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Magnicidio en Haití opacado por desastres y crisis

© AP Photo / Joseph OdelynHomenaje al asesinado presidente de Haití, Jovenel Moise
Homenaje al asesinado presidente de Haití, Jovenel Moise - Sputnik Mundo, 1920, 02.09.2021
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PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El 7 de septiembre se cumplirán dos meses del asesinato del presidente Jovenel Moïse, sin mucho avance en la investigación y en medio de un nuevo repunte de la inseguridad, aumento de los secuestros y la incipiente crisis política por el poder.
"El asesinato ocurre cuando en medio de un contexto de extrema violencia en la capital, con una multiplicación de gangs [bandas armadas] ligadas al poder, que convirtieron el secuestro y la inseguridad en una industria lucrativa mientras se enfrentan por el control territorial", explicó a Sputnik el académico Camille Chalmers.
La recesión económica, el aislamiento de la figura presidencial junto a una pujante pero desorganizada oposición que luchaba por recomponerse, signaron los meses previos al magnicidio.
También una marcada impunidad y casi nula respuesta del sistema judicial a los asesinatos del alto perfil, como el del presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, quien fue baleado en su residencia situada a escasos metros de la mansión de Moïse, y que un año después sigue sin resolverse.
"Desde 2018, la justicia solo funciona cuatro meses de los 12. El mandato de muchos jueces no ha sido renovado", dijo a una radio local el coordinador de la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), Pierre Espérance, quien no cree que el polémico exmandatario reciba justicia.

Dimisión

El 24 de agosto, el decano del Tribunal de Primera Instancia, Bernard Saint Vil designó al juez Gary Orélien para instruir el archivo, luego que su predecesor, Mathieu Chanlatte, renunciara alegando razones personales.
Chanlatte no detalló el motivo de su dimisión, pero cinco días después de la designación las autoridades no reforzaron su seguridad, a pesar de las serias amenazas de muerte recibidas por otros investigadores del archivo, entre ellos jueces y registradores judiciales.
Ante las críticas, el ministro de Justicia, Rockefeller Vincent aseguró poco después del nombramiento de Orélien, que tomaría todas las medidas necesarias para proteger la vida del magistrado y de sus familiares.
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Expertos como Péguy Jean, abogado del Colegio de la capital advirtieron que esta disposición puede amenazar la independencia judicial, por la intrusión del Ejecutivo.
"No le corresponde al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública sino al Consejo Superior del Poder Judicial, a la que informa a nivel administrativo y disciplinario, poner todos los medios necesarios a su disposición para conducir la investigación", alertó el letrado.
La advertencia llega luego de polémicas revelaciones, como la de la RNDDH que estableció presuntos vínculos entre el actual primer ministro Ariel Henry, y Joseph Felix Badio, acusado de dar la orden de asesinato y planificar el magnicidio junto a otros autores intelectuales.
La investigación alega que Henry conversó en varias ocasiones con Badio, incluso durante la misma jornada del crimen.
"No tengo nada que ver con lo que dice el informe", negó el primer ministro en declaraciones a la prensa, aunque luego reconoció que conocía al sospechoso, lo que levanta recelos sobre la posible injerencia en la investigación.
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Por ahora el caso parece detenido, aunque el magistrado Orélien anunció que comenzaría las audiencias esta semana. El juez planea entrevistar a detenidos relacionados con el archivo y a otras figuras que aporten nuevos datos a la investigación.
"Es difícil que realmente se conozca lo sucedido, los verdaderos autores del crimen que no son solo los arrestados", dijo Augustin Dupoint de 24 años, quien trabaja en una estación radial.
El periodista y sociólogo Lautaro Rivara quien vivió tres años en Haití también coincide en que el Gobierno quiere acabar pronto con el archivo.
"Juzgar rápido a los responsable y dar vuelta de página al asunto", y les permitirá seguir con los planes anticonstitucionales de celebrar elecciones, e incluso el referéndum para modificar la constitución si es posible, aseguró.
Más de 40 personas están detenidas por el magnicidio, de ellos 18 colombianos que ahora aseguran son sometidos a tortura, según la prensa de su país.
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"He sido torturado y los muchachos también. Nos han arrancado las uñas, quemado con ácido, puñaladas, golpes y demás", de acuerdo con extractos de cartas enviadas por los sicarios y divulgadas por el diario colombiano El Tiempo.
Dos meses después del asesinato el caso aún mantiene en vilo al país, aunque el reciente terremoto, el resurgir de la inseguridad y la inevitable crisis de las fuerzas políticas que aún no llegan a un acuerdo, parece opacar al quinto magnicidio de la historia de Haití.
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