En su decisión, publicada este 23 de julio, el juez no valora los hechos y se limita a decir: "Que se abra vista a la Procuradoría General de la República para manifestación" y a partir de ahora, el fiscal general, Augusto Aras, deberá decidir.
La petición, presentada por la diputada comunista Perpétua Almeida, afirmaba que hay fuertes indicios de que la familia Bolsonaro y sus aliados cometieron delitos de calumnia, difamación, injuria y amenaza contra el Tribunal Supremo Federal y sus jueces, además de agresiones y amenazas contra el poder legislativo.
La red social encontró conexiones con trabajadores de los gabinetes de los hijos del presidente y sus hijos, así como de diputados del ultraderechista Partido Social Liberal (PSL), el expartido de Bolsonaro, en Río de Janeiro.
Una de estas páginas, 'Bolsonaro news', por ejemplo, estaba registrada con el correo electrónico de Tercio Tomaz, que fue asesor del concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro y ahora es asesor especial del propio presidente, con despacho en el Palacio del Planalto, la sede del Gobierno.
La parlamentaria que presentó la petición ante la Justicia quiere que estos nuevos hechos se añadan a la investigación que ya está abierta en el Supremo sobre difusión de fake news y amenazas contra el poder judicial que ya tiene a los Bolsonaro en el punto de mira.
