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Un juez español no ve delito en grabar sin consentimiento a mujeres orinando y subirlo a webs porno

© Foto : Pixabay / geraltUna cámara oculta, imagen ilustrativa
Una cámara oculta, imagen ilustrativa - Sputnik Mundo, 1920, 28.09.2021
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El auto expedido en la localidad gallega de Viveiro, al noroeste del país, desestima por segunda vez una denuncia de más de 80 personas que vieron cómo se colgaron imágenes suyas en unas fiestas de 2019.
Fiestas de A Maruxaina, en la localidad de Cervo (Lugo). Decenas de mujeres son grabadas sin permiso mientras orinan en la vía pública. Tiempo después, esas imágenes terminan en páginas webs porno, algunas de pago. Más de 80 de las afectadas denuncian esa vulneración de la intimidad. Y el juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Viveiro decide, por segunda vez, que no existe delito en estas filmaciones de cámara oculta.
Así ha archivado la causa este magistrado, Pablo Muñoz Vázquez, por segunda vez. La primera fue en marzo, tras la demanda presentada por el grupo de mujeres, grabadas en la citada romería. La decisión provocó un gran revuelo, con una manifestación multitudinaria en Galicia y con la presentación de recursos de reforma y apelación por parte de varias denunciantes.
En la última decisión, de septiembre, el juez desestima esos recursos y ratifica su postura. En contra del criterio de quienes denunciaron y de la Fiscalía, no ve ni delito contra la intimidad ni contra la integridad moral en este comportamiento de realizar grabaciones clandestinas ya que "se realizaron en plena vía pública y no un espacio privado y reservado al conocimiento de las demás personas".
Tampoco considera que se atente contra la integridad moral de las personas grabadas porque "no se aprecia el ánimo tendencial de quebrantar la resistencia física y moral" de las mismas. El juez cita jurisprudencia previa de las Audiencias Provinciales de Jaén, Sevilla y Pontevedra en las que se indica que, para que sea considerado delito, debería tratarse de la "colocación clandestina de aparatos de filmación o transmisión de la imagen en lugares cerrados y privados" o también del "empleo de los citados artificios técnicos para grabar a distancia y desde fuera lo que acontece en tales lugares cerrados".
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Frente a estas afirmaciones, las sentencias que cita el juez de Viveiro concluyen que "la obtención clandestina o inconsentida de imágenes en lugares públicos o en exteriores" no se puede castigar por la vía penal, esto es, no es delito, sino que "debe tener respuesta extra penal" y abordarse por la vía civil. La captación de imágenes, argumenta, está protegida por la Ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil del Honor, la Intimidad y la Propia Imagen, pero no es de su competencia penal.
Igual que el delito contra la integridad moral, donde el juez recurre a una resolución del Tribunal Supremo que exige que para que se pueda considerar este delito debe crearse en las víctimas "sentimientos de temor, de angustia y de inferioridad, susceptibles de humillarles, de envilecerles y de quebrantar en su caso su resistencia física y moral". En este caso no ocurre, sostiene.
La resolución no es firme y algunas de las partes personadas en la causa ya han anunciado la presentación de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Lugo para echar por tierra las decisiones del juez instructor. María del Mar Fraga, presidenta de la asociación Mulleres en Igualdade de Burela (Bumei), se ha mostrado contraria a la resolución y ha protestado por el daño causado en las afectadas.
"Por supuesto que no compartimos la decisión de este juez. No se puede justificar un delito como este, que atenta contra el honor y la propia imagen de las mujeres, en el hecho de que haya sido perpetrado en la vía pública", ha declarado Fraga al diario Público, "no se puede dejar un delito impune por el hecho de que las imágenes hayan sido grabadas en una vía pública".
Fraga ha tachado de "humillante" lo sucedido. "La calle es de todos y todos tenemos nuestros derechos y nuestros deberes", ha reseñado la presidenta de Bumei. "No entendemos la decisión del juez", ha agregado, recordando que "también vieron delito en estos hechos la Valedora do Pobo, numerosos colectivos y la sociedad en general y aunque un señor juez siga erre que erre, no podemos permitirlo".
La posibilidad de que "este delito quede impune podría sentar un grave precedente para el futuro y para los derechos de las mujeres, por los que tanto hemos luchado", ha remarcado Fraga, "porque puede animar a otras personas a realizar hechos similares o de consecuencias incluso peores".
La presidenta de Bumei ya había comentado en marzo que algunas de las mujeres filmadas han tenido que someterse a tratamiento psicológico al saber que están colgadas semidesnudas en la red. "El trago es muy fuerte, es una situación muy indecorosa y las menores se llevan la peor parte. El juez debería reconsiderar las consecuencias que han traído las imágenes, el daño ya está hecho", incidió en el primer juicio.
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