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El Gobierno boliviano anuncia convenio con CIDH para investigar masacres de 2019

© AP Photo / Natacha PisarenkoLos partidarios de Evo Morales en Senkata en noviembre de 2019
Los partidarios de Evo Morales en Senkata en noviembre de 2019 - Sputnik Mundo
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LA PAZ (Sputnik) — Bolivia firmará la próxima semana un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que haga una investigación total e independiente de las masacres ocurridas durante la crisis política de 2019, anunció el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
"El día lunes 23 vamos a firmar un protocolo, el Gobierno con la CIDH, para que se investigue de manera imparcial todo lo que ha ocurrido en Senkata, Sacaba, Pedregal y en toda Bolivia”, dijo Del Castillo a familiares de las víctimas de la represión policial-militar ocurrida en noviembre del año pasado.

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El anuncio fue realizado durante la conmemoración del primer aniversario de la muerte de al menos diez civiles a manos de militares y policías que reprimieron una protesta en Senkata, barrio de El Alto (oeste), contra el derrocamiento de Evo Morales (2006-2019), en una operación que dejó además un centenar de heridos y varios detenidos.

Al acto, desarrollado en el mismo lugar de la masacre, y durante el cual un sacerdote católico ofició una "misa de campaña", asistieron centenares de vecinos, incluidos familiares de las víctimas, autoridades, activistas de derechos humanos y representantes de la Organización de las Naciones Unidas.

Varias masacres

Las masacres atribuidas a la fuerza pública tras la autoproclamación de la presidenta transitoria Jeanine Áñez (2019-2020), ocurridas en Senkata, Sacaba (Cochabamba, centro), Pedregal (La Paz) y otros distritos, dejaron por lo menos 27 fallecidos, según una investigación del Parlamento.

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Otras diez personas murieron en incidentes entre civiles, inmediatamente antes y después de la caída de Morales, señala también ese informe.

Del Castillo remarcó el carácter independiente de la investigación de la CIDH, cuya misión de expertos internacionales comenzará el venidero 23 de noviembre un trabajo que duraría seis meses.

El ministro aseguró que el Gobierno dará "todas las facilidades necesarias" para que la CIDH investigue no solo las masacres mayores sino todos los hechos de violencia, y en especial las muertes, que ocurrieron durante la crisis que vivió Bolivia tras las elecciones anuladas de 2019.

"Se buscará justicia para todos los caídos, (…) ellos [CIDH] van a realizar una investigación de manera imparcial que seguramente la justicia boliviana va a tomar en cuenta para identificar a los autores intelectuales y materiales", dijo Del Castillo.

La oposición conservadora ha denunciado insistentemente en los últimos días un supuesto afán del gobierno socialista de Luis Arce de concentrar la atención en las masacres atribuidas al Ejecutivo transitorio, con el objetivo de sumar evidencias para un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Áñez.

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Ese juicio político ha sido recomendado a principios de mes por el parlamento, mediante una resolución que dejó en manos de la fiscalía un voluminoso informe sobre la violencia de 2019, que recoge una investigación de siete meses de una comisión legislativa multipartidaria.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, lamentó este 19 de noviembre que hasta ahora la fiscalía no haya abierto formalmente una investigación sobre las muertes políticas del año pasado, pese a que ya son de su conocimiento varias denuncias, un informe preliminar de la CIDH y la reciente investigación parlamentaria.

"A un año de la masacres (…) estos hechos se mantienen impunes porque el Ministerio Público hasta la fecha no ha hecho nada porque las investigaciones avancen", dijo Cruz en una declaración publicada por su oficina en la cuenta oficial de Twitter.

​Añadió que esta conducta de la fiscalía "no ha permitido a las víctimas acceder a la justicia y ha permitido que se mantenga esta impunidad tras un año de lo ocurrido".

El presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, dijo en la misma red social que las familias de las víctimas de las masacres esperaban que la CIDH trabaje "libre de limitaciones y presiones" del Gobierno o de la oposición.

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