La corrupción del viejo zar contra las drogas de México alcanza al PAN

El exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, detenido en EEUU por tráfico de drogas, delincuencia organizada y declaraciones falsas, contaba con una extensa red de financiamiento para llevar a cabo sus delitos. Una red que, según las autoridades mexicanas, se extendió hasta el principal partido político mexicano de derecha: el PAN.

El exfuncionario es responsable de haber ayudado al cartel de Sinaloa, grupo delictivo al que brindó protección e impunidad a cambio de sobornos millonarios que le beneficiaron a él y a su equipo cercano de colaboradores en el Gobierno, según determinó un jurado estadounidense el pasado 21 de febrero.

Sputnik explica, con base en una investigación oficial del Gobierno mexicano, de qué modo el hombre al que le había sido encomendada la lucha contra los carteles de la droga utilizó su puesto público para mover enormes cantidades de dinero.

Las operaciones del exfuncionario fueron exhibidas este 9 de marzo por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana, que dio a conocer cómo era la red financiera de Genaro García Luna, en la cual sale manchado el Partido Acción Nacional (PAN), que actualmente es uno de los grupos de oposición más importantes en el país latinoamericano.

"De 2006 a 2012, dos entidades del Gobierno federal suscribieron 10 contratos con empresas involucradas en el entramado García Luna, por un monto total de 316.675.995 dólares. Ninguno de esos contratos fue sometido a licitación alguna y casi todos fueron contratados con empresas extranjeras, que formaban parte de una trama de corrupción encabezada por [el secretario de Seguridad Pública]", informó el titular de la UIF, Pablo Gómez.

Todos esos contratos fueron cerrados durante la Administración del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), quien pertenece al PAN.

De hecho, las autoridades locales detallaron que este partido de derecha tuvo una relación comercial con Glac Security Consulting Technology Risk Management, una compañía ligada a García Luna, a la cual el exfuncionario de seguridad hizo una transferencia en abril del 2015.

Los detalles sobre las compañías

El funcionario mexicano destacó que a la empresa Nice Systems le correspondieron tres contratos por parte de la extinta Policía Federal que, en ese entonces, estaba liderada por el comisionado Rodrigo Esparza Cristerna. Estos tuvieron un monto total de 69.100.000 dólares.

"En general, [el motivo de estos documentos] fue la instalación de sistemas de localización de comunicaciones GSM, UMTS y CDMA, así como de un centro de rastro de localización de comunicaciones y redes celulares", agregó.

La segunda empresa, NUNVAV, tuvo dos contratos que también iban dirigidos a la vieja Policía Federal. El monto total fue de 14.500.000 dólares y, en uno de ellos, intervino Luis Cárdenas Palomino, extitular de la División de Seguridad Regional y actualmente preso.

Estos fueron empleados para la instalación, administración y mantenimiento de sistemas electrónicos de seguridad y telecomunicaciones, además de infraestructura complementaria para el servicio integral de seguridad electrónica, informática y de telecomunicaciones.

Posteriormente, esta misma compañía tuvo otros cinco contratos por parte del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRES), que era encabezado por el general Eduardo Enrique Gómez García y con la participación de Gonzalo Villarreal Guerra, quien fungía como coordinador general de Centros Federal.

En esta ocasión, el monto fue de 233.075.995 dólares. El propósito fue instalar sistemas integrales de micrófonos, cámaras y equipo tecnológico especializado en control y supervisión en penales federales.

¿Qué pasó después del Gobierno de Calderón?

De acuerdo con el titular de la UIF, la trama de corrupción de García Luna continuó durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Para ese periodo, se suscribieron 19 contratos con tres dependencias del Gobierno federal, por un total de 410.101.358 dólares y 363.866.666 pesos.

Nueve de los convenios fueron otorgados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) a la empresa NUNVAV. De estos, ocho se suscribieron cuando el director general del sitio era Eugenio Ímaz Gispert y fueron por un monto de 44.219.327 dólares y 15.000.000 de pesos. El último estaba a cargo del siguiente titular del CISEN, Alberto Baz Baz Sacal y fue por 52.200.000 pesos

El motivo de los contratos era la compra de equipos de comunicación especializada y estratégica, mantenimiento de tecnología de comunicación e instalación de plataforma de seguridad nacional.

El siguiente grupo de tratos del CISEN fue con NUNVAV Technologies, con quien firmó cinco acuerdos. Estos se solicitaron en el periodo de Ímaz Gispert por un monto de 208.832.031 dólares.

"Aunque las empresas NUNVAV y NUNVAV Technologies son distintas, tienen los mismos dueños, el mismo personal", puntualizó Gómez.

Posteriormente, la empresa NUNVAV ganó cinco contratos del Organismo de Prisiones, que en ese entonces estaba a cargo de Eduardo Guerrero Durán. Cuatro contratos fueron por 157.050.000 dólares y uno por 270.000.000 pesos.

"Durante el mismo periodo, es decir, de 2012 a 2018, en el ámbito de la Administración pública de la Ciudad [de México], se hicieron tres contratos", agregó sin detallar el objetivo de los mismos.

Pablo Gómez indicó que NUNVAV, NUNVAV Technologies y Nice Systems pertenecen al entramado internacional. Pero existe una en México: Glac Security Consulting Technology Risk Management, la cual, según él, "es una sociedad civil mexicana instalada de acuerdo con las leyes locales, cuyos dueños son García Luna y Linda Cristina Pereyra, su esposa", destacó el funcionario.

Los personajes involucrados

Pablo Gómez precisó que las compañías NUNVAV y NUNVAV Technologies "son controladas corporativamente por una sola familia en Estados Unidos que se apellida Weinberg". El dinero generado por estas corporaciones tenía Barbados como destino.

Sumado a ello, NUNVAV dio a García Luna 10.000.000 de dólares cuando se mudó a Florida, esto al finalizar el Gobierno de Calderón.

"Esto fue lo que permitió que el Gobierno de México pudiera presentar la denuncia civil reclamando todo el conjunto del dinero de esas operaciones ilícitas y dando como evidencia esta transferencia porque esas empresas son también la tesorería de García Luna. [el exfuncionario] no solamente tiene propiedades en [esa región] sino dinero invertido en esas compañías que, desde luego, oculto", aseveró.

En el informe, el titular de la UIF también dio a conocer otros ingresos relacionados con el entramado de García Luna, tanto nacionales como internacionales.

"Por ejemplo, tenemos una operación bancaria el 24 de abril de 2015 pagada por transferencia del Partido Acción Nacional (PAN) hacia Glac Security […]. Fue por 1.160.000 pesos. El conecte comercial que había entre ambos no era ajeno", dijo.

Posteriormente, el funcionario mexicano habló de Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna, quien, aseguró Gómez, tuvo una participación importante en este entramado.

"Ella no es simplemente un familiar del jefe del operativo, sino que participa. Compareció en Brooklyn y explicó el origen del dinero que tienen, detalló sueldos y actividades de otro tipo".

"Ella administra y sigue administrándolos, pero no los puede vender sin permiso del demandante. Nosotros estamos [interponiendo una querella] por las cuatro propiedades", anunció el líder de la UIF.

Gómez expuso que Pereyra tiene una denuncia en su contra, emitida a través de la Unidad de Inteligencia financiera, por operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos. Está presuntamente implicada, "al igual que varios de sus familiares han sido beneficiados de parte de este inmenso botín que se generó a través de la Secretaría de Seguridad Pública, en la época de García Luna, y de la Secretaría de Gobernación, con [Miguel Ángel] Osorio Chong".

Asimismo, el titular de la UIF hizo hincapié en que están abiertas las carpetas de investigación y que competerá a la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana emitir las órdenes de aprehensión, en caso de que lo considere pertinente.

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