Los jóvenes de México siguen siendo la 'carne de cañón' en la guerra contra el narcotráfico

En la vorágine violenta que se vive en México desde hace 15 años a causa del crimen organizado, los jóvenes son 'la carne de cañón' de este conflicto, pues son los que aportan la mayor cantidad de víctimas fatales, según las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De las 32.223 víctimas de homicidio que registraron las autoridades en 2022, el 49,7% (16.021) tenía menos de 35 años y el 61,5% (18.832) tenía menos de 40 años. En tanto, las víctimas de homicidio de entre 15 y 19 años de edad en 2022 sumaron un total de 2.233.

Entre los de 10 a 14 años hubo 198 víctimas; entre los de 5 a 9 años, 88; en la franja etaria de 1 a 4 años de edad, 68, mientras que 61 menores de un año fueron víctimas de asesinato el año pasado.

La franja de edad con mayor número de víctimas de homicidio es la de 25 a 29 años de edad, con 4.767 personas muertas en 2022, seguido por los de edades de entre 30 a 34 años, con 4.460 fallecimientos, y por los de 20 a 24, con 4.157 defunciones.

Homicidios en México por franja de edad en 2022

Menos de un año	61
1-4 años	68
5-9	77
10-14	198
15-19	2.233
20-24	4.157
25-29	4.767
30-34	4.460
35-39	3.811

Solo en estas tres franjas de edad; es decir, las personas entre 20 y 34 años de edad, el Inegi reporta 13.384 víctimas de homicidio en 2022, un 41,5% del total de defunciones.

Estos jóvenes, de 20 a 34 años, son los que han aportado el mayor número de muertos por homicidio desde 2010, cuando hubo un aumento drástico en el número de asesinatos en el marco de la violencia vinculada con grupos de la delincuencia organizada durante la Administración del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).

Solo en la franja de edades entre 25 y 29 años de edad, se registran 64.620 víctimas de homicidio de 2006 a 2022, una cifra que hace trizas las esperanzas puestas en el llamado bono demográfico en México, un concepto según el cual, a inicios del siglo XXI, México iba a tener la oportunidad de detonar un crecimiento económico debido a que la mayor parte de su población estaría en una edad productiva.

"Las y los jóvenes son la carne de cañón del conflicto armado interno que vive México", afirma en entrevista con Sputnik Carlos Cruz Santiago, fundador y presidente de la asociación civil Cauce Ciudadano, que desarrolla acciones de prevención social de la violencia en varios estados del país.

"A las juventudes se les sigue quedando a deber", dice el activista, quien recomienda ver las cifras de homicidio de jóvenes, no de manera aislada, sino en conjunto con otros indicadores como el reclutamiento forzado, las desapariciones y el aumento en los casos de explotación sexual y pornografía, en la que la mayoría de las víctimas son jóvenes.

Homicidios de personas de entre 25 y 29 años de edad en México

2010	4.125
2011	4.190
2012	3.792
2013	3.314
2014	2.728
2015	2.943
2016	3.618
2017	4.857
2018	5.649
2019	5.956
2020	5.650
2021	5.358
2022	4.767

"La gente siempre dice que los jóvenes son peligrosos, pero no: los jóvenes están en peligro y esto es lo que venimos diciendo desde hace años y es lo que estamos observando en este momento", advierte el activista.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, hasta el 30 de julio de este año había 65.056 personas menores de 34 años de edad en esta condición en el país, es decir, el 58,6% de las 110.970 personas registradas por las autoridades.

Se cuenta con escasa información que muestre cuántas niñas, niños y adolescentes están involucrados en el crimen organizado, sin embargo, se cree que hay aproximadamente 30.000 participando como espías, combatientes, mensajeros, cocineros y explotados sexuales, según una investigación de la organización Reinserta, publicada en 2021.

Programas sociales, insuficientes

Para Carlos Cruz, es posible que los programas del Gobierno federal como las becas para estudiantes o Jóvenes Construyendo el Futuro se hayan quedado en sectores de clase media y no estén llegando a las poblaciones rurales del país.

"La criminalidad cambió y tiene una presencia de un tipo en las zonas urbanas y una mucho más violenta y criminal en las zonas rurales", explica en referencia a poblaciones de menos de 30.000 habitantes, donde, dice, hay "otro nivel de daño" frente al crimen organizado, al reclutamiento forzado, la desaparición y el homicidio de personas jóvenes.

Pero más allá del debate sobre si los programas sociales destinados a jóvenes están funcionando, Cruz hace énfasis en que hay diversos territorios en donde la fuerza criminal es mucho más contundente que la del Estado mexicano, entendiendo el Estado no solo como el Gobierno, sino como la sociedad civil, las Fuerzas Armadas, la Policía, el capital (las empresas) y los empresarios.

"Y a pesar de tener todos estos instrumentos, hay lugares en donde la violencia criminal es mucho más fuerte que el Estado mexicano", dice el activista.

"Y también hay que decir —afirma Cruz— que son jóvenes asesinando jóvenes, jóvenes desapareciendo jóvenes y jóvenes reclutando jóvenes".

Para este activista, quien en algún momento formó parte de una pandilla, y que lleva años trabajando con jóvenes en conflicto con la ley, junto con los programas sociales también debe haber una acción judicial en contra de los grupos criminales, desmantelamiento financiero y patrimonial de estas organizaciones, y que estas investigaciones e inteligencia también lleven a rescatar a los jóvenes.

Si hay indicios de que en alguna zona del país se está reclutando a jóvenes, tiene que haber una intervención inmediata de las autoridades, señala el experto.

A veces, dice, la entrada de los jóvenes a los grupos criminales es el único mecanismo por el cual encuentran protección, porque hay muchos adolescentes y jóvenes que se involucran por miedo.

"La construcción de la seguridad en México y en América Latina está basada en el miedo y no hay una construcción de la seguridad basada en romper el miedo para poder vivir en libertad", observa.

Soporte económico de sus familias... y del país

De acuerdo con la base del Inegi, una enorme mayoría de las víctimas de homicidio en 2022 no había terminado el bachillerato. Una tercera parte (10.121) del total de víctimas tenía la secundaria terminada y 7.333 había concluido la primaria. Solo alrededor de 10% (3.826 víctimas) contaban con una carrera universitaria.

"Los jóvenes no solamente necesitan ser protegidos; también necesitamos encontrar mecanismos para su participación y, sobre todo, mecanismos para que entren en políticas de desarrollo, que puedan desarrollarse en la vida académica, en la vida económica, en la vida amorosa a final de cuentas", dice Cruz Santiago.

Javier Oliva Posada, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) especializado en políticas de Seguridad y Defensa Nacional, hace hincapié en que la violencia armada en el país ya es la principal causa de muerte entre jóvenes y adolescentes, más aún que los accidentes.

"Sé que es un poco descarnado hablar así, pero eso te lleva también a una disminución de Producto Interno Bruto; la mayor parte de ellos, por su posición económica y la situación en la que se encontraban, eran el soporte económico de sus familias o parte del mismo, o bien eran jóvenes que estaban comenzando su vida familiar independiente", apunta el especialista.

Para Oliva, la muerte de jóvenes por homicidio coloca al país latinoamericano en una situación muy difícil, no solo en términos de violencia, sino por las consecuencias socioeconómicas y políticas a las que se va a enfrentar en los próximos años, que no se ven en el corto plazo, pero que indudablemente se van a padecer.

"Vamos a observar esta merma notable de jóvenes insertados en el mercado de trabajo", dice Oliva, quien señala como parte de las causas de esta situación a la falta de continuidad en las políticas de seguridad de la Administración de Andrés Manuel López Obrador y las anteriores, así como en la improvisación de funcionarios públicos.

"Tenemos estos resultados como una acumulación de estas cosas que se han dejado de hacer o que no se han hecho bien", agrega.

"La política de seguridad del país está en otro lugar, no sé dónde está realmente, pero no se está atendiendo a los jóvenes", sugiere Víctor Mendoza, un investigador y facilitador comunitario que en los últimos 10 años ha trabajado con poblaciones juveniles en proyectos relacionados con prevención de la violencia, derechos y ciudadanía juvenil.

Mendoza explica, por ejemplo, que el Instituto de la Juventud dejó de tener incidencia en las políticas del país cuando ocurrió el cambio de Gobierno en 2018, perdiéndose así el trabajo con el que se había avanzado.

Para Mendoza, es evidente que hay algo que no está funcionando en la prevención de la violencia, aun cuando se han implementado los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, tan pregonados por el presidente López Obrador.

"Si bien hubo un esfuerzo por contribuir a la economía de los jóvenes, me parece evidente que no necesariamente vino a beneficiarlos o vino a garantizar la seguridad. Aunque se atendió una parte económica y una parte dirigida a la formación laboral, la pregunta sería: ¿por qué hay tanta gente asesinada en este rango de edad?", cuestiona Mendoza, quien ha llevado a cabo proyectos de investigación e intervención social en ciudades como Culiacán, Monterrey, Chilpancingo, San Cristóbal de las Casas, Ciudad Juárez, Guatemala y San Salvador.

"¿Qué dejó de ofrecer el empresariado mexicano para los jóvenes?, ¿qué dejó de ofrecer el Estado?, ¿qué dejamos de ofrecer como sociedad civil?, ¿qué dejó de ofrecer en el modelo educativo para que los pudiéramos retener? Creo que ahí hay un vacío de poder (...) que es rellenado por la delincuencia organizada en México y en el mundo", señala Cruz.

Territorio, territorio, territorio

Tanto para Víctor Mendoza como para Carlos Cruz las posibles salidas hacia una contención de los crímenes que está afectado a los jóvenes pasa por el trabajo en el territorio, una labor que, dicen, tiene que hacer el Gobierno en coordinación con la sociedad civil y las organizaciones que conocen las necesidades y la problemática.

"Hay que escuchar a los jóvenes", enfatiza Cruz, para quien es fundamental una "reconciliación" entre las autoridades y las organizaciones civiles, porque solo así se podrá iniciar el proceso de construcción de una política de paz.

"Cada vez que haya un adolescente sicario, México será un México sicario. Hasta que no entendamos eso, hasta que no nos duela esa frase, no vamos a dar un paso para decir que necesitamos caminar en ese sentido", concluye activista.

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