1. "No existe plena certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula (pueblo vecino de Iguala, Guerrero) donde fueron encontrados restos humanos de los cuales uno ha sido identificado (por forenses) como alumno de Ayotzinapa. Las procuradurías mexicanas son especialistas en fabricar delitos y puesto que reconocidos científicos han expresado dudas sobre esta hipótesis, las familias no aceptarán esos resultados hasta que expertos independientes realicen esos mismos peritajes”.
2. "La declaración de Felipe Rodríguez Salgado (jefe de los sicarios que ha confesado haber ordenado la masacre), no es determinante para esclarecer lo ocurrido en Cocula (…) pues, dicha persona no declaró haber permanecido en ese lugar durante todo el tiempo que supuestamente duraron los hechos".
3. "La información dada a conocer por la Procuraduría depende en exceso de declaraciones rendidas ante Ministerio Público, que fácilmente pudieron ser coaccionados, pues es de todos conocido que en México la tortura es recurrente."
4. "La PGR ni hoy ni en ninguna otra conferencia ha aclarado como explica en su teoría del caso el cruento homicidio de Julio César Mondragón –uno de los seis muertos encontrado tras la balacera y secuestro de 43 de estudiantes del 26 de septiembre), cuyo joven cuerpo desollado fue encontrado en las inmediaciones de donde ocurrieron los hechos".
5. "El Estado mexicano, a cuatro meses de los hechos, se ha mostrado incapaz para detener a (algunos) quienes según su hipótesis serían responsables: al máximo responsable de la corrupta policía de Iguala, Felipe Flores Velázuez, ni a su cómplice y subalterno Francisco Salgado Valladares; ni a Gildardo Astudillo, alias el Cabo Gil, a quien la PGR asigna gran relevancia en su versión; siguen prófugos 11 de las 15 personas que según la PGR estuvieron en Cocula, lo mismo que el líder de Guerreros Unidos (narcotraficantes), Ángel Casarrubias Salgado "El mochomo".
6. "La PGR no ha logrado que exista un sólo juicio penal iniciado por el delito de desaparición forzada de personas (sino por homicidio y secuestro), siendo que esta es la figura jurídica adecuada para encuadrar los hechos", que conduciría a establecer un delito de Estado de "lesa humanidad".
7. "En el mismo expediente (…), se encuentran agregadas las declaraciones de otros sicarios de Iguala, que confesaron haber atentado contra los estudiantes no (en el basurero) en Cocula sino en Pueblo Viejo y Cerro la Parota".
8. "Solo hay certeza de la muerte de uno de los estudiantes desaparecidos, esto no implica certeza sobre la muerte de otros ni sobre el lugar donde esto pudo haber ocurrido. Es un error jurídico decir que se ha consignado por homicidio (a los acusados), cuando en realidad se consignó por secuestro, con el agravante de privación de la vida, lo que técnicamente implica una diferencia relevante".
9. "No se ha indagado la responsabilidad del Ejército, pese a que contrario a lo que afirmó el Procurador, sí hay en el expediente indicios de su complicidad con la delincuencia organizada, (…) el Ejército sabía desde 2013 que los Guerreros Unidos (narcos) controlaban la policía de Cocula".
10. "No ha empezado el deslinde de responsabilidades sobre el entorno de corrupción política que desencadenó los hechos del 26 de septiembre".
