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Pretexto que usa la Fiscalía de la CDMX para no investigar la desaparición de un adolescente

© Sputnik / Eliana GiletManifestación por el séptimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
Manifestación por el séptimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa - Sputnik Mundo, 1920, 06.10.2021
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Al cumplirse cinco años de la desaparición de Braulio Bacilio Caballero en México, el Colectivo Hasta Encontrarles hizo una clausura simbólica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que ha sido omisa en la investigación del caso.
"No sólo han desaparecido a mi hijo, también han desaparecido la poca estabilidad que teníamos", dijo Miguel Bacilio, padre de Braulio, un niño de 13 años que fue desaparecido en el paradero del metro Pantitlán, en la alcaldía Venustiano Carranza, al oriente de la capital mexicana, el 28 de septiembre de 2016.
La protesta se realizó denunciando la desidia oficial que la familia ha tenido que enfrentar, ya que la investigación del dicho caso estuvo dormida durante dos años en el antiguo Centro de atención a personas extraviadas y ausentes (Capea) que tenía sus oficinas centrales a pocas cuadras de la sede del Búnker, como se conoce a las oficinas de la Fiscalía general de justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
El entonces director de Capea, David Bacilio (sin vínculo con la familia del joven desaparecido) informó a sus padres que la carpeta había sido enviada al archivo en el año 2018, ya que la autoridad no hallaba ningún delito que perseguir. Fue hasta la creación de la Fiscalía de investigación en personas desaparecidas que por medio de una asesora jurídica, lograron la reapertura del caso en abril de 2019.
Lo que sus padres denuncian y exigen es que no existe ningún elemento de prueba para que la autoridad sostenga que el niño se fuera voluntariamente, o que explique por qué un estudiante de secundaria que al salir de clase ayudaba a su madre en el trabajo, se fuera sin motivo, sin dinero y sin comunicarse nunca más con ninguna persona conocida durante los cinco años posteriores a ese día, en que fue visto por último vez en el paradero H del metro Pantitlán, cerca del puesto de tortas que su madre atendía.
"Mi hijo no se fue de vago, a mi hijo me lo desaparecieron. Mi hijo no era un drogadicto, era un estudiante. Hasta el momento no tenemos razón de mi hijo, él no es un folder, no es un número, es un hijo de familia", sostuvo Fernanda Caballero durante la protesta.
Las palabras de su madre reflejan cuánto la familia ha tenido que luchar contra un estigma infundado, que encubre bajo su "voluntad" la negativa oficial a investigar un delito grave, considerado de lesa humanidad, como es la desaparición.
Desde la sanción de la Ley General de Desaparición en México, a finales del año 2017 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, todos los estados de la República comenzaron el proceso de convertir sus instituciones de búsqueda de personas desaparecidas, dada la gravedad de la crisis que atraviesa el país desde comienzos del milenio.
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Por un lado, se crearon fiscalías especializadas dentro de cada entidad, que fueron encargadas de la investigación criminal, (la Fipede en el caso de la Ciudad de México) y por otro, cada estado creó una nueva institución, llamada Comisión de Búsqueda, para la localización de la persona desaparecida.
A pesar de la aparente especificidad de cada área, las familias denuncian que esto se tradujo en mayor burocratismo y lentitud, ya que las fiscalías han restringido aún más su papel investigador al trabajo de oficina, (por medio del envío de oficios a otras dependencias) dejando toda la tarea de calle en manos de la Comisión de búsqueda, que no tiene peso jurídico ni para conseguir una orden de ingreso a un domicilio, de ser necesario.
Durante la jornada de protesta por los cinco años de omisión en la búsqueda de Braulio, las familias del colectivo Hasta Encontrarles exigieron la atención presencial de la Fiscal General, Ernestina Godoy, ya que señalan que son los mandos medios los que dificultan y obstaculizan las investigaciones.
Al finalizar la jornada, las familias contaron a Sputnik que tras la intervención de la fachada del Búnker con pintura y las pesquisas de sus hijos, fueron recibidos por el Fiscal de Desaparecidos, May Gómez Jiménez, que había estado presente durante la mañana en el evento, aunque se retiró del mismo sin dialogar con ellas.
Aunque la responsabilidad política de la investigación de estos casos recaiga sobre el fiscal May Gómez, quien llevó la voz cantante en la reunión sostenida tras la protesta, fue la titular de la Coordinación general de investigación de delitos de género y atención a víctimas, Laura Borbolla Moreno.
Borbolla sostuvo nuevamente frente a los padres de Braulio que el caso de su hijo se encuadra como "una ausencia voluntaria", por lo que su reclamo de investigación no tiene lugar.
"Este es uno de los puntos más delicados, porque si ese fuera el caso, ya se han tardado en demostrarnos con pruebas que se trata de una ausencia voluntaria. A pesar de su cargo, (Borbolla) no está para dar este tipo de declaraciones", contó el padre de Braulio.
Cuando la familia mencionó en la reunión que procederían a denunciar esta negativa ante las instancias de control de los funcionarios públicos existentes en la Fiscalía General, "ella misma (Borbolla) se encargó de explicarnos cómo funciona asuntos internos, decirnos qué procede y qué no. Prácticamente nos dijo: nosotros somos intocables", concluyó.
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