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Colombia y Nicaragua: ¿en qué consiste la disputa por las aguas del Caribe?

© AFP 2021 / Luis AcostaAereal view of San Andres Island, Colombia on September 5, 2013.
Aereal view of San Andres Island, Colombia on September 5, 2013.  - Sputnik Mundo, 1920, 14.09.2021
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El próximo 20 de septiembre Colombia y Nicaragua irán de nuevo a la corte de La Haya a argumentar por qué les pertenece un pedazo del mar Caribe. Conozca los detalles de un conflicto que surgió antes de la independencia de ambos países y que tiene en el medio de la disputa a la población raizal de las islas.
La disputa entre Colombia y Nicaragua por las aguas que en el Caribe bañan al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y otros tantos cayos tiene varias décadas, pero, en términos legales, ese diferendo tomó mayor carácter desde 2001, cuando el asunto escaló a los tribunales internacionales.
Ya han pasado casi 10 años desde que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya (Países Bajos), en 2012, definió que una parte del mar que por años había sido de Colombia quedaba en manos de Nicaragua y puso en serios aprietos al gobierno del entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos (2010-2018). Sin embargo, esa decisión no dejó feliz tampoco a Nicaragua, que se ha movido con habilidad en un litigio que tendrá un nuevo capítulo la próxima semana en ese mismo tribunal.

¿De dónde viene la disputa?

Grosso modo, la pelea por el mar entre ambos países viene de antes de la independencia, cuando, en 1803, la administración del archipiélago de San Andrés y la Costa de Mosquitos, en Nicaragua, quedó a cargo del Virreinato de la Nueva Granada. Ese conflicto tuvo un “primer fin” con el tratado Esguerra-Bárcenas, con el cual Nicaragua quedaba con la Costa de Mosquitos y Colombia, décadas más tarde, asumió que el límite fronterizo era el meridiano 82.
Un texto del historiador Omar Alejandro Alvarado, titulado El conflicto fronterizo entre Colombia y Nicaragua: recuento histórico de una lucha por el territorio, menciona que, a pesar de la orden real, Colombia enfrentó varios intentos de usurpación de sus territorios en el Caribe y en la costa de lo que hoy en Nicaragua. Incluso, Managua autorizaba exploraciones petroleras más allá de dicho meridiano. Lo que vino años después fue el desconocimiento total por parte de Nicaragua del tratado Esguerra-Bárcenas y los intentos reivindicativos sobre el mar y el archipiélago de San Andrés, argumentando que este era nulo.
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El pleito fronterizo se compone de numerosos episodios y de intentos de acuerdo entre ambos países durante los años 90, pero la disputa escaló en 2001, cuando Nicaragua llevó el asunto a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en un proceso que tuvo decisión el 19 de noviembre de 2012 con consecuencias negativas para Colombia, pues, le dio a Nicaragua un pedazo del mar hacia el oriente del meridiano 82 que Colombia consideraba suyo.
Una de las consecuencias inmediatas de esa decisión fue que Colombia se retiró a los pocos días del Pacto de Bogotá, que reconoce la jurisdicción de La Haya en los conflictos fronterizos. De hecho, como previendo lo que vendría cuesta arriba y como un acto simbólico, el 20 de julio de ese año, el presidente colombiano Juan Manuel Santos desplegó en la isla de San Andrés la celebración de la independencia.
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El olvido al pueblo raizal

El litigio tendrá otro episodio que se iniciará el próximo 20 de septiembre. Colombia y Nicaragua irán nuevamente a La Haya para presentar alegatos orales y se espera, además, que las comunidades afectadas por el fallo de 2012 puedan ser escuchadas por el tribunal internacional.
Los pueblos que habitan las islas y que viven de los territorios en disputa son los directos damnificados porque, si bien el conflicto ha tenido un fuerte componente político, son los raizales quienes han visto menguadas sus actividades económicas y sus formas de subsistencia.
"Hay acoso de los vecinos, hay dificultad para pescar que también han afectado nuestras prácticas ancestrales", comentó a Sputnik Alberto Gordon, quien hace parte de la autoridad raizal en la isla de San Andrés, en Colombia.
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Gordon ejemplifica los daños del fallo de La Haya en que sus coterráneos pescaban en el meridiano 82, pero actualmente las autoridades nicaragüenses intervienen en la pesca artesanal.
"En cualquier momento nos arrastran, no nos dejan pescar. La mayoría de pescadores tiene sus pangas [embarcación pequeña], sus lanchas y ya no pueden hacer sus faenas como antes. Uno puede pasar días allá afuera [en mar abierto] y regresa apenas con seis, 10, 20 libras de pesca y eso no alcanza ni para la gasolina ni para mantener a la familia", agrega.
Los raizales esperan llevar a La Haya el mensaje de que, más que un diferendo limítrofe, lo que existe en las aguas del Caribe que comparten varios países es un pueblo inseparable del que también hacen parte Honduras, Panamá o Costa Rica.
"El pueblo raizal espera que los argumentos que lleva Colombia sean en nuestra defensa y muestren que el fallo de 2012 nos cambió la vida, cambió nuestra economía, nuestra seguridad alimentaria y amenaza nuestro territorio ancestral", señala el isleño.
Una fuente que conoce muy de cerca el asunto, pero que prefirió no ser identificada para este artículo, le aseguró a Sputnik que a La Haya se pretende llevar una comisión asesora de los raizales, sin embargo, hasta el momento solo será integrada por el gobernador de la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Hawkins Sjogreen, y por el líder político Kent Francis. Esa representación, dicen en la isla, es importante, pero insuficiente.

Una biosfera transnacional

El fallo de La Haya no solo parece haber generado un corto circuito con repercusiones en la población, sino que, según la Cancillería de Colombia, hay un desconocimiento de la Reserva de Biosfera Seaflower, creada por la Unesco en el 2000.
Dicha reserva, ubicada en el Caribe occidental colombiano, tiene un área total de 180.000 km2, en donde se incluyen tres islas mayores —San Andrés, Providencia y Santa Catalina—, siete cayos —Serrana, Serranilla, Albuquerque, Roncador, Quitasueño, Bajo Nuevo y Cayo del Este y Sudeste—, varios bancos de arena y un área terrestre de 57 km2, y cuenta con una protección que permite la conservación de especies importantes para Colombia y el Caribe en general.
El argumento del desconocimiento de esa reserva fue incluido en la nota de protesta colombiana cuando, en enero de 2021, el Congreso de Nicaragua aprobó la delimitación de una reserva bajo su soberanía, atendiendo a la decisión de 2012 de la CIJ.
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Lo aprobado por el Legislativo nicaragüense hizo levantar la voz del pueblo raizal —las personas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina de origen afro—. El pueblo raizal tiene una conexión íntima muy ligada a la lengua con otros pueblos del gran Caribe, pues hablan creole, una mezcla de inglés y español muy extendida en las Antillas, y como creoles se reconocen.
Como dijo a El Espectador el exgobernador de San Andrés y Providencia Kent Francis, "nuestra naturaleza está interconectada. Hemos vivido por décadas las diferencias que llevan a los países a enfrentarse por posiciones particulares y se confrontan en tribunales internacionales, dejando por fuera el factor humano y ambiental. Somos creoles y tenemos una historia, somos una familia extendida y así entendemos la frontera".
Los raizales propusieron la creación de una reserva transnacional que involucre a todos los países que tienen límites con Seaflower. Esa propuesta ya fue conocida por Bogotá, no obstante, es muy temprano para decir que el Gobierno del presidente Iván Duque esté de acuerdo. Pero la iniciativa tiene la ventaja de que, al ser el pueblo creole integrado por habitantes de varias naciones, hay posibilidad de tocar puertas internacionales.
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