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    La ONU debe presionar a México por desapariciones forzadas, dicen abogados de víctimas

    La ONU debe presionar a México por desapariciones forzadas, dicen abogados de víctimas

    © REUTERS / Henry Romero
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    Desapariciones forzadas en México (23)
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    La primera comparecencia en la historia de México ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU debe aumentar la presión sobre este país por decenas de miles de desapariciones de personas, dicen a Sputnik Nóvosti abogados de víctimas que participan en las jornadas iniciadas el lunes en Ginebra.

    "Esperamos lograr en este evento histórico una mayor presencia de la ONU para enfrentar este grave problema de cara a la comunidad internacional", dijo Michael W. Chamberlain, poco antes de la cita en Suiza, en la cual acompaña a padres de los 43 estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, a quienes considera víctimas de desaparición forzada, un delito de lesa humanidad que no prescribe nunca.

    Existe un precedente en América Latina, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y la ONU podría "explorar un esquema similar", dijo el miembro de una misión de 15 abogados y víctimas mexicanas que fue admitido en la sesión de la ONU, y directivo del Centro Diocesano para los DDHH, del norteño estado de Coahuila – uno de los más afectados por la violencia en la frontera con EEUU.

    "Estamos trabajando en un equipo a partir de la desaparición forzada de estudiantes de Ayotzinapa y las medias cautelares (de emergencia) emitidas por la CIDH de la OEA, para que expertos independientes indaguen en las investigaciones federales, no necesitamos recomendar una intervención inaceptable", dijo Chamberlain.

    El gobierno del presidente Enrique Peña ha dado "coletazos en la investigación, la sesión especial de la ONU ocurre en un mal momento del tema en México, cuando se ha visibilizado el caso de las desapariciones", más de 23.000 en ocho años, producto de la violencia del crimen organizado, según datos del gobierno.

    El Gobierno "tiene poco margen de decir 'no' a una observación internacional, esperamos que el Comité de la ONU solicite una misión a México, para un monitoreo de las recomendaciones que surjan de la reunión del lunes y martes, con apoyo a organismos independientes", espera el líder humanitario.

    La misión está enfocada a la aceptación de México de casos individuales para que el Comité de la ONU sea invitado a México, prosigue el experto con 25 años en la defensa de los DDHH.

    Esa aceptación –que fue negada por México en las primeras horas de la sesión del lunes– "se ha demorado, esperamos que haya un compromiso con el caso de los estudiantes desaparecidos Ayotzinapa y medidas más precisas en Plan Nacional de Búsqueda", explicó Chamberlain.

    Uno de los riesgos más graves en México es que "las autoridades no se coordinan por desconfianza mutua, ese clima de recelo oficial crea un espacio de ingobernabilidad en el país", dijo el experto, quien también forma parte de un organismo federal en defensa de periodistas perseguidos, como delegado de la sociedad civil.

    El antecedente histórico más conocido de México en el mundo, similar al momento actual, es la rebelión zapatista encabezada por el encapuchado subcomandante Marcos en 1994, en las remotas comunidades indígenas de Chiapas, cuando Chamberlain dio sus primeros pasos como defensor de los DDHH.

    "Me tocó vivir toda la crisis de Chiapas en los 90, entonces logramos que el Alto Comisionado de la ONU en DDHH estableciera una misión en México, pero el desastre se ha generalizado ahora, no tiene parangón, es sistemático y generalizado; por eso esperamos una intervención humanitaria mayor, porque no es solo falta de voluntad política", puntualiza.

    Las recomendaciones esperadas de la ONU

    Otra gran expectativa es que el Comité de la ONU emita a mediados de febrero "sus recomendaciones al Estado mexicano contra las desapariciones forzadas, abordando las causas estructurales, sobre todo la impunidad", dijo a su turno la coordinadora del área internacional Centro de DDHH "Agustín Pro, SJ" de la Compañía de Jesús, Stephanie Erin Brewer.

    La cifra oficial de más de 23.000 desparecidos en los años de la guerra contra el narcotráfico declarada por el Gobierno en 2007, "no incluye la cifra negra de desparecidos no denunciados", porque casi uno de cada cuatro delitos no se denuncia, y casi todas son violaciones cometidas por el Estado, advierte.

    "El Estado mexicano suele presumir de sus leyes, de sus protocolos legales y las unidades especializadas, sin embargo todos los avances institucionales no se reflejan en la realidad", se lamenta la especialista en ese cargo desde hace ocho años.

    "No se están haciendo las cosas bien, la investigación del caso Ayotzinapa es el caso más paradigmático, de manera que es una muestra de lo máximo que el Estado mexicano puede hacer", dice Bewer, y los organismos especializados están disconformes.

    Lo que ha logrado la investigación del Procurador General de México es "ayudarnos a constatar mucha deficiencias", prosigue la especialista del centro jesuita.

    En el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la Procuraduría federal los considera muertos, con base en confesiones y pruebas periciales, como la identificación por forenses extranjeros de uno de los 43 alumnos en restos humanos hallados en el basurero de un pueblo vecino de Iguala (200 km al sur).

    "Tienen detenidos a cuatro o 15 presuntos autores materiales y sus confesiones son contradictorias; no hemos hablado con ellos ni sus abogados, pero hay denuncias de maltratos y torturas que deben ser esclarecidas", dice la asesora legal de los familiares.

    Por esa razón, los organismos humanitarios exigen peritos independientes internacionales (como la CIDH y la ONU), para salir del "callejón sin salida" de falta de pruebas físicas de que los estudiantes fueron asesinados, como confiesan algunos policías y sicarios, ligados al alcalde Iguala, preso y procesado como máxima autoridad responsable.

    Finalmente, la Procuraduría federal niega la participación de las Fuerzas Armadas en el caso, pero "existen elementos para suponer que el Ejército sabía de la colusión de la policía con los narcos, hay responsabilidad por la tolerancia en aquella noche", puntualizó la defensora humanitaria Brewer.

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    Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Michael W. Chamberlain, Ayotzinapa, México
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