Argentina debate el 'tarifazo': la quita de subsidios al gas que impulsa el Gobierno de Milei

Sumidas en un profundo atraso respecto a la inflación, las tarifas de energía quedaron en el ojo de la tormenta después de que la actual Administración anunciara aumentos de hasta el 500% para las boletas de gas. Entre el objetivo de reducir el déficit fiscal y la protección a las familias, especialistas debaten sobre los alcances de la medida.

El inabarcable menú de ajuste e iniciativas desreguladoras de la economía con el que el libertario Javier Milei inauguró su presidencia tocó uno de sus capítulos más sensibles para la sociedad argentina, al afectar las tarifas energéticas.

Centrado en el sustancial atraso en el valor de las boletas respecto a la galopante inflación récord, que solo en el valor del mes de diciembre estuvo por encima del 25%, el Gobierno busca eliminar los subsidios, cuyo impacto podría traducirse en hasta un 500% de aumento en el precio que pagan los hogares.

El epicentro del debate son las audiencias públicas convocadas por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), de carácter obligatorio mas no vinculante, en las que se tratan, entre otros temas, las solicitudes de modificación de tarifas.

Rodeado de representantes de los distintos sectores, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, expuso que los usuarios abonan apenas el 17,5% del costo de producción de gas: es decir, 0,7 dólares por millón de BTU —unidad de calor de referencia—, contra un costo que en promedio asciende a los 4,1 dólares.

Es el 82,5% restante la cifra que cataliza el accionar de la Administración Milei. Nacidos tras la devastadora crisis del 2001 y profundizados durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), los subsidios energéticos son indicados como uno de los principales causales del déficit fiscal, por un lado, y de la caída en las inversiones del sector, por otro.

Según especificó el funcionario, el objetivo del oficialismo es trasladar gradualmente el costo del gas a las tarifas hasta el punto de eliminar totalmente la asistencia.

De ese modo, se reduciría un 33% de los subsidios en febrero, 33% en marzo y 33% en abril, con el fin de que las facturas abonadas por los hogares cubran los cuatro dólares del costo de producción, en línea con las exigencias del Fondo Monetario Internacional para la negociación del acuerdo por la deuda que el país mantiene con el organismo financiero.

El costo de producción representa el 36,6% de las boletas de gas, que contienen otros tres componentes, como el costo de transporte desde su ingreso al sistema hasta la red de distribución (12,5%), la distribución residencial (26,2%) y los impuestos en manos del Estado (24,7%).

Transcurrido dicho trimestre, desde abril se readecuaría el esquema de subsidios para focalizarlo en el sector más vulnerable de la población, a través de la adopción de una Canasta Básica Energética que establecería un caudal de consumo máximo a partir del cual las familias beneficiadas abonarían la tarifa plena.

La población alcanzada será la que tenga un bajo coeficiente entre los ingresos del hogar y el precio del gas sin subsidios.

De este modo, la nueva Administración echaría por tierra la segmentación tarifaria iniciada durante la presidencia de Alberto Fernández (2019-2023), que estableció tres tipos de usuarios: los de altos ingresos (N1), a quienes se les eliminó el subsidio; los sectores medios (N3), que vieron una reducción en el beneficio; y los sectores bajos (N2), que mantuvieron el subsidio estatal al consumo.

Del "Excel" a la boleta

"La quita de subsidios es un requisito impostergable en pos de eliminar el déficit fiscal. Además, el atraso tarifario termina repercutiendo simultáneamente en la caída de las inversiones en materia de transporte y distribución. Es necesario abordar cuanto antes el problema", indicó, en diálogo con Sputnik, el exsecretario de Energía Emilio Apud.

Si la quita de subsidios en el tramo de la producción representaría la quintuplicación de dicho componente, en el relativo al transporte y distribución el alza no se quedaría atrás.

"Las empresas exigen un incremento del 500%, por lo que se sextuplicaría esa instancia de la factura, pero aún no conocemos qué criterio va a implementarse. Es posible que el Gobierno opte por no aumentar en la misma línea los impuestos correspondientes para que el salto no termine de ser un sablazo devastador para los usuarios", especificó el exfuncionario.

"Se invierte la lógica: la regla será el pago de la tarifa completa, y la excepción será el subsidio. Es decir, ahora habrá solamente dos grupos. A consumo constante, las facturas se quintuplicarían. Pero no sabemos si el Gobierno va a avalar todas las exigencias de las empresas", sintetizó ante Sputnik el exsubsecretario de Combustibles Cristian Folgar.

Dada la composición de los esquemas tarifarios propuestos desde el poder ejecutivo, el diagnóstico es unánime: el impacto más profundo caerá sobre los estratos medios.

"La parte más dura va a absorber la clase media, que no se vería contenida por el subsidio a través de la canasta básica energética, sino que debería afrontar el pago del aumento completo", resumió Apud.

Consultado por Sputnik, el perioodista Santiago Spaltro, del diario El Cronista, indicó: "Una factura de unos 5.000 pesos [4,5 dólares al tipo de cambio oficial] se elevaría a los 25.000 pesos, aproximadamente, pero esto no es definitivo porque aún hay elementos a determinar. En invierno, por ejemplo, el valor podría ser sensiblemente más alto por el aumento de precios, que podría llegar hasta los seis dólares por millón de BTU [casi 300.000 watts]".

El monto al cual asciendan las tarifas reviste un lugar central para una población que acumula seis años de pérdida de poder adquisitivo de los ingresos, afrontó en 2023 una inflación récord y tiene uno de los salarios mínimos más bajos de la región: 156.000 pesos, equivalentes a 140 dólares a tipo de cambio paralelo.

En este punto, Folgar destacó que "el volumen energético consumido por los hogares no es mayoritario: es el 30% del gas natural y el 45% de la energía eléctrica. La mayoría de la energía en el país la consumen industrias y el comercio, no los particulares"

"Se puede alcanzar un esquema en el cual se proteja a los productores sin castigar a los hogares, porque hacerlo terminaría siendo contraproducente", destacó el exfuncionario.

Soberanía energética

El factor que subyace a toda la discusión en torno al alcance de los subsidios tiene nombre y es el de Vaca Muerta, el yacimiento ubicado en la provincia de Neuquén (sur), que constituye la segunda reserva más grande de gas no convencional a nivel mundial.

Dado que el país cuenta con tales recursos para el abastecimiento interno, el debate apunta a dilucidar si corresponde o no que los usuarios abonen tarifas equivalentes a las de los países que no producen hidrocarburos.

"Todos los países como el nuestro tienen la discusión sobre hasta qué punto adoptar precios internacionales. Argentina está en una posición incómoda: quiere aumentar la producción de gas equiparando los precios a niveles internacionales, pero esto supondría un mayor impacto en el bolsillo de los usuarios", resumió Folgar.

"Si el Gobierno subsidiara todas las tarifas energéticas, esto afectaría a los productores, y eso lo hemos comprobado en los últimos años. Es un rompecabezas difícil de resolver", apuntó el especialista.

Al respecto, Apud consideró que "hoy no vale la pena pensar exclusivamente en el mercado doméstico, considerando la cantidad de recursos de los que el país dispone. Hay que asegurar el abastecimiento local a precio razonable, pero hay que apuntar centralmente al mercado internacional".

"Gracias a Vaca Muerta tenemos garantizado el consumo de gas por los próximos 80 años. El problema es que dentro de 40 años probablemente ya no se consuma más gas ni petróleo en virtud de la transición energética que ya está en marcha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese es el principal desafío en el mediano plazo", planteó el investigador.

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