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    Jesús Murillo, Procurador General de México

    Verdugos confesos de estudiantes de Ayotzinapa fueron torturados, según expedientes

    © REUTERS / Bernardo Montoya
    América Latina
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    Desaparición de estudiantes en México (201)
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    Las confesiones de policías y sicarios del estado de Guerrero, al sur de México, quienes declararon en interrogatorios judiciales haber asesinado a 43 estudiantes el 26 de septiembre pasado, fueron arrancadas mediante tortura física y psicológica, dice una investigación basada en expedientes, publicada este domingo por el semanario Proceso.

    La "verdad histórica" del Procurador General, Jesús Murillo, quien relató la semana pasada cómo fueron asesinados e incinerados los restos de los jóvenes, y lanzados a un río "no se sostiene, según se desprende de los documentos consultados", indica uno de los más influyentes semanarios de análisis e información de México.

    La Procuraduría General de la República (PGR) "ha recurrido sistemáticamente a golpes y tortura para incriminar a los presuntos responsables del ataque y desaparición de los 43 estudiantes" de la escuela rural de maestros rurales de Ayotzinapa en Iguala (200 km al sur) con el fin de "sustentar la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto", publicó Proceso.

    Uno de los testimonios es David Hernández Cruz, un empleado de 20 años a quien el Procurador identificó como radio-operador de la ciudad de Iguala, un "testigo estrella para involucrar" al alcalde de Iguala, José Luis Abarca –preso y acusado de autor intelectual–, como el más alto funcionario que ordenó la masacre.

    Durante los interrogatorios en la sede de la Policía Federal, Hernández Cruz "confesó" que el alcalde utilizaba la clave oficial A5 y "ordenó por radio el ataque"

    El testigo admitió ser miembro del grupo narcotraficante autodenominado Guerreros Unidos, pero "la PGR ordenó su liberación el 14 de octubre pasado", según los documentos publicados por Proceso.

    El Procurador (fiscal federal), Murillo, dijo el martes que "el análisis lógico causal indica que los estudiantes fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y sus restos arrojados al Río San Juan (de Cocula, pueblo vecino de Iguala), es la verdad histórica basada en la ciencia".

    La versión publicada por Proceso coincide con una de las 10 objeciones de los familiares y abogados de los estudiantes, quienes argumentan que, "la información dada a conocer por la Procuraduría depende en exceso de declaraciones rendidas ante Ministerio Público, que fácilmente pudieron ser coaccionados, pues es de todos conocido que en México la tortura es recurrente".

    Las investigaciones judiciales del caso "revelan la sistemática violación a derechos humanos cometidos por agentes de la Policía Federal y de la Marina", con la complicidad de la agente del Ministerio Público, responsable principal de la investigación, concluye la investigación de Proceso.

    Los periodistas de la revista de circulación nacional en México consultaron los dictámenes médicos de diez policías municipales de Iguala detenidos el 14 de octubre en un cuartel militar.

    En las confesiones hay una constante: "prácticamente todos sufrieron golpizas; algunos incluso se desmayaron por los choques eléctricos, también fueron torturados psicológicamente para que se auto-incriminaran o denunciaran a sus compañeros, al final, todos fueron liberados" dice el reporte.

    Un centenar de policía, sicarios y funcionarios encabezados por el alcalde de iguala, José Luis Abarca y su esposa –ligada al narcotráfico de los Guerreros Unidos– están presos bajo proceso.

    México comparecerá por primera vez en su historia el 2 y 3 de febrero ante el Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU en Ginebra, por los más de 23.000 desparecidos desde 2007 en el combate al narcotráfico, y el caso de Ayotzinapa también será abordado frente a una delegación de familiares y sus abogados defensores de DDHH.

    Tema:
    Desaparición de estudiantes en México (201)

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    Jesús Murillo, México, Ayotzinapa
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