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El presidente de Argentina acudirá a la Justicia por la reforma en Jujuy que desató protestas

© AP Photo / Natacha PisarenkoAlberto Fernández
Alberto Fernández - Sputnik Mundo, 1920, 22.06.2023
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BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno de Alberto Fernández recurrirá a la Justicia para investigar la posible inconstitucionalidad de la reforma parcial de la Constitución de la provincia de Jujuy (norte) promovida por su gobernador, Gerardo Morales, que delimita el derecho de protesta al prohibir los cortes de carretera.
"He instruido al Ministerio de Justicia de la nación para que analice y, eventualmente, promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy que violan la Constitución nacional y los tratados internacionales", informó el mandatario en un vídeo publicado el 21 de junio.
El mandatario mencionó la preocupación expresada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a la represión de las protestas y a la falta de la participación de las comunidades indígenas en la modificación de la legislación provincial.
El gobernante también urgió al gobernador de Jujuy a que cumpla con los estándares internacionales en esta materia.
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Fernández invitó a Morales, precandidato presidencial por la principal coalición opositora del país, Juntos por el Cambio, a que convoque a las comunidades indígenas y al resto de la sociedad civil "para superar el conflicto que ha provocado acciones antidemocráticas" y se puso a disposición para facilitar el diálogo.
"A 40 años del retorno de la democracia, es inadmisible que la violencia estatal sea la respuesta de un Gobierno a los reclamos legítimos y a las expresiones de sus comunidades", reprochó.
"Negar el derecho a la protesta es cercenar las libertades constitucionales y maniatar nuestra vida democrática", agregó el presidente argentino.
El jefe de Estado cuestionó, además, que Jujuy se haya convertido en un "banco de prueba de la represión y el saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante".
El representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Jan Jarab, reclamó este 21 de junio una investigación de las vulneraciones a los derechos humanos que presuntamente se cometieron durante la represión de las movilizaciones al norte de la nación sudamericana.
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Para las Naciones Unidas, "la libre circulación vehicular y peatonal no debe anteponerse a la libertad de reunión pacífica ni a la participación democrática, pese a las perturbaciones que estas puedan generar".
En una carta enviada el martes al gobernador Morales, Jarab remarcó la preocupación de su Oficina por la represión desencadenada por las fuerzas de seguridad y por las disposiciones que refleja la reforma constitucional aprobada ese mismo día, lo que provocó nuevas protestas que fueron reprimidas por parte de las fuerzas de seguridad con balas de goma y gases lacrimógenos.
El 20 de junio, al menos 170 personas resultaron heridas —una de gravedad por sufrir un traumatismo de cráneo— y otras 68 fueron detenidas durante la represión de las movilizaciones que tuvieron lugar en las inmediaciones de la Legislatura de la provincia, donde se aprobó la controvertida reforma.
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Tras varios días de movilizaciones en contra de la modificación de la legislación local, el mandatario provincial de Jujuy sí aceptó el 19 de junio retirar de la reforma dos artículos aprobados el 15 de junio que versaban sobre los derechos de las comunidades indígenas y la posesión de las tierras.

En Jujuy, el 7,8% de la población se reconoce indígena, frente al 2,3% de los habitantes que en el resto del país se asumen como descendientes de los pueblos originarios, según el Censo Nacional de 2010.

Varios sindicatos docentes de todo el país convocaron una huelga de 48 horas, mientras que miles de personas se manifestaron en la mañana de este miércoles en la capital argentina para protestar contra la represión en la provincia del norte del país.
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