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Procuraduría de Brasil ve indicios de irregularidades en compra de vacunas indias Covaxin

© REUTERS / Amit DaveCovaxin, la vacuna de Bharat Biotech
Covaxin, la vacuna de Bharat Biotech - Sputnik Mundo, 1920, 22.06.2021
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RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Procuraduría de Brasil en el Distrito Federal cree que hay indicios de irregularidades en el contrato de compra de vacunas indias Covaxin contra el COVID-19 por parte del Gobierno.
La procuradora de la República Luciana Loureiro señaló "temeridad en el riesgo asumido por el Ministerio de Salud" en la compra de esta vacuna y propuso la apertura de una investigación criminal sobre el contrato del Gobierno con la empresa brasileña Precisa Medicamentos, intermediaria con el laboratorio Bharat Biotech, productor del inmunizante.
El Gobierno brasileño firmó un contrato para recibir 20 millones de dosis de la vacuna por un valor total de 1.600 millones de reales (más de 320 millones de dólares).
La dosis fue negociada a 15 dólares la unidad, un precio superior al del resto de vacunas en el mercado internacional, lo que la convirtió en la más cara de las contratadas por el Gobierno brasileño.
El periódico brasileño Estado de Sao Paulo tuvo acceso a unos documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores que muestran que el Gobierno compró la vacuna Covaxin por un precio 1.000% mayor al que, seis meses antes, anunciaba el propio fabricante.
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Un telegrama secreto de la embajada brasileña en Nueva Delhi de agosto del año pasado informaba que el inmunizante producido por Bharat Biotech tendría un precio estimado de 100 rupias (1,34 dólares).
En diciembre, otro comunicado diplomático decía que el producto fabricado en la India "costaría menos que una botella de agua", pero el Gobierno acabó pagando un precio mucho mayor.
La orden de adquisición de la vacuna partió directamente del presidente Jair Bolsonaro, y la negociación duró apenas tres meses, un plazo mucho menor que el de otros acuerdos.
La negociación se hizo con Precisa Medicamentos, que en agosto del año pasado fue investigada por una acusación de fraude en la venta de test rápidos para el COVID-19.
Uno de los socios de la empresa, Francisco Maximiano, será interrogado esta semana en la comisión especial del Senado que investiga posibles delitos cometidos por el Gobierno en la gestión de la pandemia.
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