"La representación mexicana en España velará por que el caso del señor Moreira Valdés se apegue al debido proceso y con respeto a sus derechos humanos", indica un comunicado de la secretaría de Relaciones Exteriores.
Moreira, de 49 años, ha sido imputado por blanqueo de dinero, malversación de recursos públicos, organización criminal y cohecho.
El Gobierno mexicano "le brindará asistencia consular en caso de le sea solicitada, como ocurre en el caso de cualquier ciudadano mexicano, sujeto a requerimientos judiciales en el exterior", dijo el despacho de la canciller Claudia Ruiz Massieu.
El magistrado español José de la Mata llegó a este acuerdo ante el pedido de la Fiscalía Anticorrupción, que lleva más de un año investigando al político mexicano.
Moreira será trasladado a la prisión de Soto del Real donde permanecerá mientras dure la investigación.
El exdirigente nacional del PRI fue detenido por orden de la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de una investigación en la Audiencia Nacional.
La instrucción, seguida por el juez Santiago Pedraz, se mantiene secreta. Sin embargo, ha sido su compañero De la Mata quien al estar de guardia interrogó y acordó el ingreso en prisión del detenido.
La Fiscalía investigaba transferencias que el exgobernador mexicano había realizado desde EEUU a España.
Oposicion pide proceso en México
El coordinador en la Cámara de Diputados del opositor Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha), Marko Cortés, lamentó que México no se atrevió a emprender el proceso y arresto cumplido por España.
La detención fue cumplida por los mismos delitos por los que fue acusado en México, como lavado de dinero, malversación de fondos públicos cometida durante su etapa como gobernador, cohecho y organización criminal.
Mendoza exigió a las autoridades de México "dar cauce a las denuncias penales que se han presentado en contra de Humberto Moreira por enriquecimiento inexplicable sobre propiedades que se tienen documentadas en San Antonio, Laredo y McAllen, estado de Texas en EEUU; en Saltillo, Coahuila y ahora en España".
El PAN que arrebató la Presidencia al PRI entre 2000 y 2012, hasta el regreso con Enrique Peña, exigió justicia “por la mega deuda millonaria de 33.000 millones de pesos (unos 2.500 millones de dólares al cambio de 2011)”, que heredó tras su mandato como gobernador de Coahuila (2005 a 2011) utilizando documentos apócrifos, fondos que habrían sido utilizadas en campañas políticas.
“No podemos consentir que este tipo de casos sigan en la total impunidad y que en México existan intocables", dijo el PAN.
Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda) denunció que la aprehensión “solo prueba y refuerza la idea de corrupción e impunidad que representa el PRI”.
El PRD exigió al Estado mexicano que abra una línea de investigación por enriquecimiento ilícito, en contra del exgobernador de Coahuila, y colabore con el Gobierno de España.
La izquierda mexicana lamentó que el Gobierno mexicano “solape este tipo de situaciones y tengan que ser autoridades europeas las que hayan detenido al exmandatario por actos irregulares en España, mientras que en México el priista se conducía en la impunidad absoluta”.
