Los Gobiernos de la UE buscan un "cheque en blanco" para espiar a periodistas y sus fuentes

Los Gobiernos de la UE estudian la posibilidad de legalizar la vigilancia de los periodistas, al enmendar la ley correspondiente de la eurozona, haciendo alusión a asuntos de la "seguridad nacional", según indican documentos de las negociaciones en curso obtenidos por el medio 'InfoLibre'.

La importancia del artículo 4 de la ley europea de Libertad de los Medios de Comunicación reside en que está prohibido a nivel europeo aplicar medidas coercitivas contra los periodistas con el objetivo de obtener sus fuentes de información, así como vigilar sus comunicaciones. De acuerdo con la normativa, ningún programa espía debe ser usada en los ordenadores y teléfonos de los trabajadores de la prensa.

Ahora, los Gobiernos de la Unión Europea (UE) intentan levantar este derecho de inmunidad y permitir el uso de programas espías cuando lo consideren "necesario para la seguridad nacional", se desprende de los documentos de las negociaciones a los que tuvo acceso el medio.

"Están poniendo visiblemente en peligro la libertad de expresión y la diversidad de los medios en varios países de la UE, sobre todo en Polonia y Hungría, pero también en otros lugares", afirma la publicación, añadiendo que los expertos del informe anual Media Pluralism Monitor del Instituto Universitario Europeo de Florencia, llevan años advirtiendo sobre tal problema.

Según el texto, durante las consultaciones a puerta cerrada del Consejo de la UE, ninguno de los representantes de 27 Estados se opuso a la propuesta de enmendar el artículo 4 inicialmente presentada por Francia. Como consecuencia, la última versión del proyecto de ley contiene una frase adicional: "Se entiende sin perjuicio de la responsabilidad de los Estados miembros de salvaguardar la seguridad nacional".

Aunque la ministra alemana de Cultura y Medios de Comunicación, Claudia Roth, trató de explicar a la sociedad que la medida está diseñada solo para facilitar competencias estatales en el ámbito de la seguridad nacional, la Federación Europea de Periodistas lo encontró "engañoso". La agrupación subrayó que "la actual propuesta del Consejo no contiene ninguna disposición sobre la protección de los derechos fundamentales".

Los representantes de los gobiernos de Francia, Alemania, Países Bajos, no presentaron explicaciones plenas de las razones su apoyo a los cambios en el artículo 4, haciendo alusión solo a la importancia de la seguridad nacional. Además, basando en el informe diplomático alemán, el artículo añade que la República Checa, Luxemburgo y Grecia también "apoyaron explícitamente" la petición francesa.

Cabe destacar que los periodistas europeos ya han sido víctimas de la vigilancia a través de programas espía especiales como Pegasus y Predator. En España, en particular, los periodistas que informaban sobre el independentismo catalán fueron objeto de este tipo de seguimiento.

Otra víctima de tal espionaje ha sido el periodista griego Thanasis Koukakis, quien también se pronunció al respecto.

"Mi caso demuestra lo fácil que es utilizar la seguridad nacional como pretexto para amenazar a los periodistas y a sus fuentes. (...) Sería muy decepcionante que la UE aprobara una ley que legalice este tipo de medidas sin control externo ni escrutinio público. Esa no sería la Europa de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE", denuncia.

El Parlamento Europeo creó entonces una comisión especial para investigar los precedentes y prohibió el uso de los software de este tipo hasta que no hubiera una lista de razones específicas para utilizarlo. De hecho, la eurodiputada neerlandesa Sophie in't Veld, quien dirigió esta comisión, considera que sería un "desastre" y destacó que la excusa de seguridad nacional solo servirá de "cheque en blanco".

"Pero parece que a algunos gobiernos de la UE les importan poco las preocupaciones del Parlamento", afirma la publicación.

Está previsto que estas enmiendas se materialicen esta semana, cuando se vaya a adoptar la posición del Consejo sobre la ley europea de Libertad de los Medios de Comunicación. Con ello cabe destacar que para que los cambios se hagan efectivos hará falta la aprobación tanto del Consejo como del Parlamento Europeo.

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