Pasaportes, chats y renuncias: lo que hay detrás de la crisis que golpea al Gobierno de Uruguay

Escuchas telefónicas y chats en que se acuerda ocultar pruebas a la justicia llevaron a la renuncia de dos ministros y sumieron al Gobierno de Luis Lacalle Pou en una "crisis política". Dos analistas consultados por Sputnik coincidieron en que las renuncias no saldan la preocupación por posibles vínculos entre política y narcotráfico.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, aún no puede dejar atrás la crisis política desatada en los primeros días de noviembre y que, además de motivar las renuncias de su canciller Francisco Bustillo y su ministro del Interior Luis Alberto Heber, podría llevarlo a declarar ante la justicia por irregularidades en el otorgamiento de un pasaporte a un narcotraficante que sigue prófugo.

El caso salió a la luz a finales de 2021, cuando Montevideo entregó un pasaporte al uruguayo Sebastián Marset, nacido en el país rioplatense y detenido en Emiratos Árabes Unidos por portar un pasaporte falso de Paraguay.

Si bien Marset no tenía antecedentes en Uruguay, sí era buscado en el Estado guaraní, donde se lo consideraba un peligroso narcotraficante.

El escándalo político por haber entregado el pasaporte, lo que facilitó que Marset saliera de prisión en Dubái y continuara prófugo, incluyó interpelaciones a los ministros Bustillo y Heber en 2022. En aquel momento, el oficialismo respaldó a los secretarios de Estado, considerando que el Gobierno uruguayo no sabía antes de entregarle el documento de identificación que el sujeto era un narcotraficante señalado por peligroso.

Un año después, grabaciones de llamadas y chats presentados ante la justicia por la ex vicecanciller Carolina Ache demostraron que los ministerios conocían el perfil de Marset y que incluso hubo gestiones para ocultar al parlamento que el Gobierno estaba al tanto de su historial delictivo.

La grabación de Bustillo pidiendo a Ache "perder el celular" para evitar brindar sus chats a la justicia y la cita a una reunión en la sede del poder ejecutivo para borrar los mensajes profundizaron las sospechas.

El 4 de noviembre, a su regreso de una visita a Washington, el presidente Lacalle Pou confirmó la renuncia de los ministros Bustillo y Heber, aunque consideró que no habían cometido ilegalidades en la gestión del pasaporte.

El mandatario sudamericano también confirmó que su secretario de prensa, Roberto Lafluf, convocó a una reunión a metros de su despacho, en la Torre Ejecutiva, aunque negó que el Gobierno hubiera eliminado pruebas requeridas por la justicia.

"Las renuncias eran una señal que todos esperaban, pero son insuficientes. No se puede pensar que la crisis está terminada cuando todavía hay muchas preguntas por responder", dijo a Sputnik el politólogo uruguayo Antonio Cardarello.

El analista consideró que las explicaciones de Montevideo no logran desactivar las dudas que se mantienen sobre el episodio. "Está la posibilidad de que sea solo un error político que se quiso tapar con una serie de irregularidades, la posibilidad de que haya sido un hecho de corrupción aislado o que exista una corrupción generalizada, lo que sería más grave", apuntó.

Narcotráfico y política

Cardarello advirtió sobre las preocupaciones que persisten ante posibles vínculos entre la política y el narcotráfico, y que puedan surgir a partir del otorgamiento del pasaporte a Marset, al que suma otros incidentes, como la fuga de una cárcel uruguaya del mafioso italiano Rocco Morabito en 2019 —aún con el Frente Amplio en el Gobierno— y otros cinco narcotraficantes que evadieron su prisión domiciliaria y se fugaron en 2023, según datos del propio Ministerio del Interior.

"Parecen ser llamados de alerta de que el narco tiene redes adentro de Uruguay y que el país no es una isla. Lo que hay que hacer es actuar rápido y dar señales a la población de que se está tomando en cuenta que esto es un peligro", opinó el politólogo, para quien el sistema político uruguayo debería avanzar en una ley de financiamiento de partidos políticos que sigue sin ser aprobada.

Consultado por Sputnik, el también politólogo Martín Freigedo aseguró que lo sucedido puede ser calificado como una "crisis política" que no afectó solamente al Gobierno, sino que también "tuvo repercusiones en el poder legislativo y el poder judicial".

Para Freigedo, no hay dudas de que el caso "seguirá teniendo repercusiones" en la política uruguaya ya que, si bien el oficialista Partido Nacional y la coalición de partidos que lo sustentan —integrada por el Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente— han buscado dar el tema por saldado, "ni la justicia ni la oposición en el parlamento han dado vuelta la página".

De hecho, la coalición izquierdista Frente Amplio intentó el martes 7 de noviembre que el asunto sea abordado en el Senado, generando una nueva discusión con el oficialismo, que en contraparte buscó evitar su tratamiento.

Mientras los miembros de la coalición gobernante se plegaron a la postura del presidente Lacalle Pou, el Frente Amplio buscó mostrarse más cauto y evitó el camino de un juicio político al presidente, mencionado en los chats investigados por la justicia.

Freigedo sostuvo que un juicio político contra el presidente sí podría dar lugar a una "crisis institucional" y atribuyó la cautela de la oposición a la estrategia que la fuerza política de izquierda comienza a desplegar de cara a las elecciones de octubre de 2024.

"Creo que se explica por la proximidad de las elecciones y la estrategia de atraer a cierto votante que vea al FA no como un partido de quiebre o radical, sino con un discurso moderado que ha primado", aseveró.

A un año de las elecciones, ¿cómo afecta el escándalo?

Ambos analistas coinciden en que el escándalo desatado en torno al pasaporte de Marset tendrá impacto en el próximo proceso electoral, que comenzará en junio de 2024 con las elecciones internas de los partidos.

De todos modos, aclararon que aún no puede medirse de qué manera impactarán negativamente en el oficialismo o si alcanzarán a porciones importantes del electorado.

"Tenemos que pensar que esto afecta a un público que está informado, que le interesa y sobre todo que tiene un voto que es pensado. Puede repercutir en un sector muy pequeño, pero a su vez muy volátil, y que se vuelve muy importante porque la última elección se definió por menos de un punto", apuntó Freigedo.

Para el analista, las preferencias electorales de los uruguayos parecen "no haber cambiado mucho" con respecto al balotaje de 2019, cuando los partidos que hoy conforman la coalición gobernante totalizaron 50,79% y superaron estrechamente al Frente Amplio, con el 49,21%.

Cardarello, en tanto, sumó al análisis otros episodios que golpearon al Gobierno en el 2023, como el procesamiento del jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, o la condena por varios delitos de abuso sexual infantil al senador oficialista Gustavo Penadés.

"La sucesión de hechos puede generar desconfianza, a pesar de que la mayoría de la ciudadanía no sigue el día a día el acontecer político al detalle. Si la gente percibe que hay mentiras y hay corrupción se genera un descreimiento en toda la política, pero en particular en los sectores que están en el Gobierno", interpretó el analista.

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