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Ministerio de Salud de Ecuador alega confidencialidad para no dar información de COVID-19
Ministerio de Salud de Ecuador alega confidencialidad para no dar información de COVID-19
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Quito, 3 mar (Sputnik).- El Ministerio de Salud de Ecuador alegó confidencialidad para no responder a un fallo judicial que
El colectivo recibió un fallo favorable ante una acción constitucional de acceso a la información pública presentada ante la negativa del Ministerio de Salud a entregar los datos sobre el plan de vacunación contra el COVID-19.Porras señaló que los abogados de esa cartera de Estado apelaron el fallo, pero confía en que la institución deberá cumplir con lo establecido en la sentencia dictada el lunes por una jueza de la ciudad de Quito (norte).En materia constitucional se debe cumplir con la sentencia pese a la apelación, puntualizó.TransparenciaUna vez obtenida la información, el colectivo publicará todos los documentos con el fin de transparentar el proceso de vacunación.El lunes, Acción Jurídica Popular señaló en un comunicado que el Ministerio de Salud justificó la negativa de entregar la lista de vacunados en que ese acto -a su juicio- generaría conmoción social.Esto sucedió durante la diligencia judicial de acceso a la información pública, aseguró el colectivo.Asimismo, según el comunicado, el Ministerio de Salud Pública habría mencionado que no existen contratos con farmacéuticas para la provisión de vacunas contra el COVID-19, sino convenios.El presidente Lenín Moreno designó el 1 de marzo al médico cirujano Rodolfo Farfán como su nuevo ministro de Salud en reemplazo de Juan Carlos Zevallos, quien renunció el viernes en medio de cuestionamientos por el plan de vacunación y con un proceso de juicio político iniciado en su contra en la Asamblea Nacional (Parlamento).A su vez, la Fiscalía abrió una investigación previa contra Zevallos por el supuesto delito de tráfico de influencias en el proceso de distribución de vacunas contra el COVID-19.
QUITO (Sputnik) — El Ministerio de Salud de Ecuador alegó confidencialidad para no responder a un fallo judicial que ordena la entrega de información sobre los procesos de compra de vacunas contra el COVID-19 y el listado de personas inmunizadas, dijo el martes la vocera del colectivo Acción Jurídica Popular, Angélica Porras.
"El Ministerio de Salud dijo en la audiencia que eran confidenciales la lista de vacunados y la información relacionada con los contratos para comprar la vacuna; sin embargo, la jueza llegó a la conclusión de que no se trataba de datos confidenciales y ordenó la entrega en un plazo de 15 días", dijo la vocera del movimiento, entrevistada por Radio Pichincha Universal.
El colectivo recibió un fallo favorable ante una acción constitucional de acceso a la información pública presentada ante la negativa del Ministerio de Salud a entregar los datos sobre el plan de vacunación contra el COVID-19.
Porras señaló que los abogados de esa cartera de Estado apelaron el fallo, pero confía en que la institución deberá cumplir con lo establecido en la sentencia dictada el lunes por una jueza de la ciudad de Quito (norte).
En materia constitucional se debe cumplir con la sentencia pese a la apelación, puntualizó.
Transparencia
Una vez obtenida la información, el colectivo publicará todos los documentos con el fin de transparentar el proceso de vacunación.
El lunes, Acción Jurídica Popular señaló en un comunicado que el Ministerio de Salud justificó la negativa de entregar la lista de vacunados en que ese acto -a su juicio- generaría conmoción social.
Esto sucedió durante la diligencia judicial de acceso a la información pública, aseguró el colectivo.
Asimismo, según el comunicado, el Ministerio de Salud Pública habría mencionado que no existen contratos con farmacéuticas para la provisión de vacunas contra el COVID-19, sino convenios.
El presidente Lenín Moreno designó el 1 de marzo al médico cirujano Rodolfo Farfán como su nuevo ministro de Salud en reemplazo de Juan Carlos Zevallos, quien renunció el viernes en medio de cuestionamientos por el plan de vacunación y con un proceso de juicio político iniciado en su contra en la Asamblea Nacional (Parlamento).
A su vez, la Fiscalía abrió una investigación previa contra Zevallos por el supuesto delito de tráfico de influencias en el proceso de distribución de vacunas contra el COVID-19.
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