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Fiscal general boliviano logra protección de la CIDH ante acoso político

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LA PAZ (Sputnik) — El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, anunció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió su solicitud de protección, para él y su familia, ante el acoso de grupos cívicos y activistas de derecha que exigen su renuncia.
"Mi persona ha acudido ante la CIDH y ha solicitado una medida cautelar, referida a la seguridad, a la integridad personal de mi persona, de mi familia (…), esta medida cautelar ha sido admitida por la CIDH y va a ser puesta en conocimiento de las autoridades nacionales para su cumplimiento", dijo.

Lanchipa dio la información en una conferencia de prensa en la que aseguró que no renunciará al cargo para el que fue designado en 2018 por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), según reportó la red radial Erbol.

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Indicó que la protección concedida por la CIDH abarcaba también al libre ejercicio de su función como jefe del Ministerio Público.

Un juez otorgó la semana pasada amparo a Lanchipa y lo declaró "perseguido político" al fallar sobre un recurso del fiscal contra una denuncia de corrupción presentada por un ciudadano, a la que se había sumado el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

El mismo juez anunció que el caso sería puesto en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero esto no frenó las presiones del Comité Cívico de Santa Cruz y otros grupos de derecha que acusan al fiscal de favorecer al expresidente Evo Morales (2006-2019), dejando estancados varios procesos.

"Nosotros respetamos la libertad de expresión, pero no compartimos sus métodos, quieren crear violencia, los cívicos tienen un afán político y desconocen la ley", afirmó Lanchipa sobre las protestas de sus críticos frente a su oficina en la ciudad sureña de Sucre.

Entre las investigaciones que realiza la Fiscalía a cargo de Lanchipa destacan varias por presuntos delitos de Morales, denunciados por el Gobierno de Áñez, y otras de supuesta corrupción de las actuales autoridades en contratos relacionados con el combate a la pandemia de COVID-19.

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