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Injerencia de EEUU y polarización legislativa: ¿qué hay tras la crisis política en Honduras?

© Foto : Presidencia de HondurasLa presidenta de Honduras, Xiomara Castro
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La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura F. Dogu, y los senadores Marco Rubio y Jim Risch, representantes por Florida y Idaho, respectivamente, arremetieron en los últimos días contra el Gobierno y el Congreso Nacional hondureños, a los que acusan de atentar contra la institucionalidad y la división de poderes.
En un momento en que el poder legislativo renovó el Ministerio Público mediante una deliberación acotada a su comisión permanente, la oposición hondureña, como el conservador Partido Nacional, acusó autoritarismo y amenazas a la división de poderes, líneas discursivas que fueron replicadas por la embajadora y los senadores norteamericanos, lo que motivó una protesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del Gobierno de Xiomara Castro.
El titular de la dependencia diplomática, Enrique Reina, llamó a cuentas a la embajadora estadounidense y dijo que considera "una injerencia en asuntos soberanos" su posicionamiento y el de otros funcionarios del país angloparlante.
"Los hondureños necesitan confiar en su democracia hoy más que nunca", dijo Dogu durante el proceso legislativo de renovación de las fiscalías.
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Mientras que, en un comunicado conjunto, Rubio y Risch acusaron a la Administración de la presidenta Castro de implementar "acciones continuas para socavar la separación de poderes en Honduras".
Sputnik conversó con el especialista en el proceso democrático de Honduras Gustavo Irías, activista y analista, para estudiar la situación que vive el país en la defensa de su institucionalidad y la consolidación del poder político de Xiomara Castro, quien ganó el voto popular tras continuas administraciones del Partido Nacional y luego del golpe de Estado contra su esposo y acompañante político, Manuel Zelaya, depuesto en 2009 por la fuerza militar.

Interinato constitucional y ruptura legislativa

El nombramiento mediante una comisión permanente en el Congreso Nacional de un interinato para la Fiscalía General y su adjuntía, a cargo desde el 1 de noviembre de Johel Zelaya y Mario Morazán, respectivamente, es constitucional, subraya Irías. Sin embargo, sucede en un contexto tal de polarización entre las fuerzas políticas de Honduras que ha generado una ruptura.
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"Prácticamente en este momento existen dos congresos, uno representado por la comisión permanente y los diputados del partido gobierno, y una mayoría legislativa integrada por los diputados y diputadas de la oposición, lo que ciertamente nos plantea una crisis institucional y de gobernabilidad del Congreso Nacional", advierte el especialista.
Este escenario de desacuerdos ha generado una parálisis legislativa con dificultades para la construcción política de consensos, por las posiciones encontradas de las partes, advierte Irías.

Injerencia histórica de EEUU

Consultado sobre si las declaraciones de la embajadora y los senadores norteamericanos tienen intereses democráticos o revisten una injerencia política, el estudioso no duda en recordar que Honduras ha sido históricamente maltratada por la potencia estadounidense.
"Históricamente, somos considerados el patio trasero del Gobierno de Estados Unidos, el injerencismo ha sido parte de la historia del país. Es más, podemos decir que la política exterior estadounidense ha sido parte de la política nacional", contextualiza.
"En esta coyuntura hay un punto que es importante, que Honduras con su política exterior ha ganado algunos grados de autonomía y de soberanía", con acciones como desconocer la independencia de Taiwán y condenar el asedio militar de Israel contra la Franja de Gaza, ambas entidades políticas respaldadas por Washington.
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Con la política exterior que ha impulsado la presidenta Castro, estima Irías, Honduras busca integrarse a un mundo multipolar mediante el diálogo con actores como el bloque BRICS —que conforman Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica— y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que precisamente busca fortalecer la interlocución latinoamericana sin la presión canadiense y estadounidense.
"En ese sentido, los sectores más conservadores de los Estados Unidos han empezado a percibir a la Administración actual de Xiomara Castro como un potencial riesgo a sus intereses geopolíticos, y en tal sentido, más allá de la preocupación por un deterioro o una crisis institucional, hay, como siempre, intereses que tienen que ver con la seguridad nacional estadounidense, en el clásico enfoque que han manejado a lo largo de largos años", apunta Irías.
Es bajo el criterio de su seguridad nacional, cabe recordar, que Washington determinó la invasión a Irak o participar en el colapso de la presidencia democrática de Salvador Allende en Chile, mediante la traición del militar Augusto Pinochet en septiembre de 1973.

El rol del canciller Reina

Ante las declaraciones de la embajadora Dogu sobre el proceso legislativo de renovación del Ministerio Público, el canciller Reina la llamó a su despacho para expresar la inconformidad de Tegucigalpa ante su postura.
Irías recuerda que no es la primera vez que el titular de Relaciones Exteriores apercibe a la representante del Gobierno de Joe Biden en la nación centroamericana.
"La cancillería, con ello, quiere mostrar una nueva política exterior, no de súbditos, como el mismo canciller ha dicho, sino una relación de respeto, una relación de colaboración y de considerar las normas diplomáticas", apunta el impulsor democrático.
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En un contexto político tan polarizante, opina Irías, que la embajadora estadounidense exprese públicamente desacuerdos al proceso legislativo "claramente lo que tiene como efecto es respaldar las posiciones de una oposición política que claramente en este momento se está articulando, con vista al nuevo proceso electoral (noviembre de 2025) o está buscando generar procesos de articulación".
La postura de Reina, señala el estudioso, mantiene la tensión entre los presidentes Castro y Biden, quienes sin embargo no rompen su relación en ámbitos estratégicos como la migración y el narcotráfico.

A examen, la relación del legislativo con el judicial

Claramente definidos como oposición, el Partido Liberal y el Partido Nacional de Honduras enfrentarán una nueva prueba legislativa de colaboración y tensión con el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), que arropa a Zelaya y Castro, durante el venidero nombramiento de nuevos titulares de la Corte Suprema de Justicia, recuerda Irías.
En la misma configuración del máximo tribunal hondureño, subraya el especialista en materia democrática, está expresada la polarización política del país, pues en sus escaños el partido gobernante no tiene mayoría, sino que se ve obligado a concertar con fuerzas de oposición numéricamente aventajadas.
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"Una prueba de fuego serán los recursos de inconstitucionalidad que se han presentado sobre el nombramiento interino del fiscal general y el fiscal general adjunto, la Sala de lo Constitucional tendrá que emitir una sentencia, esperamos que lo haga antes del término del receso del Congreso Nacional, que es el próximo 25 de enero, y ahí podrá saberse qué nivel de salud existe entre el legislativo y el poder judicial", evalúa.

La sombra del golpe de Estado

El golpe de Estado de 2009 sigue pesando mucho en la realidad de Honduras, donde la polarización actual expresa la continuidad de una larga crisis de la democracia, con diversas lesiones, a nivel político, económico, ambiental, de derechos humanos y de corrupción, entre otros factores, apunta Irías.
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"Estamos aún en una crisis de la democracia y con el riesgo de que la crisis legislativa (la agudice), incentivada por la fuerte polarización política interna y las presiones internacionales, especialmente del Gobierno de los Estados Unidos", concluye.
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