Presiones al Consejo de Seguridad Nuclear español por una mina de uranio paralizada

La empresa australiana Berkeley pretende explotar un terreno de El Retortillo, en la provincia de Salamanca, desde 2012. A lo largo de estos años ha obtenido algunas autorizaciones y a oposición de grupos ecologistas y vecinos.

"Sí, la cosa está estos días candente", afirma José Ramón Berrueco. El portavoz de la plataforma Stop Uranio anda al tanto de las últimas noticias sobre el asunto que lleva años dividiendo a su pueblo, El Retortillo. La empresa australiana Berkeley lleva desde 2012 intentando explotar un terreno de este rincón de España situado en la provincia de Salamanca. Los avances han ido a trompicones, con la oposición de parte de los 200 vecinos, con reveses oficiales y con inversiones en suspenso.

Un método de presión que ha sido denunciado por el CSN. Su presidente, Josep María Serena i Sender, advirtió la existencia de estas misivas el 27 de enero. "Contienen, en nuestra opinión, solicitudes e insinuaciones impropias, que este organismo regulador considera conveniente hacerle llegar", escribía en la comunicación que envió a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados. También se las trasladó a la Abogacía del Estado.

Frente al Ayuntamiento de Retortillo y frente a la planta de Berkeley, #Ecomarcha2018 dice no a la mina, sí a la vida. pic.twitter.com/LVMt73ZqWB

— Ecologistas en Acción (@ecologistas) July 27, 2018

​En las cartas, la empresa advierte de las consecuencias judiciales de rechazar las actividades en la mina. El proyecto lleva desde 2012 en trámite y sigue pendiente de autorización. A lo largo de estos años, la que sería la única mina a cielo abierto de uranio en Europa se ha encontrado con el respaldo de la Junta de Castilla y León (la comunidad autónoma a la que pertenece la localidad, situada en el noroeste de España) y con la oposición de grupos ecologistas y vecinales.

Hasta 2018 estaba pendiente de una valoración positiva del CSN. Y hasta entonces aún se observaba cierto movimiento en la zona. Después, se apagó: "Aquí desde hace un año no hay nada. Sus oficinas están cerradas y lo han dejado porque lo que buscan ya es que no se autorice y se les indemnice", cuenta Berrueco. Raquel Romo, otra vecina y miembro de la plataforma Stop Uranio, coincide: "Hace mucho que no se habla del tema. Es como si la gente lo tuviera olvidado. Las oficinas están como si las hubieran abandonado y no hay ni máquinas ni guardia de seguridad".

"No me extraña en absoluto que hayan utilizado estas técnicas de presión porque ya las hicieron aquí en el pasado, cuando querían comprar terrenos y hacían regalos a la gente", expresa Romo.

Vayamos al inicio. La primera carta es del 16 de octubre de 2020 y está firmada por el presidente ejecutivo de Berkeley Minera España. Se mandó dos días después de que en el Congreso se cerrara el plazo para la presentación de enmiendas a una ley en tramitación sobre el cambio climático que se tramita en el Parlamento. Una de las enmiendas (presentada por el PSOE y Unidas Podemos, partidos del gobierno) pretendía vetar la minería de uranio en España, dificultando la extracción en El Retortillo.

A esta enmienda se refieren cuatro misivas enviadas al CSN desde el despacho de abogados Herbert Smith Freehills Spain. Apuntan que la enmienda "atenta gravemente contra los intereses de la minería del uranio en general y de los proyectos de Berkeley en particular" y la catalogan de "manifiestamente ilegal". La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) también expone "haber recibido la preocupación de muchos accionistas e inversores de Berkeley" porque esta ley podría "truncar el desarrollo del proyecto".

La asociación se atreve a pedir la concesión directa y que el CSN lo haga "con diligencia, lo que significa prontitud, y desde luego, sin interferencia política, lo que significa no esperar la posible aprobación de la enmienda planteada a la ley de cambio climático". El despacho Herbert Smith Freehills Spain recurre a esta misma idea, pero sin utilizar palabras tan exhortativas.

"Sería beneficioso para todos los actores involucrados que el CSN se pudiese pronunciar con carácter inmediato, y en cualquier caso previamente a la aprobación de la ley de cambio climático", sostienen.

Herbert Smith Freehills remarca que la propuesta de PSOE y Unidas Podemos es "inconstitucional y expiatoria". "De aprobarse", inciden, "nos llevará a reclamar cuantas responsabilidades nos ampare el Estado de derecho". La AEMEC, por su parte, alerta de "numerosos conflictos jurídicos que pueden derivar en la exigencia de cuantas responsabilidades personales, patrimoniales o de otra índole" a los responsables del CSN y amenaza con repercusiones judiciales no solo en el ámbito nacional sino internacional.

Y, por último, la Federación Mundial de Inversores (WFI, en su siglas en inglés) se suma a esta solicitud y anota, en una carta del 31 de diciembre, que el CSN resuelva el asunto ateniéndose solo a criterios "técnicos" y no a criterios "políticos" o "ideológicos". El CSN también ha incluido una carta firmada por el exdirector general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero. Es del 8 de julio de 2019 y se describen los beneficios del proyecto o las autorizaciones recibidas, pero se queja de la paralización "por motivos que, lamentablemente, no parecen exclusivamente técnicos".

Todos estos escritos se han remitido a las altas instancias del Estado para que se evalúe la posibilidad de delito. Incluso organizaciones ecologistas como Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Seo/Birdlife y WWF han alzado la voz mostrando su apoyo. Consideran que la promotora ha usado "técnicas inadmisibles, de intimidación más propias de estados no democráticos" e instan al CSN de actuar con independencia, ateniéndose al rigor técnico y no a intereses económicos. 

Poco a poco van desmantelando las instalaciones que tiene BERKELEY en Retortillo.

Señores no están trabajando... Bueno, mejor dicho, nunca lo han hecho.... Nunca han conseguido los permisos...
Todavía nos queda camino, pero el fin está cerca@BKYEnergia#minasalamanca pic.twitter.com/4vGfzoITAj

— Eva Abarca Abarca (@AbarcaEva) May 31, 2019

Mientras, el 28 de enero la compañía salió al paso alegando que su "máxima voluntad" es que en el futuro "no se abra ningún conflicto, litigio o contingencia con ninguna institución u organismo español". La petición, aseguran en Berkeley, "se realizó dentro de la absoluta legalidad y del máximo respeto por las instituciones y organismos de la Administración Pública".​

En la entidad minera adelantan su deseo de reunirse con el CSN y resolver "con estricto sometimiento a la legislación vigente y a los requisitos técnicos que resultan aplicables al proyecto sin injerencias ni pronunciamientos de contenido político" el proyecto, detenido desde hace años y que ahora vuelve a aflorar en las conversaciones de El Retortillo por estas supuestas presiones.