El ajuste a las provincias impulsado por Milei pone en jaque el inicio de clases en Argentina

Debido a la negociación salarial de los docentes, en 20 distritos aún no está confirmada la fecha de regreso a las aulas. Los gobernadores buscan saldar puertas adentro el conflicto profundizado por la decisión del Gobierno de cesar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, una masa de recursos destinada a mejorar los ingresos de los educadores.

La tensión entre el Gobierno nacional y el interior del país golpea las puertas de las escuelas. En la víspera del inicio formal del ciclo lectivo, el regreso a las aulas es una incógnita en la mayoría de los distritos. Las negociaciones salariales —en medio de una inflación galopante— y la suspensión de transferencias a las provincias dictada desde la Presidencia auguran un horizonte complejo.

La primera alerta provino de los gremios docentes nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT), que advirtieron que apelarían a una huelga nacional el 26 de febrero en caso de que el Gobierno nacional siguiera sin dar respuesta a sus reclamos. Inmediatamente, el Poder Ejecutivo convocó al Consejo Federal de Educación y a los sindicatos para dar lugar a la negociación paritaria.

Las rispideces a saldar son profundas. Mientras que los maestros buscan recomponer los ingresos —ante una suba de precios que entre diciembre y enero acumula un alza del 51,35%—, los gobernadores provinciales protestan contra un sensible ajuste dictaminado por el ministerio de Economía: el cese del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), un complemento de los ingresos a los educadores creado durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), que acordó la creación de una caja destinada a equiparar los ingresos de los docentes de todo el país, independientemente de los recursos de cada distrito.

Si bien fue concebido como una iniciativa transitoria, el mantenimiento del Fonid fue común denominador de los Gobiernos subsiguientes, hasta que Milei decidió apelar a la motosierra que blandió en campaña.

Sumado a la drástica disminución de los giros discrecionales a las provincias, y a la quita de subsidios para el transporte en el interior del país, el cese del Fonid constituye una nueva instancia de confrontación entre la Casa Rosada y los mandatarios del interior, leída como una represalia por la resistencia de estos a apoyar la fallida ley ómnibus en el Congreso.

Los maestros, en pie de lucha

De acuerdo al calendario escolar, entre el 26 de febrero y el 1 de marzo la mayoría de las provincias deberían iniciar el ciclo lectivo. Sin embargo, solo cuatro de los 24 distritos se encaminan a cumplir con la fecha. Otras localidades, como Catamarca y Salta (norte) aplazaron la fecha producto de la negociación salarial.

Como respuesta, el Gobierno nacional deslizó la posibilidad de evitar las huelgas docentes mediante la declaración de la educación como servicio esencial, iniciativa impulsada en la fallida ley ómnibus y en el megadecreto presidencial firmado por Milei, cuyo capítulo laboral fue frenado por la Justicia Nacional del Trabajo.

"La negociación es el factor fundamental para la paz social, pero el Gobierno aún se resiste a ceder. Nuestro mensaje es claro: sin negociación colectiva no hay inicio de clases", dijo a Sputnik el secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Fabián Felman.

"Con la quita de fondos que está haciendo el gobierno nacional a las provincias, los maestros quedamos expuestos a un brutal ajuste. La inflación acumulada del 50% es brutal. Si siguen dilatando los plazos, están desconociendo la ley nacional de Educación, que garantiza el derecho a la negociación colectiva, al igual que la propia Constitución Nacional", denunció el sindicalista.

El rol del Estado

Consultado por Sputnik, el director general de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, —exministro de Educación de la Nación (2009-2015)— señaló que "no está garantizado que las clases empiecen a tiempo, aunque soy optimista porque estamos haciendo todo lo posible. Hay buen diálogo con los gremios, pero lo cierto es que no sabemos si podremos seguir pagando los salarios sin los fondos".

"Desde hace 70 días, el Gobierno está desordenando la vida de los argentinos con decisiones complejas y agresivas, específicamente respecto al sistema educativo. Está añadiendo una gran conflictividad a la situación escolar", protestó el funcionario de la provincia donde reside más de un tercio de la población nacional.

Según Sileoni, la decisión del Poder Ejecutivo de cesar el giro de recursos del Fondo Nacional de Incentivo Docente se inscribe en un marco de avance sobre las capacidades del Estado nacional: "esto exhibe cómo el Gobierno es desertor de sus funciones. Lo único que hace es añadir más pobreza a la que ya atraviesan muchas provincias: todas las medidas que toma el Gobierno son para profundizar las diferencias sociales", destacó.

La lectura del titular de la cartera educativa bonaerense es compartida por Felman. El gremialista consideró que "el Estado se está corriendo de sus responsabilidades: la idea del financiamiento educativo apunta a ayudar a las jurisdicciones que no pueden garantizar los salarios docentes, y avanzar sobre esto es un riesgo claro".

Del aula a la calle

Ante la complejidad que exhibe el cuadro de situación, los sindicatos comienzan a sentir las presiones desde las bases. Felman lo explicó sin eufemismos: "hay una demanda creciente para el llamado a un nuevo paro nacional, que seguramente suceda porque el Gobierno está haciendo todo lo posible para que suceda".

A pesar de las adversidades, Sileoni confía en una resolución temprana del conflicto que evite complicaciones a las familias que cuentan con que sus hijos vuelvan a la escuela. "Las grandes provincias están apostando por volver a clases a tiempo, que es una necesidad fundamental en este momento. Incluso todavía hay alumnos que no volvieron a clase desde la pandemia", indicó.

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