Gobierno de Argentina ordena a empresas de medicina privada que retrotraigan aumentos

El Gobierno argentino que preside obligará a las empresas que ofrecen coberturas de salud privada a que retrotraigan los incrementos aplicados desde diciembre de 2023, mes en que se liberalizaron los precios con la asunción del actual Ejecutivo, y a que apliquen aumentos sujetos a la inflación desde ese mes y por los siguientes seis meses.

"Un grupo de empresas de medicina prepagada que representa cerca del 75% de los afiliados van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada a partir de allí por el Índice de Precios al Consumidor (IPC)", señaló el portavoz presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo nacional.

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo argentino formalizó esta iniciativa, denominada medida de tutela anticipada, y "que se dictó a raíz de una denuncia por presunta cartelización", puntualizó el portavoz del mandatario.

La norma incide sobre los aumentos que aplicaron el Hospital Británico, el Hospital Alemán, Galeno, Medifé, Swiss Medical, Omint, Osde y la Confederación Unión Argentina de Salud.

"El Gobierno de Milei no va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista", advirtió Adorni, que fue ascendido de subsecretario a secretario de Estado.

La Superintendencia de Salud, organismo de regulación y control de los actores del sector, presentará una medida cautelar ante la justicia para obligar a las empresas de medicina privada a que retrotraigan el valor de sus cuotas a diciembre y devuelvan a los afiliados los montos cobrados de más.

Según el portavoz del presidente, esta medida abarca al 90% de las empresas que ofrecen una cobertura privada de salud.

En el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, firmado por el Ejecutivo argentino en diciembre, se contempló el derecho a la libre elección entre obras sociales (mutualistas) y prepagadas; luego, en febrero de 2024, otros tres decretos modificaron algunos artículos de tres leyes, entre ellas, la 26.682, y establecieron que "la Superintendencia de Servicios de Salud no tendrá competencia para fijar valores de cuotas".

"La Superintendencia no controla los precios, pero sí busca garantizar la libre competencia", señaló Adorni.

La Secretaría de Industria y Comercio indicó en un comunicado que "la devolución de los aumentos no está dentro del ámbito" de sus competencias, pero que "puede impactar en el cálculo de la multa, de comprobarse que la práctica efectivamente se produjo".

El dueño de Swiss Medical y presidente de la UAS, Claudio Belocopitt, renunció en la víspera a este organismo que reúne a las empresas de medicina privada y que calculó que en los últimos meses se dio de baja el 15% de los afiliados.

Este empresario argentino, una de las personas más ricas de este país, fue objeto de numerosas críticas por ser uno de los principales promotores de los aumentos desmedidos que aplicaron las empresas de medicina privada.

A partir de la entrada en vigor el 29 de diciembre de un megadecreto de necesidad y urgencia (DNU) que desregula amplios sectores de la economía, las empresas privadas de salud aumentaron sus cuotas sin ningún control del Ejecutivo.

El ministro de Salud, Luis Caputo, apuntó hace unos días contra estas compañías y las acusó de haber declarado "la guerra a la clase media", tras comprobar que los aumentos desde enero superaban el 150%, cuando la inflación acumulada en ese período fue de 51,6%.

El 15% de la población, equivalente a unos 6,7 millones de personas en Argentina, tienen cobertura privada de salud, según estimaciones de la UAS

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