Galperin, quien además es el representante de Rusia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, comentó que el recurso de casación tiene que interponerse antes del 18 de mayo en virtud de la legislación de los Países Bajos.
"Pienso que la apelación será presentada para esa fecha", dijo ante la pregunta sobre los plazos para interponer el recurso de casación.
A su vez, el ministro de Justicia ruso, Konstantín Chuichenko, declaró antes que Rusia recurrirá "sin falta" el fallo de la Corte de Apelaciones de La Haya.
El caso se remonta a una revisión fiscal llevada a cabo en 2003, cuando los directivos de la petrolera fueron acusados de elaborar un esquema de evasión fiscal utilizando empresas ficticias registradas en paraísos fiscales.
El 2 de julio de ese año fue detenido el jefe del grupo Menatep (matriz de Hulley Enterprises Ltd. y Yukos Universal Ltd.), Platón Lébedev; y el 25 de octubre, el presidente de Yukos, Mijaíl Jodorkovski. Ambos fueron condenados a cárcel por dos casos penales, pero hoy ya están en libertad: el primero desde enero de 2014 y el segundo, desde diciembre de 2013.
A finales de octubre de 2003 fueron embargadas las acciones simples de Hulley Enterprises Ltd. y Yukos Universal Ltd.
Yukos debía pagar reclamaciones fiscales por un valor superior a los 700.000 millones de rublos (unos 23.200 millones de dólares según el tipo de cambio de aquel entonces).
Los exaccionistas de Yukos afirmaron que Rusia expropió sus bienes y violó sus derechos como inversores extranjeros lo que, según afirmaron, era una violación al Tratado de la Carta de la Energía.
La Carta establece que las partes tienen tres meses para encontrar una solución negociada a su litigio. Si no lo consiguen, cualquiera de las partes puede remitir el litigio a un tribunal arbitral 'ad hoc' (creado para resolver una disputa concreta).
Rusia aceptó aplicar provisionalmente el Tratado en la medida en que no contradijera la Constitución y las leyes nacionales, pero en agosto de 2009 renunció a su ratificación.
El 18 de octubre de 2009 fue el último día de la aplicación provisional del Tratado de la Carta de la Energía. Por lo tanto, Rusia declaró que no está sujeta a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de La Haya en los casos en que se alude a ese documento.
Sin embargo, el 20 de abril de 2016, el Tribunal Distrital de La Haya reconoció que el arbitraje de La Haya no era lo suficientemente competente y señaló que era improcedente implicar a Rusia en semejantes litigios si el país no ratificó el Tratado de la Carta de la Energía. La corte también ordenó entonces pagarle a Moscú los gastos procesales originados por el examen de las demandas.
El 18 de febrero de 2020, la Corte de Apelaciones refutó los argumentos del Tribunal Distrital, afirmando que "Rusia tenía la obligación de hacer cumplir el Tratado a menos que infringiera la legislación rusa".
