Por lo tanto, el régimen jurídico que ya prevalece en otras regiones rusas se extendió a Crimea.
Según el decreto de Putin, se prohíbe a los ciudadanos extranjeros poseer tierras en todas las áreas de Crimea, excepto en tres, que no limitan con Ucrania y no tienen acceso al mar Negro. Además, ahora los ciudadanos extranjeros y los apátridas tienen prohibido poseer tierras en la ciudad de Kaliningrado y en 17 municipios de la región de Kaliningrado, así como en 23 municipios de la región de Astracán.
El abogado de Crimea, especialista en derecho de tierras, Teifuk Gafárov, comentó al diario ruso Kommersant que los extranjeros ahora están obligados a vender o volver a registrar sus terrenos a afiliados dentro de un año. Después de este periodo, las autoridades locales obtienen el derecho a confiscar tierras acudiendo a los tribunales, reembolsando a los propietarios el costo de estas tierras. Gafárov enfatizó que el decreto no se aplica a los crimeos que registraron la propiedad de la tierra bajo la ley rusa como ciudadanos de Rusia.