El Gobierno de Argentina envía al Congreso preacuerdo con el FMI para su sanción

BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno argentino remitió este viernes al Congreso el acuerdo con el personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda de 45.000 millones de dólares tomada por la administración precedente, informó el Ministerio de Economía.

"El Gobierno envió al Congreso el acuerdo alcanzado con el staff del FMI", indicó la Secretaría de Estado en un comunicado.

El proyecto de ley, que de ser sancionado por el parlamento todavía debe ser aprobado por el directorio del FMI, propone un programa de Facilidades Extendidas que tiene una duración de dos años y medio (30 meses).

Este programa reemplaza el de stand-by (de contigencia) suscrito por el presidente Mauricio Macri (2015-2019) en 2018, y por el que se contemplaba desembolso de 56.300 millones, de los cuales se giraron efectivamente 45.000 millones.

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados comenzará desde el lunes a evaluar este programa, que incluye como anexos el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico.

El programa establece una refinanciación de la deuda asumida por el Ejecutivo anterior, ya que la entidad multilateral no aceptó una reestructuración del préstamo.

"Es decir, le pedimos plata al Fondo para pagarle al Fondo los vencimientos de aquel préstamo y así mejorar el perfil de vencimientos netos", explicó el Palacio de Hacienda.

El plan contempla 10 revisiones por parte del FMI, que se harán de manera trimestral antes de autorizar los nuevos desembolsos.

Argentina comenzará a pagar a partir de 2026 y hasta 2023, por lo que tiene cuatro años y medio de gracia para sanear su cuentas antes de efectuar el primer pago, por 9.800 millones de dólares.

El Ministerio de Economía, que dirige Martín Guzmán, observó que el país sudamericano no hubiera podido afrontar los vencimientos por casi 19.000 millones de dólares que tenía para este año, así como los 20.000 millones que debía pagar en 2023.

Condicionamientos

El Fondo autoriza un aumento moderado de la inversión en infraestructura, ciencia y tecnología y políticas de asistencia social que apuesten por la creación de trabajo genuino.

El Gobierno prevé aumentar la inversión en infraestructura a más de 2% del PIB (Producto Interno Bruto) en 2022, frente a un gasto de uno por ciento del Producto Interno Bruto que hubo entre 2018 y 2020, para mejorar condiciones de vivienda y sanidad en zonas más carenciadas.

La gestión actual presume que no está obligada a realizar ninguna reforma previsional o laboral.

Sí deberá reducir el déficit fiscal, por lo que el Ejecutivo argentino estableció como meta un déficit primario (que no cuenta los intereses de deuda) de 2,5% para este año.

En 2023 el déficit primario se reducirá a 1,9% del PIB, y en 2024 al 0,9%.

Este déficit se financiará con mayor deuda pública denominada en la moneda local y el apoyo de la comunidad internacional, según la cartera económica.

El Gobierno también se comprometió a reducir los subsidios a la electricidad y al gas de manera focalizada, con quita de subvenciones a partir de junio para los sectores más acaudalados, lo que afectaría al 10% de la población, mientras que el resto de usuarios tendrán incrementos por debajo de la subida de salarios.

El alza para estos últimos rondaría en general el 45%, mientras que aquellos que reciben una tarifa social, que experimentarían una subida del 22% aproximadamente.

"El ahorro fiscal previsto con el plan de segmentación podría alcanzar el 0,06 por ciento del PBI en 2022, y ahorros adicionales resultarían en 2023 como consecuencia de la expansión del plan de segmentación", señaló el Palacio de Hacienda.

Para reducir la inflación, se implementará una política de precios e ingresos cuidados.

El Gobierno también se compromete a que no haya una devaluación, de manera que la tasa de ajuste del tipo de cambio oficial se mantendrá invariable respecto a los niveles de 2021 "a fin de preservar la competitividad", refirió el ministerio.

Todo ello se acompañará con políticas de crecimiento y "resiliencia" para aumentar la inversión, la productividad, el desarrollo económico local y regional y el empleo formal y la inclusión laboral, entre otras directrices.

Por otro lado, el Banco Central (BCRA) fomentará las tasas de interés reales positivas para favorecer la demanda de activos en el peso argentino.

El Ejecutivo aspira a que el proyecto de ley que ingresó al Congreso sea aprobado en la Cámara de DIputados el jueves 10 de marzo antes de girarlo al Senado.