Pensiones, salario mínimo y ayudas sociales: las reformas de AMLO pueden pagarse sin subir impuestos

Las reformas constitucionales propuestas por el presidente de México, como aumentar las pensiones o garantizar que el salario mínimo siempre esté por encima de la inflación, pueden sufragarse sin necesidad de aumentar impuestos, sin contratar más deuda y sin recortar presupuesto de otras áreas del gobierno, de acuerdo con un análisis de la UNAM.

El economista Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, señaló que, de acuerdo con un estudio de este think tank universitario, el costo de las reformas a la Carta Magna propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero podría ascender a un 4,1% del PIB de México.

Martínez Cortés explicó que, de las 20 reformas legales que planteó el presidente, ocho requerirán presupuesto para que tengan éxito, principalmente la de pensiones –en la que se plantea que un trabajador se retire con el 100% de su sueldo, con un tope de 16.777 pesos (839 dólares)— y la que tiene que ver con aumento salarial a trabajadores al servicio del estado, además de las que se refieren a los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y otros.

El especialista explicó que si bien no es necesaria una reforma tributaria; es decir, un aumento de los impuestos, sí se requerirá una reforma fiscal que amplíe la base tributaria mediante el combate a prácticas como la evasión, elusión, subvaloración, condonación y otras que minan la recaudación.

"Con esta reforma fiscal integral podría recabarse cada año alrededor de 2,7 billones de pesos, con lo cual, con holgura, se podría cubrir el recurso que se requiere para estas ocho de reformas", afirmó el maestro Martínez Cortés en entrevista con Sputnik.

De acuerdo con el experto, otro punto importante es la eliminación de subsidios a grandes contribuyentes, como los que se dieron en el pasado a los principales fabricantes de masa para tortillas, Maseca y Minsa, a quienes se les exentó de pagar el impuesto por la importación de maíz, pero aun así subieron los precios lo que tuvo un impacto en el costo de la tortilla, un alimento esencial en la mesa de los mexicanos.

Martínez Cortés agregó que un punto fundamental en esta reforma fiscal es también el combate a la facturación ilegal. Según el coordinador del LACEN, la práctica de algunas empresas que compran facturas para poder pagar menos impuestos representa cada año 600.000 millones de pesos (30.000 millones de dólares) que no ingresan al fisco.

De acuerdo con el coordinador del LACEN, uno de los grandes problemas en México ha sido la evasión de impuestos, al grado que se calcula que tan solo 12 empresas, como Walmart, Banamex no le pagaban al fisco alrededor de dos billones de pesos en administraciones pasadas.

Otro caso, indicó el experto, es de las empresas del empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de la televisora TV Azteca y otras compañías, que debe al estado 700.000 millones de pesos (35.000 millones de dólares), monto con el que se podrían pagar todos los programas sociales del gobierno federal en un año.

Para Martínez Cortés, la reforma fiscal que propone el LACEN implica también la desaparición tanto de la economía ilegal, la economía informal y la economía criminal, que representa alrededor de dos puntos porcentuales del PIB, tomando en cuenta los gastos por seguridad, la extorsión y otras actividades criminales.

De acuerdo con el académico, una de las ventajas de llevar adelantar esta reforma fiscal que amplíe la base tributaria es que no se requieren reformas legales, por lo que el próximo Gobierno podría implementarle aun si tener las mayorías legislativas.

"Quien llegue debe aprovechar su bono democrático para que de manera inmediata se presente, discuta y entre en vigor la reforma fiscal. Algo muy importante esta reforma fiscal no necesariamente pasa por el Congreso", afirmó el especialista.

López Obrador sabe que algunas reformas no alcanzarán la mayoría calificada necesaria, pero propone que sean parte de una agenda legislativa del próximo Congreso, que será votado el próximo mes de junio en el marco de las elecciones generales, que incluye las presidenciales, y que el presidente ha bautizado como el Plan C.

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