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El aborto legal en Argentina, ¿podrá cambiar la tendencia en Sudamérica?

© AP Photo / Natacha PisarenkoPañuelos en apoyo de la legalización del aborto cuelgan fuera del Congreso argentino en Buenos Aires
Pañuelos en apoyo de la legalización del aborto cuelgan fuera del Congreso argentino en Buenos Aires - Sputnik Mundo
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La histórica legalización del aborto por voluntad propia en Argentina vuelve a poner el tema en el tapete en Sudamérica, una de las regiones del mundo más restrictivas en este sentido. Y si bien el caso argentino puede marcar el camino, las perspectivas en varios países de la región parecen ser las contrarias.
La aprobación del proyecto de ley de legalización del aborto en Argentina significó el final de un largo proceso que había fracasado en 2018, cuando durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) el Senado no tuvo los votos suficientes para aprobar el texto que ya había sido votado por la Cámara de Diputados. Esta vez, con 38 votos a favor, la Cámara Alta dio aprobación definitiva al proyecto que legaliza la interrupción del embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación.
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En el resto de los países el aborto solo se permite en ciertos casos, cuando está en riesgo la vida de la madre o el embarazo es producto de una violación. Los casos más estrictos son los de Paraguay y Venezuela, donde solo es posible interrumpir el embarazo cuando la vida de la mujer corre peligro.

¿Qué sucede con el aborto en los países sudamericanos?

La influencia de Argentina en la región promete dar un impulso importante a las campañas  a favor de la despenalización del aborto. De hecho, las organizaciones feministas de la región siguieron de cerca la votación en Argentina, apoyando sus consignas y replicando el color verde que identificó a las militantes argentinas.
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"Aplaudimos el coraje incansable de nuestras compañeras y vamos avanzando en una marea verde por todo el continente", publicó en su cuenta de Twitter el colectivo Mesa de Acción por el Aborto en Chile, integrado por organizaciones feministas y de derechos humanos.
La organización internacional Vecinas Feministas también destacó el interés que la votación en Argentina despertó para todo el continente. "Hoy estamos todas en la región viendo directamente a Argentina", señalaron en Twitter durante la sesión del Congreso argentino.
La expectativa de las organizaciones de la región se enfrenta a procesos políticos que, en varios de los países que mantienen penalizado el aborto, no parecen abiertos a un cambio de postura.
En Colombia, el movimiento Causa Justa —integrado por cerca de 60 organizaciones sociales— presentó en septiembre de 2020 un recurso ante la Corte Constitucional de Colombia para que el organismo "elimine el delito de aborto del Código Penal por vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres y del personal de salud".
Ante la dificultad de que un proyecto de ley de legalización del aborto prospere en el Congreso, las organizaciones consideran que la eliminación del delito de aborto "es una solución para eliminar de raíz las barreras que, en la práctica, siguen enfrentando las mujeres que necesitan acceder a él".
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La Corte admitió la demanda el 16 de diciembre de 2020, lo que fue tomado por las organizaciones como una señal de que, al menos, el debate está sobre la mesa. La Corte Constitucional es el organismo que, en 2006, determinó que el aborto no constituye delito cuando el embarazo supone un riesgo para la mujer, existe malformación del feto o el embarazo es producto de una violación.
En el Congreso, sin embargo, el ánimo parece ser otro. En noviembre, las senadoras Esperanza Andrade y Adriana Matiz, ambas del Partido Conservador, presentaron un proyecto de ley que apunta a establecer que "la vida comienza desde el momento de la concepción", con la intención de evitar que la Corte Constitucional pueda habilitar el pedido del movimiento Causa Justa.
  • Ecuador
  • Ecuador
Por un camino similar optaron las organizaciones feministas de Ecuador. El 10 de noviembre de 2020 un colectivo integrado por varias organizaciones se presentaron ante la Corte Constitucional de Ecuador para reclamar que se elimine la pena para las mujeres que abortan tras ser violadas. Actualmente, en el país solo se habilita el aborto por violación cuando, además de haber sido abusada, la mujer padece algún tipo de discapacidad.
Las mujeres ecuatorianas debieron apelar al camino constitucional luego de que un proyecto para despenalizar el aborto tras una violación fuera rechazado por la Asamblea Nacional, el órgano legislativo de Ecuador.
En Perú, el aborto es directamente ilegal, salvo en los casos en que la vida de la mujer esté en peligro. En ese marco, el debate por la despenalización del aborto por cualquier causal parece incluso más lejos. En 2014 fracasó en el Congreso un proyecto que buscaba no penar a las mujeres que abortaran luego de ser violadas.
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Con una profunda crisis política en el país, en 2020 volvió a sugir una iniciativa, presentada por la entonces ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, para despenalizar el aborto de mujeres menores de 14 años que hubieran sido violadas. El texto fue cuestionado por sectores conservadores y, tras la destitución del presidente Martín Vizcarra, no fue retomado en el nuevo Congreso.
Neyra, en su cuenta de Twitter y ya fuera del Gabinete, celebró la legalización del aborto en Argentina, asegurando que la noticia "refuerza un camino por los derechos de las mujeres que debemos seguir aquí también en Perú". Junto a la imagen de un mapa de América Latina que identifica con el color verde a los países que habilitan el aborto, remarcó que "habrá que luchar para que pronto figuremos en verde en ese mapa".
  • Bolivia
  • Bolivia
Las mujeres bolivianas, por su parte, continúan su lucha contra lo que se conoce como la Ley de Banzer, un código penal redactado durante la dictadura militar de Hugo Banzer (1971-1978) y que penaliza el aborto salvo cuando haya riesgo para la salud o haya habido una situación de violencia sexual.
En 2014, una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), flexibilizó la normativa, permitiendo que las mujeres que fueron violadas no tuvieran que recurrir a lentos procesos judiciales y pudieran  iniciar el procedimiento solo con una denuncia policial. Sin embargo, las organizaciones sociales aseguran que esa sentencia no se cumple.
El rechazo a la despenalización del aborto sigue siendo tan grande en algunos países de Sudamérica que llega a extremos curiosos. En Paraguay, la ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez, fue interpelada en el Parlamento por legisladores de su propio partido —el Partido Colorado— luego de haber presentado un Plan Nacional de la Niñez y la Adolescencia.
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Según los sectores más conservadores del partido oficialista —e integrantes de lo que se denomina Bancada Provida—, el plan de la ministra estaba influido por la "ideología de género" y fomentaba el aborto. La ministra debió comparecer ante el Senado el 15 de diciembre de 2020 para explicar su postura y aclarar que, como integrante del Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, está a favor de "la defensa de la vida y protección de la familia".
La posibilidad de que una iniciativa legislativa para despenalizar el aborto prospere en el Poder Legislativo parece difícil, dado que el Senado y la Cámara de Diputados se autoproclamaron "provida y profamilia" durante los años 2019 y 2018, respectivamente.
En Brasil, cuyo presidente, Jair Bolsonaro, se ha declarado radicalmente en contra de la despenalización del aborto en varias oportunidades, el sistema político parece más inclinado a restringir más aún el derecho de las mujeres que a seguir el camino argentino.
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En septiembre de 2020, un relevamiento realizado por el portal de noticias Uol daba cuenta de que durante el año el Congreso había recibido un 82% más de proyectos de ley sobre el aborto que durante el año anterior.
De las 22 iniciativas presentadas hasta septiembre de 2020, 16 buscaban restringir el derecho al aborto, actualmente reservado únicamente para casos de peligro de muerte de la mujer, malformaciones o embarazo por violación.
Varios de los proyectos buscan extender al feto los derechos previstos por la Constitución para los niños nacidos, lo que podría impedir el aborto incluso ante las causales que actualmente se permite. Otras iniciativas, en tanto, buscan llevar de tres a seis años la pena de prisión prevista para las mujeres que recurren a un aborto.
El Congreso chileno aprobó en 2017 una ley que despenalizó el aborto en casos de inviabilidad del feto, riesgo de vida de la mujer o violación.
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En agosto de 2018, un proyecto elaborado por la organización Corporación Humanas fue presentado en el Congreso por varias diputadas de la oposición al presidente Sebastián Piñera, cuyo Gobierno se declaró contrario desde un primer momento. 
El texto no llegó a ser tratado y, tras el inicio del proceso constituyente surgido de la crisis política en el país sudamericano, las organizaciones confían en que una nueva Constitución puede acercar a las mujeres a conquistar ese derecho.
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