín al kirchnerismo cuestiona imparcialidad de Justicia argentina

CC BY-SA 4.0 / Roblespepe / Palacio de justiciaPalacio de Justicia, sede de la Corte Suprema de Justicia de Argentina
Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema de Justicia de Argentina - Sputnik Mundo
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BUENOS AIRES (Sputnik) — El detenido empresario de obras públicas Lázaro Baez se negó a declarar ante la Justicia argentina y se limitó a presentar un escrito en el que cuestionaba la validez de las pruebas que lo acusan de lavado de dinero, anunciaron fuentes judiciales a Sputnik Nóvosti.

"Resulta intolerable la arbitrariedad que implica una imputación basada en un elemento respecto del cual no se conoce su fuente ni la legalidad de su obtención", dice el escrito presentado por Baez, de acuerdo a las fuentes.

El empresario se presentó ante el juez federal Sebastián Casanello en medio de un fuerte operativo de seguridad que rodea los tribunales para responder sobre unas cuentas en Suiza que la Unidad de Información Financiera (UFI) detectó a nombre de sus hijos con unos 25 millones de dólares.

Ese organismo, sin embargo, advirtió que el informe de inteligencia en donde estaba consignada esta información no constituía una prueba válida.

"El presidente de la UIF, Mariano Federici, realizó una presentación por demás reveladora que otorga absoluto crédito a la posición de mi defensa en torno a la intempestiva convocatoria a prestar declaración indagatoria", advirtió Baez en su escrito.

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En ese informe de inteligencia de la UIF se detallaba que los cuatro hijos del empresario, Martín, Leandro, Melina y Luciana, eran beneficiaros de unas cuentas en el Safra Bank de Suiza y que el dinero era sacado del país a través de tres firmas radicadas en Panamá (Kinsky, Tyndall y Teegan) y una en Uruguay (Worldwide).

"Resulta significativo que S.S. [su señoría] haya decidido apresurarse en disponer una convocatoria sin conocer la prueba, sin poder determinar su método de obtención, ni tener las herramientas mínimas para, eventualmente, descartar que el Estado no se esté beneficiando por el hecho ilícito de un tercero", añade Báez.

En síntesis, "la convocatoria a prestar declaración no está basada en prueba", concluyó.

Además recordó el planteó que realizaron sus abogados sobre un viaje que el juez realizó a Suiza con el fiscal de la causa, Guillermo Marijuan, por "motivos que no han sido aún revelados".

"Resulta —cuanto menos— llamativo que al regreso ocurran "ciertas casualidades" donde se termina pretendiendo incorporar información —incomprobada— de datos para cuya consecución debe recurrirse a canales legales previamente establecidos y cuyo seguimiento resulta ineludible para la jurisdicción", añade Báez en su presentación.

Con la misma estrategia defensiva, también se presentó a declarar su contador Daniel Pérez Gadín, quien también objetó la prueba, el documento de la UIF, en que se basó el juez para imputarlo.

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Dueño de la empresa Austral Construcciones, Báez fue el principal adjudicatario de obras públicas en la provincia argentina de Santa Cruz (sur) durante los Gobiernos de los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007), oriundo y exgobernador de esa jurisdicción, y Cristina Fernández (2007-2015).

Detenido desde hace tres meses, el empresario fue procesado el pasado 19 de abril junto a su hijo Martín por el supuesto lavado de unos 5,1 millones de dólares a través de la financiera SGI, conocida como La Rosadita, a finales del año 2012.

A principios de junio volvió a ser procesado por intentar reingresar al país casi 33 millones de dólares a través de la compra de bonos en Suiza entre finales de 2012 y abril de este año. Ese dinero fue depositado en una cuenta de Austral Construciones, y procedía de la empresa suiza Helvetic Services Group, que compró la financiera SGI. Su procesamiento en este caso todavía no ha sido confirmado por la Cámara Federal, a diferencia del primero.

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