La guerra europea contra el carbono: ¿lucha por el medioambiente o "proteccionismo encubierto"?

La UE introduce un arancel ambiental a partir del 1 de octubre, con el objetivo declarado de evitar la fuga del carbono y convertirse en el primer continente neutro desde el punto de vista climático. Sin embargo, esta medida es criticada por los socios comerciales de la UE que la consideran una competencia desleal.

La iniciativa llamada Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) impondrá un gravamen a las importaciones de productos intensivos en carbono para que las empresas europeas, obligadas a cumplir la estricta legislación climática del continente, no tengan que hacer frente a la competencia de productores de fuera del bloque.

A partir del 1 de octubre, cuando entró en vigor la primera fase del CBAM, los importadores de seis industrias ricas en carbono —cemento, hierro y acero, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno— deberán empezar a informar sobre sus emisiones.

De acuerdo con Tim Figures, experto de Boston Consulting Group, ese mecanismo "tendrá implicaciones estratégicas y financieras para las compañías de todo el mundo".

"El domingo [1 de octubre] es solo el comienzo de un largo proceso, pero aunque algunas empresas no se vean afectadas de inmediato, puede que sí lo estén en una fase posterior, ya que la UE tiene la opción de incluir más industrias", profundizó el experto, citado por Bloomberg.

Sin embargo, la nueva norma ya se enfrentó a la resistencia de los principales socios comerciales de la UE, entre ellos Rusia y China, que sostienen que el mecanismo socava los principios del libre comercio. Además, la medida agravó las tensiones comerciales entre Bruselas y Washington, ya que el Gobierno de Biden exigió a principios de 2023 que sus exportaciones de acero y aluminio quedaran exentas.

Anteriormente, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, declaró que el impuesto sobre el carbono podría aumentar artificialmente la competitividad de los productos de los países europeos frente a los de otros Estados.

"En esencia, se trata de un proteccionismo encubierto, aunque bajo un pretexto muy loable, que impedirá el acceso de nuestras mercancías al mercado de la Unión Europea", añadió.

A su vez, en China destacan "la naturaleza injusta" del mecanismo introducido. De acuerdo con los analistas chinos Jiarui Zhong y Jiansuo Pei, los países en desarrollo creen que la competencia económica medida por la igualdad de costos de emisión es "intrínsecamente desleal".

"Los países en vías de desarrollo argumentan que los Estados desarrollados deberían soportar una mayor carga de mitigación [de emisiones de dióxido de carbono] que los países en desarrollo, ya sea con respecto a sus responsabilidades históricas o a sus capacidades actuales", afirman los expertos en su artículo publicado en la revista Climate Policy.

Si los países en desarrollo como Rusia, la India, Turquía, Sudáfrica o Ucrania buscan apegarse a las nuevas normativas del CBAM, se verán obligados reducir las emisiones de carbono, subrayan investigadores chinos.

Con respecto a las repercusiones económicas, los países desarrollados tendrán una ventaja en cuanto al incremento del producto interno bruto (PIB) que aumentaría, a modo de ejemplo, en la UE en un 0,1%. En cambio, los países en desarrollo, como la India, Rusia, Ucrania y Sudáfrica, experimentarían un descenso del PIB debido a la implementación del CBAM.

Cambios en el PIB, el bienestar y las emisiones del dióxido de carbono (%)

© Foto : ScienceDirect / Xinlu Sun et al. / GDP, welfare and CO2 emissions changes

De esta manera, la UE sería la principal beneficiaria del CBAM, con un aumento del bienestar de 2.600 millones de dólares. La industria química en Malasia sería el sector más afectado por el mecanismo, mientras que Ucrania experimentaría el mayor perjuicio económico dada su pérdida de exportaciones en la industria de metales ferrosos, indica otro estudio en ScienceDirect.

En la segunda fase del CBAM, que entrará en vigor en enero de 2026, las empresas deberán pagar una tasa progresiva en función de los precios del mercado de carbono de la UE, con el objetivo oficial de reducir la emisión de gases de efecto invernadero al menos un 55% esta década de 2020 respecto al nivel registrado en la de 1990 y alcanzar la neutralidad climática a mediados de siglo.