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Absuelven en Perú a comuneros en un fallo que revela criminalización de la protesta

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LIMA (Sputnik) — El Poder Judicial de Perú absolvió a 19 comuneros de la localidad de Cotabambas (sur), opuestos a las operaciones del yacimiento minero Las Bambas, en una sentencia que evidencia el ánimo del Gobierno por criminalizar la protesta social, dijo a Sputnik el abogado defensor David Velasco.

"En vez de garantizar el derecho a la legítima protesta, el Estado lo criminaliza, volviéndose un agente represor (...) Esta sentencia muestra que el Estado busca atentar contra los derechos de los pobladores, queriendo criminalizarlos en beneficio de las grandes empresas", afirmó Velasco, miembro de la Fundación Ecuménica Para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), organización que asumió la defensa de los acusados.

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El yacimiento cuprífero Las Bambas es operado por la empresa china MMG.

En 2015, relata Velasco, MMG realizó cambios en el Estudio de Impacto Ambiental sin consultar, como es debido legalmente, a la comunidad de la localidad vecina de Cotabambas.

Esto generó la protesta de miembros de la comunidad.

El abogado indicó que, en un inicio, fue la minera la que emprendió acciones penales contra 19 cotabambinos, luego la denuncia "fue hecha propia por la Fiscalía", la cual exigió penas de hasta 17 años de cárcel contra algunos de los acusados.

"A los defensores ambientales se les acusaba por tenencia ilegal de armas, posesión de explosivos, entorpecimiento de las vías de comunicación, daño agravado y delito de disturbios", señala Velasco.

Sin embargo, el Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas absolvió a los comuneros argumentando que "no existen pruebas suficientes y que la Fiscalía no cumplió con establecer cuáles serían las conductas penales para cada persona".

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Además, hizo un llamado a usar el derecho penal como "última alternativa para resolver conflictos sociales", pues existen otras vías menos complejas para atenderlos.

Para el abogado, el caso es un intento fallido del Estado por subyugar los derechos de las poblaciones cercanas a los intereses de las grandes empresas extractivas.

“Hay una posición política del Estado que es la aplicación de un modelo económico neoliberal que, entre muchas cosas, permite la explotación de los recursos naturales sin ningún tipo de fiscalización a las empresas; ante esta situación se vulneran derechos fundamentales en comunidades que están alrededor de estos recursos”, dice Velasco al respecto.

Asimismo, denunció que detrás de los procesos penales contra los defensores ambientales, existe la intención de dilatar las acciones de defensa de las comunidades.

En este caso, el proceso penal duró cinco años, tiempo que “ha ganado MMG” para continuar con sus actividades, agregó.

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