Las maniobras del Itamaraty, sede de Exteriores de Brasil, comenzaron el viernes cuando el subsecretario de Comunidades Brasileñas en el Exterior, Carlos Alberto Simas Magalhaes, contactó con el encargado de negocios de la embajada en Yakarta, Leonardo Carvalho, para intentar frenar la ejecución por todos los medios.
El caso concreto de Gularte, de 42 años, detenido en 2004 por portar 6 kilogramos de cocaína escondidos en dos tablas de surf, la ejecución podría contravenir las leyes de Indonesia debido al diagnóstico de esquizofrenia por parte de un médico contratado por la familia del reo, aunque el parte oficial del médico de la Fiscalía General de Indonesia jamás ha sido divulgado.Por ello, la diplomacia de Brasil hizo este sábado un apelo de clemencia alegando motivos humanitarios y recordó a Indonesia el nefasto antecedente del también brasileño, Marco Archer Cardoso, ejecutado en enero por el mismo motivo a pesar de las solicitudes de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el cual supuso un enfriamiento de las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Joko Widodo, llegando incluso a ser llamado a consultas el embajador brasileño en Yakarta.
Una medida extrema que no se descarta en caso de que la ejecución sea finalmente efectuada, por el momento la presidenta Dilma Rousseff no se ha expresado sobre el asunto aunque se espera que lo haga en las próximas horas con un protesta enérgica dirigida a su homólogo Widodo.
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