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Cómo el Estado mexicano falló en brindar la protección a la comunidad rarámuri en Chihuahua

© Foto : Pixabay/Morgan4uallJusticia (imagen referencial)
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Tras una larga y dolorosa historia de impunidad en los crímenes cometidos contra la comunidad rarámuri de Coloradas de la Vírgen, en Chihuahua, una histórica sentencia reconoció que sus derechos comunitarios han sido violados.
El defensor de derechos humanos rarámuri Julián Carrillo fue asesinado un año y medio después de presenciar la muerte de uno de sus hijos, Víctor. El Tribunal de enjuiciamiento de Chihuahua emitió este marzo de 2021, una condena de 48 años al hombre sentenciado por la muerte de ambos y reconoció por primera vez que los crímenes ocasionaron un daño a su familia, pero también a su comunidad.
Además de Julián y Víctor, otros ocho integrantes de la comunidad Coloradas de la Vírgen han sido asesinados entre 1966 y 2017. De todos ellos, Isidro Baldenegro —ganador del premio ambiental Goldman en el año 2005— fue el único que logró vencer la inercia de la impunidad y lograr —antes de la actual— una condena por su muerte violenta.
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Así, la sentencia del caso Carrillo sienta un precedente único en Chihuahua y en México, dónde se registran un grave problema de impunidad aparejado a los altos índices de criminalidad y violencia que han azotado al país durante los últimos veinte años.
"Este crecimiento exponencial de la violencia criminal durante los últimos 15 ó 20 años que se ha dado en el marco de la política de militarización, no se correspondió con un incremento para la procuración de justicia", explicó a Sputnik Ruth Fierro Pineda, coordinadora general del Centro de derechos humanos para las mujeres (Cedem) que fungió como coadyuvante en el juicio de los Carrillo.

El caso y la investigación

El juicio comenzó el 2 de febrero de 2021 y la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía especializada en violaciones a derechos humanos y desaparición forzada, creada a mitad del año 2019. El caso Carrillo es el primero que la Fiscalía investiga por sí misma, desde el inicio.
Julián Carrillo fungía como presidente de Bienes Comunales en la Comunidad Coloradas de la Virgen, y como tal asumió una defensa activa de la tierra y el territorio indígena del norte de México. Tras recibir amenazas de muerte, fue incluido en febrero de 2014 en el Mecanismo de protección para defensores de DDHH y periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación federal.
Sin embargo, las amenazas no cesaron y a pocos metros de su casa, Julián presenció el asesinato de su hijo Víctor, en febrero de 2016. Su vivienda fue incendiada y el asedio contra la familia creció buscando limitar su activismo comunitario. Aunque Julián había salido de su pueblo para protegerse, fue asesinado cuando regresó al sepelio de una de sus hijas, que murió en 2018.
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Desde el Centro de derechos humanos de las mujeres señalaron a Sputnik que su asesinato, luego del cometido contra Isidio Baldenegro, fue el segundo en llegar a juicio en una larga historia de impunidad.
Tanto el Cedem como la organización no gubernamental Alianza Sierra Madre participaron como coadyuvantes y asesoras jurídicas del caso.
"Desde el primer momento hemos dado seguimiento a la investigación y al caso, que fue el primero de esta nueva Fiscalía en llegar a juicio. Acompañamos en la aportación de pruebas que permitieran probar el daño cometido y solicitar su reparación", explicó Fierro en diálogo con este medio.

Daño comunitario

El 12 de marzo de 2021, el Tribunal de Enjuiciamiento integrado por las juezas Manuela Terrazas Solís, Lizbeth Alondra Chávez Jurado y el juez Felipe de Jesús Medina Granados del Distrito Judicial Mina, en el estado de Chihuahua, emitieron una sentencia de 48 años de prisión al autor material de los homicidios de Julián y Víctor Carrillo.
Además, el Tribunal mencionado determinó que se debía reparar el daño integralmente tanto a las familias de las personas asesinadas como a su comunidad, ya que durante el juicio se probó la comisión de violaciones a derechos humanos en su contra y se reconoció que el Estado falló en brindarles la protección necesaria para evitar estos crímenes.
"Uno de los aportes importantes que hicimos fue hacer visible que las víctimas del caso, además de la familia, fue la comunidad indígena, que tiene una fuerte identidad colectiva", señaló Fierro.
Dentro de las pruebas que la coadyuvancia presentó, se incorporó un peritaje antropológico que explicó por qué los hechos de violencia generados por grupos delictivos o paramilitares vinculados a caciques locales —acumuladores de tierras para la explotación — como el que pertenecía la persona sentenciada, "tuvo afectaciones importantes en diferentes dimensiones de su identidad cultural".
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La experta señaló que fue importante la valoración que hizo la Unidad de contexto de la Fiscalía de derechos humanos, porque incluyó a la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales que lleva la comunidad y la familia Carrillo entre los elementos que condicionaron el crimen.
La Fiscalía especializada en violaciones a derechos humanos y desaparición forzada fue creada como respuesta a un reclamo amplio de la sociedad civil y las organizaciones de DDHH del estado de Chihuahua y, según Fierro, fue ventajoso el trabajo de la Unidad de análisis de contexto, que tuvo la apertura suficiente para colaborar y coordinar sus tareas con las organizaciones de la sociedad civil que acompañaron el caso.
"No me atrevería a señalar una sola razón por la que este caso logró la justicia, pero señalaría entre ellos al enfoque de esta Fiscalía de ddhh, que permitió el aporte que hizo la comunidad en el juicio. Hubiera sido muy difícil acreditar el contexto de violencia si no se hubiera contado con los testimonios y aportes de la comunidad", concluyó Fierro.
En la sentencia se contempló la reparación del daño moral a la familia y a la comunidad, así como la realización de un acto dónde se reconozca públicamente a Julián Carrillo Martínez como defensor de derechos humanos. También falló a favor de la rehabilitación y compensación económica de quienes hayan sufrido pérdidas a raíz de los hechos ventilados en el juicio.
Así, la del crimen de los Carrillo se convirtió en la primera sentencia en México en considerar un contexto sistemático de violencia cometido contra la comunidad —consecuencia de su labor de defensa del territorio— y fue pionera en reconocer que toda la comunidad fue afectada con el asesinato de uno de sus líderes.
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