50 años del golpe de Estado en Chile: consejos de guerra, otro método de represión política

Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, la dictadura chilena estableció consejos de guerra en todo su territorio, que juzgaron y condenaron a cientos de funcionarios y simpatizantes del Gobierno de Salvador Allende (1970-1973). A 50 años de los hechos, las sentencias de dichos tribunales están siendo anuladas por la Corte Suprema.

El 20 de marzo de 2023, el máximo tribunal de justicia de Chile declaró como "injustificadamente errónea" la sentencia del consejo de guerra Rol N.º 5-1973 del Campo de Prisioneros de Pisagua, emitida por el órgano castrense en noviembre de 1973 y que condenó a Germán Palominos Lamas a la pena de muerte, por delitos relativos a la seguridad interior del Estado. El fallo se entrega 50 años después de sucedida la ejecución de prisioneros en la pequeña caleta nortina.

"Los consejos de guerra fueron una decisión desde la misma dictadura, desde la Junta [militar] para sancionar a quienes participaron como funcionarios, como adherentes, como sostenedores políticos del Gobierno de la Unidad Popular. Por tanto, fueron utilizados como un método de castigo, como un método de represión", señala a Sputnik el abogado Boris Hau, máster en Gobernanza y Derechos Humanos y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

Palominos era carpintero mueblista de la ciudad de Iquique y tenía 25 años. Militante del Partido Socialista, fue detenido el 23 de septiembre de 1973 por personal del Ejército, llevado al Regimiento de Telecomunicaciones de la ciudad del norte y desde allí al Campamento de Prisioneros de Pisagua, lugar donde fue sometido a un consejo de guerra.

El joven militante fue ejecutado, al costado del cementerio de Pisagua, el 1 de diciembre de 1973 por personal militar y policial, y su cuerpo sepultado ilegalmente. Sus restos fueron encontrados en 1990 en una fosa clandestina de esa localidad costera.

"Los consejos de guerra establecidos durante la dictadura militar constituyen un ejemplo muy claro de vulneración de los principios más elementales del derecho, tanto en su parte sustantiva, por violar el principio de legalidad penal al aplicar retroactivamente leyes penales más graves; como en el aspecto funcional o procedimental, respecto de las reglas del debido proceso, como es el caso de la falta de imparcialidad e independencia del tribunal, porque todos los jueces eran militares y además no letrados, subordinados al mando castrense", explica a Sputnik el abogado de DDHH Alberto Espinoza, de la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas (FASIC).

Método 'legal' de represión

Tras el golpe del 11 de septiembre de 1973, la dictadura chilena dio inicio a una brutal persecución contra los partidarios del Gobierno de Salvador Allende y militantes de izquierda, lo que se tradujo en detenciones masivas, torturas, ejecuciones y desaparición de personas.

"Los consejos de guerra fueron un instrumento más al servicio de la represión, con total impunidad", advierte Espinoza.

Para establecer estos tribunales, según lo reglamenta el Código de Justicia Militar, debía existir un estado de guerra, "que fue creado ficticiamente por la Junta Militar, declarando a través del Decreto Ley N.° 5 del 12 de septiembre de 1973 que el estado de sitio decretado por conmoción interna debe entenderse como estado de guerra", explica el abogado.

Sin embargo, "el 'enemigo' estaba neutralizado desde el mismo 11 de septiembre, por lo que la situación de guerra interna que invocaba la dictadura para cometer sus arbitrariedades no existió en la realidad", indica Hau. Para el académico, la implementación de los consejos fue otra forma más "legal" para aplicar castigos.

Los consejos de guerra de la dictadura chilena funcionaron desde noviembre de 1973 hasta 1981. Pero fue en los dos primeros años, tras el golpe de Estado, que actuaron de forma sistemática y masiva.

Según el proyecto de investigación Archivos Chile, tras el 11 de septiembre de 1973 se abrieron cerca de 400 sumarios en contra de prisioneros políticos, y algunos pocos en contra de militares por diversos delitos no relacionados con la represión política. De esos sumarios, unos 200 correspondían a prisioneros del Estadio Nacional y la gran mayoría fueron instruidos por fiscales de Carabineros (policía militarizada).

"Fui detenido el 14 de septiembre de 1973 al interior del fundo La Unión en Maipú junto con cinco compañeros más, por un grupo de soldados que luego nos entregaron a carabineros de la Comisaria de Maipú. Nos acusaron de ser parte de quienes habían resistido de forma armada al golpe militar. Estábamos desarmados y no éramos campesinos", relata a Sputnik Guillermo Rodríguez, exprisionero político, quien fue sometido a dos consejos de guerra.

"Luego de la comisaria de Maipú, donde fuimos golpeados y torturados sin pregunta alguna, fuimos trasladados al Estadio Nacional", detalla Rodríguez. Posteriormente, fue llevado a la penitenciaria, donde "por una delación" fue incorporado al proceso judicial iniciado por el coronel Alberto Parodi de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) contra varios detenidos, algunos ligados al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

"Desde finales de 1973 y parte de 1974, el fiscal fue realizando diversas pesquisas e interrogatorios y estábamos informados de que terminaría en un consejo de guerra", rememora.

El coronel Parodi actuó como fiscal y otros oficiales de la FACH como jueces en el proceso que juzgó a Guillermo Rodríguez y los demás detenidos por supuestos delitos que fueron perpetrados con anterioridad a la instauración del estado de guerra.

"Cada uno de nosotros, los prisioneros de guerra, como nos definían, contábamos con abogados particulares. Mi defensa la tomó un abogado apellidado Echeverría que no alcanzó a decir mucho porque lo hicieron callar y no habló nada después", relata Rodríguez.

"Se me acuso ser parte del MIR de Maipú y responsable de una acción que significo la muerte de un compañero nuestro. Fui condenado a 23 años", recuerda.

Violación del debido proceso

"Estos consejos de guerra en su implementación violaron una serie de principios" del debido proceso, reseña Boris Hau.

"En un proceso judicial existen dos etapas que son el juzgamiento y la investigación, y la realizan dos instituciones distintas. Quien investiga es la fiscalía y quien juzga son los jueces. Bueno, aquí era la misma institución: eran militares los que investigaban y eran militares los que juzgaban".

A esto se suma que en todo debido proceso se debe respetar el principio que nadie podrá ser juzgado, sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. "Aquí fue todo lo contrario, se instaló el consejo de guerra, y se juzgó a personas por delitos cometidos antes de la instalación de estos juzgados de guerra", denuncia Hau.

También se sentenció por delitos que las personas no conocían, y lo más grave, según explica el letrado, se los juzgó a partir de confesiones obtenidas bajo tortura, "producto de los interrogatorios es que se fundamentaron esas acusaciones".

Sumadas a estas irregularidades, "las sentencias se pronunciaban en una única instancia, sin posibilidad de presentar recursos procesales en contra" de estas, señala el jurista Espinoza. "Situación agravada por la renuncia de la Corte Suprema a ejercer su función jurisdiccional respecto a las sentencias dictadas por los consejos de guerra, por la imposibilidad de ejercer debidamente el derecho a defensa".

Pocos días después del golpe de Estado, los cuatro miembros de la Junta Militar visitaron la Corte Suprema. El entonces presidente del máximo tribunal, Enrique Urrutia, manifestó su complacencia con las nuevas autoridades y les deseó éxito en su gestión.

"La Corte Suprema se subordina a los golpistas, declarando a través de su presidente Enrique Urrutia Manzano su 'íntima complacencia' con los propósitos del nuevo Gobierno, declaración que hace suya el pleno de la Corte Suprema el 13 de septiembre de 1973", acusa Espinoza.

"Esta declaración deja en evidencia la renuncia del Poder Judicial a su rol cautelar de derechos fundamentales, lo que permite el funcionamiento de los consejos de guerra establecidos en el Código de Justicia Militar sin ningún control jurisdiccional", explica.

Una defensa heroica

El 4 de octubre de 1973 se funda el Comité Pro Paz, institución creada a instancias de la Iglesia católica, Iglesias protestantes y de la comunidad judía, con el objetivo de recibir las denuncias de familiares de los perseguidos por la dictadura y procurar defensa a los presos políticos del régimen.

Espinoza destacó el trabajo de los abogados del Comité Pro Paz "que ejercieron el derecho a defensa de los acusados".

"Se pusieron al servicio de la noble causa de defender, bajo condiciones de riesgo personal en el contexto de una represión desatada, a personas injustamente acusadas, teniendo como única herramienta el derecho y ley, vulnerada flagrantemente de manera tan inhumana y degradante por la dictadura militar a través de los consejos de guerra y de la justicia militar en general", afirma.

"La acción de los abogados del Comité Pro Paz adquiere a través del tiempo una dimensión heroica", añade Espinoza.

Corte Interamericana

La actuación de los consejos de guerra también provocó la preocupación de algunas instancias internacionales. En 1974, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Chile a fin de constatar la situación judicial vigente en el país, recomendando "que pueda verificarse la regularidad de los procedimientos".

41 años después, la Corte IDH, a partir de una denuncia efectuada en 2003 por el caso de 12 personas condenadas por un consejo de guerra, se pronunció frente a la solicitud que se hiciera efectiva la responsabilidad internacional del Estado de Chile ante la denegación de justicia en perjuicio de estas personas.

La causa, caratulada como el caso Omar Maldonado y otros vs. Chile, ordena anular los consejos de guerra porque quienes fueron condenados eran prisioneros políticos y sus testimonios fueron obtenidos a través de malos tratos y tortura. A ellos se suma la falta de respuesta estatal frente a los recursos de revisión y reposición interpuestos para dejar sin efecto un proceso penal llevado a cabo por un consejo de guerra.

Dicho proceso derivó en la condena de estas personas a penas privativas de libertad e incluso a penas de muerte, que más tarde fueron conmutadas por extrañamiento.

El caso Maldonado vs. Chile es un "antecedente fundamental" que "le ha permitido a la Corte Suprema construir el fundamento de nuevos antecedentes para revisar las sentencias de los consejos de guerra y anularlas", puntualiza Espinoza.

Para Guillermo Rodríguez, "la anulación me parece un acto de justicia más que un acto que tenga efectos concretos, porque la mayoría de esas penas con el tiempo prescribieron".

Por su parte, Boris Hau, reflexiona acerca de lo justo que a 50 años de sucedidos estos hechos, "el Estado reconoce la ilegalidad de los consejos de guerra, que no fueron acordes a los derechos humanos, y al reconocerlo realiza un acto de reparación".

"La sociedad chilena en su conjunto lo que debe aprender es que nunca más tengamos consejos de guerra en nuestro país, que nunca más se produzcan irregularidades en procesos judiciales, y que nunca más tengamos chilenos que vivan la prisión política", concluye.

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